Hagamos memoria. El sistema electoral mexicano y su árbitro autónomo son una conquista ciudadana construida, impulsada y respaldada por el PRI y las fuerzas políticas que creyeron en la transición democrática. Desde la creación del IFE en 1990 y su emancipación total del Ejecutivo en 1996, cada reforma política respondió a la exigencia de ofrecer legalidad en la contienda y garantizar un piso parejo. Hoy, esa arquitectura institucional que costó décadas consolidar sufre una embestida sistemática, calculada y ruin desde el gobierno de Morena.
Incluso en las horas más complejas de nuestra historia electoral, como la polarizada elección presidencial de 2006, la institución demostró una inquebrantable vocación democrática. Ante un margen extremadamente cerrado, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no escatimaron mecanismos legales: abrieron paquetes, cotejaron actas y agotaron cada recurso técnico para blindar el resultado y preservar la estabilidad de la República, probando que cuando existe verdadera autonomía, el árbitro responde al rigor de la ley y no a consignas de partido.
Ese estándar de independencia se desmoronó con la irrupción de Morena en el Congreso de la Unión. Desde el primer día, el régimen emprendió una estrategia deliberada de estrangulamiento institucional: recortes presupuestales punitivos para mermar su operación, acoso a los perfiles profesionales de carrera y la imposición de cuotas y cuates en áreas estratégicas. Su objetivo siempre fue cooptarlo para convertir al órgano electoral en una oficialía de partes del régimen más cínico y corrupto de la historia de México.
La consecuencia directa de esta voracidad autoritaria está a la vista de todos. Hoy, tenemos una institución gravemente descompuesta, atrapada en una crisis de confianza y credibilidad producto del escándalo de corrupción protagonizado, ni más ni menos, que por la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, su entorno familiar y un grupo de funcionarios del INE que, al mismo tiempo, fungían como contratistas de la institución.
El colmo del cinismo quedó expuesto con el intento desesperado de Morena por deslindarse de Guadalupe Taddei tras su estrepitosa caída, pero no olvidamos que López Obrador se desvivió en loas hacia su persona y que Sheinbaum hablaba de que la austeridad por fin había llegado al INE. Su nombramiento no fue producto del azar, sino el resultado de un proceso operado por un comité técnico alineado con Morena y cabildeado por los operadores del régimen, como Alfonso Durazo. Pretender hoy lavarse las manos frente a una pieza que ellos mismos pusieron raya en la desvergüenza. ¡Nadie les cree! La descomposición del árbitro electoral lleva el sello de Morena.
Frente a esta putrefacción institucional, la ruta es clara e inaplazable: se necesita una profunda refundación del órgano electoral. Urge sacudirse la injerencia facciosa, blindar la autonomía técnica de sus decisiones y reinstaurar los principios fundamentales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad bajo los cuales fue concebido originalmente.
México no merece un árbitro arrodillado al poder ni una fachada democrática que sirva para legitimar eso que el expresidente Ernesto Zedillo ha calificado atinadamente como una “autocracia electoral”. Por ello, recuperar la independencia del órgano electoral es un imperativo nacional y urgente para rescatar nuestro Estado de derecho y garantizar que el rumbo de la nación lo decida única y exclusivamente la voluntad libre de la ciudadanía.
