La decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre declarar como inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila, que castigaban hasta con tres años de prisión el aborto voluntario, abrió una puerta a nivel nacional para garantizar este derecho; sin embargo, aún existen muchas dudas sobre el alcance de esta resolución y su comportamiento en los estados.
Asociaciones civiles en pro de los derechos reproductivos señalaron en diversos documentos y comunicados, que lo más importante de esta resolución es que al obtener 10 votos se estableció jurisprudencia federal, es decir, que todos los artículos penales que castiguen en el aborto voluntario en el país son automáticamente inconstitucionales.
Sin embargo, que los artículos sean inconstitucionales no significa que el aborto voluntario no sea perseguido en esos estados, por lo que las mujeres o personas con capacidad de gestar que sean acusadas de este delito tendrán que promover un amparo que deberá ser otorgado por cualquier juez local o federal bajo los mismos principios que decidió la SCJN.
Las personas que han sido encarceladas por practicar el aborto voluntario en Coahuila deberán ser puestas en libertad inmediatamente, mientras que aquellas que fueron condenadas por esta causa en otros estados podrán interponer un amparo que cite la resolución de la SCJN, lo que obliga a los juzgadores a levantar la pena de prisión.
Datos de diferentes asociaciones estiman que alrededor de 700 personas, entre mujeres y personal de salud, han sido encarceladas en México por el delito de aborto en sus diferentes modalidades, mientras que el turismo médico para realizar este procedimiento ha incrementado hasta un 75% durante los últimos cinco años, lo que demuestra la urgencia de legislar este tema a nivel nacional.
Es importante destacar que la resolución de la SCJN no obliga a las legislaciones locales a cambiar sus códigos penales; además, mantiene una serie de requisitos, como el tiempo para realizar un aborto o el carácter voluntario del mismo, que deben cumplirse para que una persona no pueda ser castigada por esta práctica.