Los algoritmos forman parte de nuestra vida cotidiana y llegaron para quedarse. La capacidad que tienen computadoras digitales, programas o robots para realizar tareas que contienen procesos intelectuales característicos de los humanos, se le ha denominado Inteligencia Artificial (IA).
La gran mayoría de los mexicanos hemos experimentado en la vida cotidiana procesos relacionados con la IA. La encontramos inmersa en el ámbito hacendario, en las finanzas y la banca, en el monitoreo de nuestra salud, al ejercer nuestro voto a través de las urnas electrónicas, en el ámbito administrativo, judicial, educativo, en los sistemas de seguridad, vehicular, de producción, movilidad, entre otros, las cuales en su mayoría aún son controlados y programados por personas.
Desde la reforma Constitucional de telecomunicaciones de 2013, México comenzó a implementar la IA. En el artículo 6°, párrafo tercero, se estableció la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
A partir de esa fecha, se han realizado importantes esfuerzos que han dado mayor consistencia al marco normativo regulatorio que rige el gobierno digital y que constituye el antecedente del Plan de Acción de la Estrategia Digital Nacional.
La Ley de Ciencia y Tecnología; de Protección de Datos Personales; de Propiedad Intelectual; la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, comúnmente llamada “Ley Fintech”, son ejemplos de normas que introducen formalmente la Inteligencia Artificial en México, y el pasado mes de abril de este año en el Senado se presentó la primera iniciativa de Ley, elaborada a partir de la IA.
Sin embargo, a pesar de que se han impulsado importantes normas para regular algunos sistemas o procesos inteligentes que han permitido agilizar y mejorar los servicios en el sector público y privado, lo cierto también es que la automatización comienza a producir profundos impactos en la vida de las personas relacionadas con el empleo, la vivienda, el comercio, la seguridad de la información, que de no regularse a la brevedad, provocarán un colapso en el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de los mexicanos.
Por ejemplo, hace unos días, IBM anunció que hará una pausa en la contratación de 7,800 puestos de trabajo, que podrían sustituir con inteligencia artificial. De los 26 mil puestos de trabajo que no están orientados a atender clientes, el 30 % de estos, podrían sustituirse con inteligencia artificial y automatizaciones, en los próximos cinco años.
A pesar de que desde inicios del 2023 IBM anunció recortes que afectarían a cinco mil trabajadores, la empresa ha aumentado su plantilla, pues en el primer trimestre ha contratado a cerca de siete mil personas, circunstancia que lo ha llevado al aumento de sus utilidades.
Sin duda existen riesgos e impactos negativos derivado de la implementación de la IA, por lo que es urgente y necesario adoptar estándares en la creación de la normatividad que la regule, con un enfoque de protección de los derechos humanos considerando los laborales, la atención prioritaria de los grupos más vulnerables y la seguridad de la información.
Quienes diseñen, desarrollen e implementen sistemas de IA deben desde ahora, garantizar que se eviten sesgos de etnia, género u otras características protegidas. Este aspecto resulta de especial relevancia en nuestro país por los niveles de desigualdad y discriminación.
El Congreso Federal deberá comenzar a generar un paquete de reformas para la regulación de la IA, que además otorgue mecanismos de defensa legal ante decisiones automatizadas que afecten los derechos humanos, así como la reparación del daño, en su caso.
