El presidente de la República dice querer la ley secundaria en materia de revocación de mandato, tanto que ha apurado a sus legisladores para que la saquen cuanto antes.
Hasta el momento, la única normatividad que existe al respecto y cuya ley secundaria no puede ni debe contravenir se encuentra en el artículo 35, fracción novena, de la Constitución que establece que la forma de accionar esta consulta es a través de la solicitud de cuando menos 2 millones 720 mil 459 ciudadanos inscritos en la lista nominal, es decir, casi la mitad de quienes participaron en la consulta del pasado 6 de agosto, pero provenientes de 17 diferentes entidades federativas, siendo exactamente el número de entidades en las que Morena será gobierno.
Acto seguido, el Instituto Nacional Electoral (INE), con el apoyo de los organismos públicos locales, tiene en exclusiva la atribución de verificar, organizar, publicitar, realizar, supervisar, contar y emitir el veredicto de la consulta de revocación de mandato, siendo la Sala Superior del Tribunal Electoral la única instancia ante la que se pueden impugnar los resultados y la que debe realizar el cómputo final de revocación o no de mandato.
Ante esta lógica operacional en las gradas surge la interrogante: ¿cómo pretende el presidente renovar “por completo” el INE y Tribunal Electoral al tiempo de encomendarles que organicen, califiquen y den el veredicto de su revocación de mandato?
Con fundamento en la normatividad constitucional aprobada por el Constituyente Permanente, el INE es el único que podrá difundir la consulta de revocación de mandato, exclusividad que también aplicó para la consulta pública del pasado 6 de agosto pero que Morena se pasó por el arco del triunfo y hoy es capaz sin vergüenza de pedir la destitución de los profesionales servidores públicos del INE que están señalando la compra ilegal de espacios para anunciar “el juicio a los expresidentes”. ¿Qué evitaría que se incurriera en la misma ilegalidad con la revocación-ratificación?
Los tiempos son importantes: la recolección de firmas ciudadanas para solicitar la revocación podría comenzar en noviembre y hasta antes del 15 de diciembre, fecha límite para la presentación de la petición formal y, de ser procedente, el INE emitiría la convocatoria los primeros días de enero de 2022, a fin de que en marzo se celebre la jornada de votación.
Se debe destacar que la votación de revocación no puede ni debe coincidir con la jornada electoral del 5 de junio de 2022 en seis entidades para renovar igual número de gubernaturas, 39 ayuntamientos y 25 diputados locales.
Durante ese tiempo ningún orden de gobierno ni órgano autónomo podría publicitar ninguna acción de gobierno y los reflectores estarían enfocados solo en el presidente mexicano, quien estaría cumpliendo 22 años de campaña ininterrumpida.
De alcanzar la participación de cuando menos 36 millones 272 mil 786 ciudadanos y que una mayoría de 18 millones 136 mil 394 vote a favor, el Tribunal Electoral ordenaría la revocación de mandato del presidente y en su lugar, con fundamento en el artículo 84 constitucional, asumiría provisionalmente el Poder Ejecutivo el presidente del Congreso, de ahí que el partido en el poder se haya empecinado en presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El siguiente paso consistiría en convocar al Congreso de la Unión a convertirse en cuerpo electoral para elegir por mayoría absoluta de sus miembros al presidente sustituto. Morena alcanza solo 264 legisladores federales, es decir, le faltarían 51 para alcanzar la mayoría absoluta y elegir al sucesor presidencial, para lo cual requeriría a los 44 del PT y siete de los 48 del PVEM. Es decir, Morena correría muchos riesgos y habría la posibilidad de que perdiera todo.
Con base en este breve recorrido constitucional sobre la forma en que operaría la revocación de mandato, es evidente que el propio presidente no la quiere realmente y solo la está utilizando para hacer campaña y distraer la atención de los verdaderos problemas nacionales.