A dos semanas de que se cumplan seis años de su detención, ocurrida el 9 de abril de 2017 en Italia, Tomás Yarrington Ruvalcaba recibió sentencia en Estados Unidos, cuya justicia se adelantó a la mexicana y logró la extradición desde el viejo continente. Hoy, tras casi cinco años en el país vecino, el exgobernador de Tamaulipas fue condenado por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero.
Fueron nueve años los que el juez Rolando Olvera y no los 20 que amerita la pena máxima por el delito del cual se declaró culpable el 25 de marzo de 2021. Fue la negociación con el Departamento de Justicia la que le permitió no solo reducir su condena, sino también que se desestimaran otros cargos en su contra, como robo, fraude, asociación delictuosa y vínculos con el crimen organizado.
Hay que recordar que fue en 2013 que la justicia estadounidense, a través de una corte federal en Brownsville, Texas, dio a conocer la acusación formal en contra el priista. Y justo el cargo por narcotráfico (por relaciones ilícitas, principalmente con el Cártel del Golfo) fue el que más llamó la atención. Porque, de acuerdo con las investigaciones en las que participaron agencias como el FBI, la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el exgobernador tenía vínculos con el crimen organizado desde 1998, un año antes de iniciar su mandato en Tamaulipas.
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Al tratarse de un estado fronterizo, la lupa siguió a Tomás Yarrington desde el primer indicio de posibles delitos, los cuales se confirmaron con las indagatorias, las cuales dejaron al descubierto una red de tráfico de droga, entrega de contratos y licitaciones a empresas propiedad de su socio Alejandro Cano Martínez; así como fraude a bancos de Estados Unidos.
Se acusó al exgobernador de beneficiar a la empresa constructora Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., a cambio de sobornos millonarios por parte de quien se convertiría en su cómplice, con quien desde 1998 adquirió “activos valiosos”, entre los que se encontraban cuentas bancarias, residencias, aviones, vehículos y bienes raíces, en territorio estadounidense. Esto a través de engaños a las instituciones financieras de ese país.
Tras negociar con las autoridades del país vecino, el cargo por lavado de dinero fue aceptado por Yarrington y ahora, a dos años de distancia del acuerdo cuyo beneficio para el Departamento de Justicia sigue sin conocerse, el priista se ha sumado a la lista de exgobernadores mexicanos que son condenados a prisión.
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