Miembros de una organización criminal fusilan a 17 personas que acudían a un velorio en San José de Gracia, Michoacán. Pasan las horas sin que autoridades municipales, estatales o federales se presenten a investigar los hechos. Es tal la certeza que tienen los sicarios de que ninguna autoridad los molestará, que con tranquilidad limpian el lugar y desaparecen los cuerpos para entorpecer la investigación. Como colofón, las autoridades federales minimizan los hechos ante la ausencia de cadáveres.
En distintos estados, funcionarios públicos regañan y amenazan a reporteros para descalificar la veracidad de su trabajo, replicando el mensaje presidencial en contra de medios de comunicación críticos, esto en un contexto marcado por el asesinato de siete periodistas asesinados en los primeros tres meses de 2022, el mismo número de homicidios que en todo 2021. El presidente de Morena, Mario Delgado, califica en Oaxaca como “mercenarios de los medios de comunicación” a quienes “atacan al movimiento y al Presidente”.
Se filtran en redes sociales llamadas telefónicas del fiscal general con uno de los fiscales especializados, dejando en evidencia la forma indebida y privilegiada en que han tenido acceso a un proyecto de sentencia de la Suprema Corte. Adicionalmente, los involucrados señalan tener de su lado a varios ministros, con los que se demuestra el uso de la fiscalía para fines personales. Como cereza en el pastel, entre los diferentes delitos que se desprenden de la conversación, el espionaje telefónico ilegal alcanza incluso al fiscal general.
El partido Querétaro-Atlas de la liga mexicana de futbol termina en una batalla campal entre barras de aficionados, lo que deja al menos una veintena de heridos, de acuerdo con las cifras oficiales. Las imágenes compartidas en redes sociales retratan niveles extremos de violencia, ataques en forma coordinada y el uso de armas dentro del estadio preparadas ex profeso para la agresión. Para documentar nuestro optimismo, las fuerzas de seguridad no actuaron para contener la violencia y llegaron a actuar en complicidad con los agresores.
Cuatro instantáneas de sucesos de violencia innombrables ocurridos en una sola semana, retrato de cuerpo entero de los grados de descomposición social que sufre nuestro país. Postales siniestras de un país hundido en degeneración institucional y episodios de horror sin límite. La indolencia e irresponsabilidad de las autoridades como marca de la casa.
El Índice de Impunidad México de la UDLAP ha advertido que México se caracteriza por altísimos niveles de impunidad que retroalimentan el impacto de la violencia, la inseguridad, la corrupción o la violación a derechos humanos. Pero los episodios de horror que vivimos cotidianamente, la violencia normalizada, los escándalos sin fin de corrupción, la extensión creciente del crimen organizado y el pasmo y la negligencia de autoridades de todos los niveles de gobierno, nos demuestran que las cosas pueden seguir deteriorándose cada día y que es posible caer todavía más bajo.
La invocación de transformación política y esperanza se ha hundido irremediablemente en un pantano de hiper impunidad, en la agudización incremental pero constante de la arbitrariedad y la injusticia, lo que se acompaña de degeneración acelerada de instituciones, pactos de impunidad que trascienden partidos e ideologías y del vacío de político poder y capacidades de las autoridades para articular una respuesta coherente y efectiva.
Lo más triste de todo es que más que acciones dirigidas a fortalecer un Estado de derecho democrático e incluyente, lo que escucharemos en los próximos meses serán discursos vacíos que harán del combate a la corrupción y la impunidad una disputa electorera de frases huecas y lugares comunes. Las instituciones del Estado mexicano están podridas y los actores políticos no tienen ninguna intención de cambiar las cosas, así
