A través de un comunicado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expertas y expertos de nueve Relatorías Especiales y del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, hicieron un llamado al gobierno mexicano manifestando su preocupación sobre los impactos negativos que tiene la construcción del Tren Maya.
El comunicado advierte que la forma como se ha desarrollado el proyecto pone “en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible”. De igual forma, señala que las comunidades y personas defensoras de derechos humanos que “plantean sus preocupaciones sobre los impactos negativos se enfrentan a amenazas y ataques, y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial”.
El mensaje del Consejo de Derechos Humanos pone de manifiesto que en el desarrollo del Tren Maya se están violando derechos humanos al medio ambiente sano, culturales e indígenas, a la participación y al acceso a la justicia, entre otros.
De igual forma, señala que la forma en que se han tomado e implementado las decisiones en torno al proyecto, sin transparencia o mecanismos de evaluación, pone en riesgo la posibilidad de garantizar un proceso de “desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados”.
El comunicado incluye un llamado a las empresas e inversionistas involucrados para que asuman también su responsabilidad y exijan a las autoridades la debida diligencia en materia de derechos humanos.
También es motivo de preocupación que, al definirse el desarrollo del Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional, las autoridades buscan “derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales” y evadir la responsabilidad de evaluar “de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales”.
Sin embargo, se advierte que aun cuando se haya definido como proyecto de seguridad nacional, el “cambio de estatus del proyecto dirigido por el Estado no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales”.
El contenido del comunicado deja en claro que las protestas de comunidades, organizaciones sociales y especialistas ambientales en contra del Tren Maya están muy lejos de consistir en la expresión de grupos conservadores o enemigos de la 4T, como se les ha estigmatizado. Lo que está en juego es la protección efectiva y más amplia de los derechos humanos de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 1º y 2º de la Constitución y la protección del medio ambiente siguiendo los principios involucrados en la afirmación del derecho a un medio ambiente sano, el cual por cierto ha sido reconocido este mismo año como derecho fundamental a nivel internacional por el pleno de la Asamblea General de la ONU.
El gobierno no puede ignorar o simplemente descalificar este llamado, están en juego los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas, la integridad de personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, al igual que la protección efectiva de ecosistemas y especies en la ruta del Tren Maya.
Ningún proyecto de desarrollo regional es ambientalmente sostenible por decreto oficial. La evaluación transparente de los impactos ambientales del proyecto, el respeto a la participación de las comunidades afectas y el acceso a la justicia son criterios indispensables para garantizar su viabilidad social y su sostenibilidad ambiental.
Finalmente, la organización de la Copa del Mundo en Qatar ha puesto en evidencia el daño para la marca país y el prestigio nacional que implica desarrollar megaproyectos marcados por la opacidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Los ojos de la comunidad están puestos en el desarrollo del Tren Maya y México no puede darse el lujo de ignorar el mensaje y continuar la tendencia de deterioro en la situación de los derechos humanos y degradación de nuestro capital natural.