PGR inicia investigación interna por cajas de seguridad
Cancún, Quintana Roo 07 JULIO 2004.- Los trabajadores del ayuntamiento de Benito Juárez se encuentran en huelga y exigen el pago de más 9 millones de pesos de la caja de ahorro para cubrir servicios básicos. FOTO: Amaranta Prieto/CUARTOSCURO.COM
El titular de la Seido, Alonso Lira Salas, y varios subalternos corrían el riesgo de ser separados de sus cargos
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La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación interna para determinar las posibles violaciones o irregularidades en las que su personal pudo haber incurrido tras el aseguramiento de mil 540 cajas de seguridad de la empresa First National Security en Cancún.
En lo que fue un hecho sin precedentes por el número de cajas de seguridad incautadas y abiertas por personal de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), y hasta después de seis semanas de que se iniciara este procedimiento y fueran presentados 501 amparos, Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, se vio obligado a viajar a la ciudad quintanarroense para disculpase con los clientes con “un modo honesto de vivir” y que se han visto afectados, además de anunciar que se incrementará el número de personal para acelerar la devolución de bienes que hasta ahora suman 292.
“Para todos los clientes de las cajas de seguridad que tienen un modo honesto de vivir y que esto les ha causado inconvenientes, nuestra más sincera disculpa. En estos casos, vamos a agilizar la entrega de sus bienes, sin pedir requisitos innecesarios. Esas han sido las instrucciones que he girado a la SEIDO. Además, por lo menos duplicaremos el personal para atender a los titulares de cajas de seguridad y bajo ninguna circunstancia tendrán que viajar a la Ciudad de México para reclamar el contenido de las cajas”, se comprometió Elías Beltrán.
En conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) por ministerio de ley consideró que se trata de un “asunto atípico”, que implicó medidas extraordinarias en su atención, por lo que giró instrucciones para que Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en coordinación con la encargada de la Visitaduría General de la dependencia, Adriana Campos López, sean las encargadas de realizar las inspecciones sobre las actuaciones de los funcionarios que han intervenido en las diligencias tanto del aseguramiento como de la entrega de las cajas de seguridad.
Esta declaración a medios de comunicación se dio apenas unas horas después de que el juzgado séptimo de Distrito en el estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, apercibiera a la PGR, que al incumplir nuevamente con la diligencia que ordenaba se le impondría una multa de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y “se levantará el acta respectiva y de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior con apoyo en el artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo”.
A pesar de que la resolución del juez, que tiene a su cargo 501 amparos, plantea claramente que la primera diligencia que ordenó días atrás no se pudo cumplimentar porque los funcionarios de la PGR en el lugar se negaron a recibir los oficios y permitir el acceso a los actuarios de la oficina jurisdiccional, Elías Beltrán sostuvo que “hay un error, la PGR en ningún momento ha impedido ninguna diligencia, hemos estado en comunicación con personal del poder Judicial para realizar diversas prácticas como son inspección ocular, lo único es que se indique la fecha y la hora, lo cual tengo entendido, será la próxima semana”. Sin embargo, el funcionario no estaba bien informado, porque la fecha para desahogar la diligencia se planteó para el 18 de diciembre próximo, es decir, en tres semanas.
La PGR no sólo enfrentaba los juicios de amparo que podrían haberle costado a varios de sus funcionarios la separación del cargo y hasta un juicio político al encargado del despacho; así como, demandas civiles por la responsabilidad patrimonial del Estado, sino que los consulados de ocho países ya habían acudido en apoyo de sus connacionales, tal fue el caso de Italia, Holanda, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Austria y Rusia, ante las posibles afectaciones que pudieran generarse ante las acciones de la PGR.
Sí hay delitos
Sin precisar muchos datos, el procurador por ministerio de ley aseguró que, de las mil 500 cajas de seguridad, en más de la mitad no se ha reclamado el contenido de las mismas, con lo que sugirió que se trata de personas que posiblemente se ubiquen al margen de la ley.
Sin embargo, ejecentral platicó con varios de los afectados y los representantes legales de la empresa, quienes comentaron que en muchos casos las cajas de seguridad son utilizadas por extranjeros que viajan por diferentes países o visitan la Riviera Maya en determinados meses del año, por lo que un número indeterminado de usuarios podrían comenzar su trámite de devolución hasta dentro de unas semanas o meses.
El dato. Los consulados de Italia, Holanda, Francia, Alemania, Canadá, Autria, Rusia y EU solicitaron explicaciones a la PGR para proteger a sus connacionales.
Elías Beltrán justificó que a partir del aseguramiento fue posible contar con la certeza de que el crimen organizado utilizaba dichas cajas para resguardar información, depositar recursos en efectivo, así como tarjetas para clonación, listas de propiedades y hasta armas de fuego.
También se asentó en la carpeta de investigación de la SEIDO, de acuerdo a fuentes consultadas por este semanario, que aparentemente se habían encontrado bienes propiedad de personas vinculadas con el exgobernador Roberto Borge, a quien se investiga por lavado de dinero. En agosto de este año, cuando fue detenida Leticia “N”, Doña Lety, acusada por la PGR de extorsión, tráfico de drogas y personas, se le encontraron dos llaves de unas cajas de seguridad, después de interrogar a dos de sus colaboradores, uno de ellos confesó en qué lugar se localizaban esas cajas.
En octubre, la SEIDO llegó a la empresa First National Security y aseguró todas las cajas, pese a que la orden de cateo sólo le permitía ingresar al lugar, pero no incautar esas cajas y mucho menos abrirlas.
El juzgado séptimo ordenó a los funcionarios de la Subprocuraduría no trasladar los bienes y desestimó la orden de cateo que usó la dependencia y le pidió presentar los informes.
desde el aseguramiento, la pgr tuvo la certeza de que el crimen organizado usaba las cajas para depositar efectivo, tarjetas para clonación y hasta armas de fuego.