La Visitaduría General de la PGR tiene abierta una carpeta de investigación en contra de funcionarios de esa dependencia que ocultaron a las autoridades investigadoras como a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la existencia de una libreta de contactos de Sidronio Casarrubias, ex líder de la organización Guerreros Unidos, en la que se encontraban nombres y teléfonos de funcionarios federales estatales y municipales.
De acuerdo a fuentes del gabinete de Seguridad, la Visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) solo investiga a personal operativo como agentes del ministerio público, policías federales ministeriales y agentes de investigación criminal.
Casarrubias, señalado por las autoridades como el responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue detenido el 7 de octubre de 2014 por elementos federales.
En los contactos que contiene dicha libreta se identificó el nombre de Omar García Harfush, actual titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, quien ha sido cuestionado por los padres de los normalistas.
Las fuentes federales precisaron que aunque García Harfush era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero en aquel momento, no es investigado por dicha referencia debido a que cuando ocurrieron las desapariciones, se encontraba comisionado en Michoacán.
También se descubrieron más nombres de funcionarios públicos, a quienes se les investiga por alguna relación con Sidronio Casarrubias, señalaron.
De acuerdo con las líneas de investigación, el capo recolectó nombres y teléfonos de los jefes de corporaciones de seguridad de su zona de operación y aún no está establecido si realmente mantenía contacto con ellos.
Suspenden procedimiento contra Zerón y ocho más
En tanto, La secretaría de la Función Pública (SFP) no resolverá en breve el procedimiento contra Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la AIC, y ocho funcionarios más por las presuntas faltas administrativas en la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan.
El juez Martín Adolfo Santos Pérez, Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, suspendió por tiempo indefinido el procedimiento mediante el cual la Visitaduría General de la PGR dio vista al Órgano Interno de Control de la dependencia, para iniciar un expediente sobre el caso, concediendo la petición hecha por los padres de los estudiantes.
Las conductas que se revisan a 3 agentes del Ministerio Público federal, 3 peritos y 3 empleados de confianza son por el traslado de Agustín García Reyes, alias El Chereje, de las instalaciones de la SEIDO al Río Cocula, presuntamente sin contar con un oficio de salida y sin un asesor legal. (Con información de Reforma y MVS) EC