La oficina del representante para el Comercio de la Casa Blanca ha dado a conocer esta semana sus objetivos para la renegociación del TLCAN. El texto abarca diferentes tipos de bienes, trabajo, energía, medio ambiente, propiedad intelectual, política regulatoria, además de una revisión a los mecanismos para la solución de controversias, la definición de excepciones generales para proteger objetivos nacionales de Estados Unidos y reglas para evitar la manipulación de tipos de cambio que puedan traducirse en ventaja indebida para cualquiera de las partes. La Casa Blanca define con transparencia sus objetivos: “Una vez iniciadas las negociaciones, la administración se propone garantizar un comercio justo, buscando los estándares más altos que abarquen la gama más amplia posible de bienes y servicios. Un éxito en la renegociación del TLCAN fomentará objetivos de negociación de Estados Unidos, como describe el documento, beneficiará a las economías y poblaciones de los Estados Unidos y de nuestros socios comerciales. El resultado será un acuerdo mucho mejor para los estadunidenses”. México no estará sentado en la mesa de negociación con un vecino razonable, el gobierno de Donald Trump no hará otra cosa que no sea imponer su visión política e intereses nacionales siguiendo la lógica de America First. A la complejidad de la negociación misma, los estadunidenses han agregado el combate a la corrupción, tema especialmente delicado para el gobierno Enrique Peña Nieto: “asegurar las disposiciones que comprometan a cada parte a tipificar como delito la corrupción del gobierno, tomar medidas para desalentar la corrupción y proporcionar penas y herramientas de aplicación adecuadas en caso de persecución de personas sospechosas de participar en actividades corruptas”. Es de esperar que el gobierno mexicano se posicione argumentando que el Sistema Nacional Anticorrupción está en proceso de implementación. Sin embargo, en esta ocasión no será sencillo simular compromisos y evadir su cumplimiento. El gobierno de Trump entiende que Peña Nieto carece de credibilidad, que está acorralado por los escándalos de corrupción de su partido y los conflictos de interés de su gabinete, lo que han aprovechado para elevar el costo de la negociación incorporando a la agenda un tema especialmente incómodo para el equipo negociador mexicano. La inclusión de la corrupción a la agenda TLCAN, da a las organizaciones sociales que han promovido la creación del Sistema Anticorrupción una poderosa herramienta para presionar al gobierno. Con lo cual se convierten en actores de la negociación, pues ante el descrédito del gobierno, su aval será indispensable y su voz tendrá mayor repercusión ante las instituciones y los medios de comunicación de Estados Unidos y Canadá. ¿Entenderá el gobierno mexicano finalmente el mensaje y asumirá en los hechos un compromiso medible, verificable y reportable internacionalmente contra la corrupción? ¿Le interesa tanto la negociación del TLCAN a Enrique Peña Nieto como para combatir realmente la corrupción en México, aun cuando esto pueda afectar los próximos años a miembros de su partidos y personajes vinculados a su administración?
La corrupción en la agenda TLCAN
