La Primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), levantada por el Inegi en 338 centros penitenciarios durante el último trimestre de 2016, nos da una idea muy clara de los retos que enfrenta nuestro sistema de justicia y las razones que están detrás de la transición hacia el modelo de justicia penal acusatorio.
All menos 68.1% de la población privada de su libertad tiene entre 18 y 39 años, 72.1% cuenta únicamente con educación básica, 70.3% tiene dependientes económicos y de ellos 64.1% son hijos.
Sólo 25.9% de las personas en prisión enfrentaron anteriormente otro proceso penal y 24.7% estaba recluida en algún centro penitenciario.
Esto implica que 73.9% de la población en centros de detención no tenía antecedentes penales, lo cual obliga a nuestras autoridades a discutir con más seriedad el problema de la reincidencia y generar estudios para comprender la verdadera magnitud de este fenómeno.
Importante destacar que 60% de los presos reincidentes habían sido procesados anteriormente por robo (vehículo, en vía pública, a casa habitación y a negocio principalmente), 12.9% por poseer drogas y sólo 9.7% por posesión de armas.
Nuevamente se pone en duda que la mayoría de la población liberada de las prisiones reincide automáticamente.
Antes de acusar frívolamente al sistema, se necesitan mejores sistemas de evaluación y más datos sobre lo que ocurre con quienes recuperan su libertad.
La ENPOL pone en evidencia que los malos tratos y la tortura son prácticas comunes durante el arresto: 58.3% fue incomunicada o aislada y 46.2% fue desvestida; 52.5% fue amenazada con levantarle cargos falsos y 36.6% presionada para denunciar a alguien más; 40.2% fue atada, a 39.2% se le cubrió la cabeza o vendaron los ojos y a 36% le impidieron respirar; mientras que 28.2% fue amenazada con daños a su familia y 7.5% de hecho sufrió el daño.
Adicionalmente 59% señala haber recibido patadas o puñetazos, 39% golpes con objetos, 37% lesiones por aplastamiento y 19.4% descargas eléctricas.
Si bien 67.6% conocía de qué se les acusaba, sólo a 27.8% le permitieron contactar con algún familiar o conocido y 18.4% pudo contactar con un abogado.
Casi la mitad, 46.6% del total, recibió presiones de la autoridad para dar una versión distinta de los hechos. Hasta 29.6% de la población detenido espera su sentencia y de ella 43.4% lleva más de dos años recluida. ¿Y seguimos pensando que el debido proceso no importa?
Finalmente, 33.2% ha sido víctima de algún delito dentro del centro de detención, principalmente robo, lesiones y extorsión. Al menos39.3% ha sufrido actos de corrupción, con una tasa de 108 víctimas de corrupción por cada mil personas, tasa que llega hasta 119 de cada mil en los centros de detención estatales y municipales. Delitos que quedan impunes, pues dada su situación hasta 94.2% no presenta una queja o denuncia.
Lo que vemos son las profundas desigualdades y graves violaciones a los derechos que lastran al sistema de justicia.
La prioridad es cómo mejorar la implementación y evaluación del nuevo sistema penal de tal forma que se mejoren sus capacidades y con ello mejore el acceso a la justicia para todos los mexicanos. Acusar al sistema de justicia de la inseguridad y la violencia es irresponsabilidad política pura.
