Ahora nos espían

Revisemos algunos datos sobre la crisis de seguridad, violencia e impunidad que enfrenta nuestro país: La Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), estimó para 2015 una tasa de incidencia delictiva de 35 mil 497 por cada 100 mil habitantes, que se tradujo en 23.3 millones de víctimas del delito mayores de 18 años y una tasa de hasta 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes. A lo cual se debe añadir que se calcula que en 2016 ocurrieron cerca de 25 mil homicidios, para una tasa aproximada de 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y que enero de 2017 se caracterizó como uno de los inicios de año más violentos desde 1997. En cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto han asesinado a 37 periodistas y, de acuerdo a Article 19, y han muerto 106 desde el 2000 por actividades relacionadas con su actividad periodística. El World Justice Project nos ubica en el lugar 88 entre 113 países estudiados en el Índice de Estado de Derecho y en la posición 24 de 30 en comparación al resto de países latinoamericanos. El desempeño de los sistemas de justicia y seguridad, junto con niveles altos de violaciones a los derechos humanos, coloca a México en el lugar 58 entre 59 países analizados en el Índice Global de Impunidad, sólo por delante de Filipinas. Mientras que en el Índice de Estados Fracasados, estamos en la posición 88 entre 178 países (más cerca de 1 es peor) y con una tendencia a empeorar en comparación a 2016. Freedom House nos califica como una nación parcialmente libre, con una nota de 65 sobre 100, lo que significa que el respeto a libertades y derechos humanos se encuentra por debajo de países como Argentina, Brasil, Chile, Perú o Uruguay. Finalmente, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional nos manda hasta el lugar 123. Sobran las palabras. En medio de este panorama, cifras que resumen el horror de la violencia y la inseguridad cotidiana, nuestras autoridades han decidido que es prioritario usar un software especializado, cuyo objeto es combatir actividades terroristas y crimen organizado, adquirido con recursos públicos, para espiar las actividades de periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e, incluso a eso llega el nivel de infamia, a sus familias. Como han señalado diversos líderes sociales, el Estado que tiene la obligación de garantizar seguridad y justicia, pero que no puede ni quiere hacerlo, ha decidido convertir en enemigos a sus ciudadanos. El círculo vicioso de la impunidad se ensaña con las víctimas del delito y con quienes defienden sus derechos ante la incompetencia de las autoridades. La señal es clara y sería un error catastrófico ignorarla. Los ciudadanos estamos atrapados entre la violencia de las organizaciones criminales y la irresponsabilidad de nuestras autoridades. Avanzamos a pasos acelerados en un proceso de deterioro institucional, ilegalidad normalizada y corrupción ejercida abierta y cínicamente. Nuestra democracia está en peligro y las autoridades no tienen interés en su defensa, pesan demasiado los pactos de impunidad. ¿Entenderá la oposición finalmente su responsabilidad ante la crisis política nacional o seguirá atrapada en sus propios procesos autodestructivos y en la mezquindad de sus agendas electorales?