La evaluación del desempeño en la función legislativa y la rendición de cuentas, cobran relevancia en una democracia representativa. Es por ello, que hace ocho años se aprobó la reelección hasta por doce años para las personas legisladoras, con la finalidad de alcanzar la profesionalización legislativa, aumentar la confianza y reducir la brecha entre los representantes y sus representados.
La Constitución Federal establece que la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
El “Chapulineo legislativo” donde las y los legisladores cambian de camiseta para lograr reelegirse por otro periodo, o para alcanzar mayorías o presidir los órganos de gobierno, impiden garantizar la efectividad de la reelección, “quedando solo en buenas intenciones”.
De acuerdo con el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria de la Cámara de Diputados, “entre octubre de 2018 y abril de 2021 se registraron 100 cambios de bancada”.[1]
“De un grupo parlamentario a otro, e incluso de regreso a sus bancadas originales, los diputados ‘chapulines’ impusieron récord en la
LXIV
Legislatura (2018-2021), duplicando prácticamente los 57 casos del trienio anterior (2015-2018) y multiplicando más de cuatro veces los 23 registrados en el periodo 2012-2015.
¿Pero qué pasa cuando se cambian de partido político utilizando la figura de la reelección?
Se vulnera el principio constitucional de rendición de cuentas a favor de las y los gobernados, así como su derecho al voto efectivo con relación al cumplimiento de las plataformas electorales que prometieron en campaña las candidaturas triunfadoras.
“El chapulineo”, contribuye al
aumento de la desconfianza que sienten los ciudadanos en sus instituciones (Congresos), disminuye la credibilidad en los Partidos Políticos, así como el nivel de
participación ciudadana al
desvanecerse el vínculo de identidad entre el elector y su representante.
Los tiempos se acercan y será antes de febrero del 2023, cuando las y los legisladores que pretendan reelegirse por otro partido político, deben renunciar a su militancia o al partido que lo postuló, para que tengan derecho a registrarse y ser reelectos por otro periodo legislativo.
Esperemos que en el marco de la discusión de la reforma Electoral Federal, los partidos políticos impulsen reformas que pongan freno a esta práctica de facto, porque las y los legisladores que deseen reelegirse deben demostrar a la ciudadanía, si hicieron buen trabajo, si lo han podido reflejar y si lo hacen por servir y no para servirse.
