Remover de su cargo público a los diputados federales, Senadores y Presidentes de la República, en caso de que se acrediten que usaron recursos ilegales para financiar su campaña electoral, propuso la morenista Laura Imelda Pérez Segura.
La iniciativa de reforma y adiciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, de la Ley de la Fiscalía General de la República y del Código Penal Federal que fue presentada por la diputada federal va dirigida a su homólogo Alejandro Moreno Cárdenas.
“Un ejemplo claro son las múltiples actividades ilegales por las que se está investigando a Alejandro ‘Alito’ Moreno, entre las que destacan la red para triangular dinero en bienes inmuebles, el castillo en el que vivía mientras residió en Campeche, el contubernio con una constructora a la que le adjudicaron más de 100 millones de pesos, el presunto desfalco al erario público de Campeche”, acusó la legisladora.
“Los audios en los que habla de pagos de millones de dólares, entre otras investigaciones que podrían haber generado ventaja a ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en un puesto de elección popular por el partido que dirige”, prosiguió.
La propuesta legislativa plantea la posibilidad de anular la elección de la persona que ocupa el cargo público mediante resolución o sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando se acredite que cualquier integrante de la fórmula ganadora fue beneficiado directa o indirectamente por hechos de corrupción realizados por sí mismos o por cualquier persona que integre su equipo de trabajo.
La iniciativa también tiene un alcance de cambio en el Código Penal Federal, se plantea que se impongan penas de inhabilitación de 1 a 5 años en el cargo público de elección popular o, incluso, su destitución, “tratándose de actos vinculados a hechos de corrupción, la inhabilitación podrá ser de forma permanente”.
En la propuesta de modificación al Artículo 406, se describe: “se impondrán de 100 a 200 días de multa y prisión de 1 a 6 años al funcionario o candidato que obtenga y otorgue en su calidad de funcionario partidista, fondos provenientes de actividades ilícitas para la campaña electoral de candidatos y candidatas de su partido político”.