El reporte Personas y Corrupción: América Latina y el Caribe del Barómetro Global de la Corrupción, advierte el alcance que tiene la corrupción en la región. Patología política fuera de control, cáncer de la vida pública, que erosiona el desempeño de las instituciones democráticas y contribuye a la destrucción del tejido social. (Ver la versión descargable en la página de la organización Transparencia Internacional en https://bit.ly/2ybuI1m). En 17 de 20 países analizados, más de 50% de la población considera que la corrupción se ha incrementado en el último año. Venezuela (87%), Chile (80%), Perú (79%), Brasil (78%) y República Dominicana (71%) son los países donde esta percepción es mayor, mientras que en México lo piensa 61% de la población. Hasta 90 millones de personas, en una región marcada por profundas desigualdades socioeconómicas, se vieron obligadas a pagar sobornos para acceder a algún tipo de bien público. Lo que afecta la dotación de bienes públicos como hospitales (20%) y escuelas públicas (18%), policía (16%) y juzgados (12%), documentos de identidad (17%) o servicios (14%) que en principio tienen como objeto fomentar inclusión social e igualdad de oportunidades. Si bien la corrupción afecta a todos, quienes tienen menos recursos pagaron más sobornos (30%) que aquellos con una posición privilegiada (25%). Sin embargo, tener que sobornar a la autoridad para acceder a bienes públicos tiene mayor impacto en la economía de los pobres, pues ese gasto representa una pérdida económica mayor en proporción al ingreso que reciben. México destaca como el país donde más se soborna a las autoridades para acceder a bienes y servicios públicos (51%), seguido de República Dominicana (41%) y Venezuela (38%). Mientras que países como Argentina (16%), Brasil (11%), Colombia (30%) y Chile (22%) mantienen tasas comparativamente más bajas. De igual forma, en México 49% considera que es socialmente aceptable denunciar la corrupción, mientras que hasta una tercera parte de la población lo considera así en Costa Rica (75%), Brasil (74%) o Guatemala (72%). Sin embargo, 74% de los encuestados en México piensa que la gente común puede hacer la diferencia al momento de enfrentar la corrupción, algo que en Chile sólo es considerado por 41 por ciento. Estos resultados coinciden con las conclusiones del Índice Global de Impunidad 2017 (IGI 2017), en el sentido de que la región destaca por muy altos niveles de impunidad. Los 21 países del continente incorporados al IGI, incluyendo Estados Unidos y Canadá, tienen un promedio de impunidad de 62.1, el a nivel regional más alto después de África, aunque en este caso sólo se contemplan tres países. Entre los 10 peores casos de impunidad se incluyen seis países latinoamericanos, lo que aumenta hasta trece cuando consideramos 20 países con mayor impunidad global. México tiene el nivel más alto de impunidad en la región (lugar 66 entre 69 estudiados) seguido de Perú, Venezuela, Brasil y Colombia. Aunque Venezuela debe considerarse con cuidado ante el contexto de descomposición política y social que enfrenta. El mensaje es claro y no puede seguir ignorándose, en América Latina los niveles de corrupción e impunidad son excesivamente altos y bajo estas condiciones difícilmente pueden consolidarse la democracia, garantizarse seguridad o generar procesos de desarrollo incluyentes.
Esa maldita corrupción
