Esta semana presentamos el Índice Global de Impunidad 2020 (IGI 2020), el cual desde 2015 representa un esfuerzo académico para medir la impunidad en el mundo en forma comparada. Este trabajo, pone énfasis en la importancia de entender las características de la estructura y el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad de los países, al igual que los grados en que se respetan los derechos humanos, para poder comprender el alcance del fenómeno de la impunidad.
En el IGI 2020 se analiza la situación de 86 países. Solo en 69 de ellos es posible analizar los grados de impunidad siguiendo nuestra metodología, mientras que para los 17 restantes destacamos una situación de “impunidad estadística”, en tanto presentan inconsistencias o vacíos importantes en la información estadística que reportan a la comunidad internacional. Estos países en situación de impunidad estadística representan casos que habían sido analizados en el IGI 2017 o que, en tanto son parte del G20, no hay razón que justifique que no reporten datos.
México se ubica en la posición 60 entre los 69 países analizados, con un índice de 49.67 que representan 10 puntos más de impunidad frente al promedio global (39.9), aunque también lejos del país peor evaluado que Tailandia con 62.3. Como ha ocurrido en los reportes anteriores, México destaca por ubicarse entre los países con muy altos niveles de impunidad, incluso como uno de los países latinoamericanos con mayores niveles.
Mientras en el IGI 2015 México se ubicaba en la posición 58 entre 59 países y en el IGI 2017 en el lugar 66 entre 69 países, ahora se encuentra en la posición 60 de los 69 países donde es posible medir la impunidad. Sin embargo, esto está lejos de representar un avance y no debe entenderse como tal. El cambio de posición de México no se explica necesariamente por una mejora en el desempeño de los niveles de inseguridad o acceso más efectivo a la justicia, si no por variaciones en el resultado de otros países, cambios en los países incorporados al estudio o ajustes en las variables que componen el estudio como resultado de ausencia de datos.
Lo que el estudio refleja, es la fragilidad de las instituciones de justicia en nuestro país, la falta de capacidades y sus problemas de funcionamiento. En lo que se refiere a la dimensión “sistema de justicia”, México se ubica en la posición 60 cuando se evalúan las capacidades que involucra la estructura del sistema de justicia y cae incluso a la posición 63 cuando se analiza su funcionamiento. Para muestra un botón: nuestro país cuenta sólo con 2.17 jueces para atender a cada cien mil habitantes, mientras el promedio global es de 17.83 jueces por cada cien mil habitantes.
Más allá de las cifras, es muy grave que México se encuentre en forma reiterada entre los 10 países con mayor nivel de impunidad. Lo que debemos entender, en primer lugar, es que no estamos generando las suficientes capacidades para garantizar seguridad y acceso a la justicia a los mexicanos; y, en segundo lugar, que las capacidades existentes funcionan en forma deficiente. En otras palabras, no desarrollamos más capacidades, ni hacemos funcionar adecuadamente las que tenemos.
Para reducir la impunidad que tanto daño hace a nuestra vida pública, es necesario fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia y vincularlas a procesos de rendición de cuentas. En los hechos se percibe una tendencia peligrosa, tanto a nivel federal como estatal, a reivindicar penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como una supuesta solución a la crisis de seguridad y violencia que sufrimos. La experiencia acumulada del IGI nos permite afirmar que el populismo punitivo no nos ayudará a reducir la impunidad en México, por el contrario, esto puede generar nuevos ciclos y pactos de impunidad, al igual que procesos de doble victimización en perjuicio de todos los mexicanos y muy especialmente, para aquellos que son vulnerables por su situación socioeconómica.
No hay salidas fáciles para reducir la impunidad, el camino pasa por generar más capacidades para las instituciones de seguridad y justicia y respeto a los derechos humanos.
