#LaPortada | Realidad paralela

A finales del año pasado, la información que comenzó a fluir en las oficinas de Palacio Nacional, especialmente entre el equipo más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue que grupos de poder buscarían dañar su gobierno, justo en los albores de la reforma energética.

Distintas fuentes consultadas por ejecentral, todas de primera línea, coinciden que esa idea ha sido alimentada día con día con varios elementos, uno de ellos, los comentarios que amigos y aliados en otros países latinoamericanos narraban a los colaboradores del mandatario mexicano sobre las operaciones de Estados Unidos, algunas secretas y otras visibles, le decían, en Bolivia, Perú, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Honduras… Todo por las tensiones entre la Unión Americana y la extensión de los intereses comerciales chinos en el continente y la presencia por parte de Rusia.

Otro elemento que sirvió de gasolina fue que el Congreso estadounidense aprobó, entre julio y octubre del año pasado, y hace unas semanas una iniciativa más --así como las constantes reuniones y pronunciamientos de asambleístas y senadores--, que incluyen recursos para brindar “asistencia a varios países clave y programas en la región” que incluye Centroamérica, el Caribe, Colombia y México. Iniciativas que cada año votan los congresistas.

Los recursos aprobados buscarían “posicionar a Estados Unidos para competir mejor con China”, y de acuerdo a un documento titulado “América Latina y el Caribe: Política de Estados Unidos y temas clave en el 117º Congreso”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso hace unos días, se plantea que esas iniciativas aprobadas requerirán de que el gobierno estadounidense “desarrolle estrategias para aumentar las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos a la región, y fortalecer la competitividad económica de Estados Unidos y promover la buena gobernanza, los derechos humanos y el estado de derecho en la región”.

Esto mismo aparece en la iniciativa y alimentó aún más las sospechas del equipo de López Obrador en cuanto a que se preparaba una serie de “golpes” mediáticos, desde los distintos grupos de poder.

Sin embargo, detrás de este escenario hay también otra realidad. Los 49 días que han trascurrido de este 2022, al revisar día por día, muestra al menos 88 acontecimientos significativos que han golpeado la médula del proyecto que encabeza López Obrador. Desde ataques y crímenes contra periodistas; condiciones económicas que colocan en riesgo sus programas sociales y hasta la viabilidad de sus obras insignia; la confrontación al interior de su partido Morena, la violencia criminal que los informes internacionales ubican como de alto riesgo para el desarrollo el país; los cuestionamientos por la estrategia contra la pandemia que ha colocado bajo investigación a su subsecretario Hugo López-Gatell; los focos de descontento social entre la academia y sectores radicales, y hasta la propia salud del Presidente que enfermó de Covid y después tuvo que ser sometido a un cateterismo para verificar su estado, conforman esta realidad paralela que no menciona en sus mañaneras.

En cambio, la confrontación desde las mañaneras de Palacio Nacional aumentaron. Desde desafiar a empresas y empresarios, y aumentar el tiempo dedicado a mencionar a los que identifica como “conservadores”, por ejemplo.

En un análisis elaborado por el especialista Luis Estrada, de SPIN Taller de Comunicación Política --hasta el 15 de febrero--, el presidente López Obrador la palabra más repetida es corrupción con 6 mil 172 menciones; conservadores, conservadurismo o conservador en total 2 mil 329 veces; racista o racismo 222 ocasiones, y golpe o golpismo 129 veces.

Es decir, en promedio cada seis días el mandatario ha mencionado la palabra golpe o golpismo en las 788 mañaneras que ha hecho desde que llegó al gobierno. Sin embargo, esta palabra la ha incluido más intensamente el Presidente en las últimas dos semanas, haciendo eco así a lo que comenzó a fluir el año pasado entre su equipo, el golpe que provendría desde los grupos de poder.

Y el vehículo perfecto, para esto, lo ha dicho el presidente López Obrador, es la prensa, desde donde ha identificado la revelación de la llamada #CasaGris, en la que vivió su hijo mayor y su nuera en Houston, Texas, que pertenecía a un exsocio de la empresa Baker Hughes contratista de Pemex. Lo dijo este viernes:

“Y esto es muy importante decirlo y es muy importante el debate sobre este tema porque, ¿saben?, una prensa así, que no es toda la prensa de México afortunadamente, pero una prensa así, conservadora, defensora de privilegios, fue la que hizo la campaña en contra de Francisco I. Madero y fue la que preparó el terreno para el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.

“Entonces, yo conozco la historia y es mucho mejor que la gente sepa de esto porque es una especie de golpismo el que van preparando, destruyendo a opositores políticamente hablando y, si se da a conocer, pues ya la gente sabe de qué se trata”.

Pero es que esos medios también reflejan esa otra realidad.

La pandemia no termina

Ni las declaraciones optimistas del Presidente y su equipo pudieron evitar que Ómicron disparará los contagios de coronavirus en México. La cuarta ola se convirtió en un tsunami de más de un millón de casos positivos en las cuatro primeras semanas del año, una cifra que hizo palidecer todos los picos anteriores, y que representó presión adicional a los sistemas de salud en todo el país.

Entre los casos positivos de esta cuarta ola está el del mismo López Obrador, quien se negó a utilizar el cubrebocas a pesar de la expansión de la altamente contagiosa Ómicron y puso en riesgo no sólo a su equipo más cercano, también a representantes extranjeros con quienes se reunió en esos días.

De hecho, el rechazo al cubrebocas por parte del Presidente es tal, que mientras estuvo enfermo por segunda ocasión mantuvo una reunión con los secretarios de Gobernación y Hacienda, Adán Augusto López y Rogelio Ramírez de la O, sin emplear esta protección.

A pesar de las declaraciones optimistas sobre la baja hospitalización, los centros médicos de Aguascalientes se mantuvieron por arriba de los límites de seguridad recomendados más de un mes, mientras que la mayor parte de las unidades pediátricas en Ciudad de México se quedaron sin camas para atender a pequeños afectados por este virus.

La variante Ómicron tomó el control del país y sus hospitales mientras López Obrador defendía al subsecretario López-Gatell de las demandas que se presentaron en su contra por el manejo de la pandemia, un respaldo en el que el Presidente se declaró como el responsable de una estrategia que mantiene a México entre los peores evaluados durante esta crisis.

Esta cuarta ola de contagios, que fue menospreciada por López Obrador a pesar de la evidencia internacional, sumó más de 11 mil defunciones en las primeras seis semanas del año, una cifra que los expertos ven con alarma para un virus que, según las palabras del Presidente “no tiene la misma gravedad de la variante anterior”.

La economía que se diluye

Las primeras malas noticias para el Presidente llegaron desde lo económico. La escalada de precios, los vaivenes del peso, la mala calidad de los empleos conseguidos, el petróleo en aumento, y el choque de trenes por la que ya se encauzaba la reforma eléctrica, colocan al jefe del Ejecutivo que se asume “optimista”, en una situación resbaladiza.

Y es que el panorama no es sencillo. El contexto mundial, la pandemia y la estrategia de política económica interna no favorecen los ingresos de la administración pública, lo que pone en riesgo sus programas sociales e incluso sus proyectos insignia.

El presidente López Obrador ha repetido obstinadamente que tiene en la mira que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca un 5% este año, y más aún 2023 y 2024, pero los números no alcanzan, las instituciones financieras y hasta su propia secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, le tiraron esas expectativas

La encargada de la política económica del gobierno federal, deslizó que su oficina tiene un cálculo de crecimiento entré 2.5 y 2.6% para este año. Y una encuesta del Banco de México anticipaba al mismo tiempo que el crecimiento para este año alcanzará 2.2%, menos de la mitad de lo que planea el presidente de México. Pero además, el consenso piensa que no mejorará sino que desacelerará a un 2.1% para 2023.

El optimismo del mandatario se basan en elementos que no puede controlar, no son del mercado interno. Así, apunta a más remesas y mayores exportaciones, variables que son dependientes principalmente del desempeño económico de Estados Unidos y no de nuestra economía.

En 2021, se tuvo el monto acumulado más alto de la historia en remesas, con más de 51 mil millones de dólares, poco más de un billón de pesos que entró a la economía mexicana, pero el gobierno ya hizo cálculos y para este año habrá un aumento de alrededor del 10%, situación que depende en mayor parte de Estados Unidos y no de una política gubernamental de nuestra nación.

Las exportaciones rompieron récord con 384 mil millones de dólares, un punto favorable para México, pero éstas dependen del exterior y mayormente de un tratado que, aunque se actualizó en 2020, es del periodo “neoliberal” y que sin él posiblemente la recuperación sería más lenta.

Pese a esta cifra, México no logró consolidarse como el mayor socio comercial de Estados Unidos, ese lugar se lo cedió a Canadá, aunque la diferencia entre los dos países fue de un 1% de lo que comerciaron durante el año entre importaciones y exportaciones, se tratan de millones de dólares.

Los reportes que llegan al escritorio de Palacio Nacional muestran un mercado aún débil, incapaz de resistir una mayor profundización de la crisis. Frente a eso, las fórmulas recomiendan apuntalar los sectores económicos que más contribuyen con el crecimiento del país. Pero en la puerta está la reforma energética y eso ha ido acentuando la confrontación y la desconfianza.

Una aprobación de la reforma eléctrica, así como la impulsa el presidente le daría el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, lo que contravendría al artículo 28 de la Constitución mexicana, así como al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), en donde las tres piezas prohíben monopolios. La aprobación traería graves problemas para el país que ha firmado los acuerdos bajo estos términos. Estados Unidos ya alzó la voz que es un daño al patrimonio de las empresas estadounidenses, como a la competitividad y a los ingresos de los consumidores.

Pero no sólo es la reforma, el mercado mexicano muestra un rezago en las actividades TERCIARIAS, donde se ubican los servicios no financieros, los cuales aportan más del 50% del PIB, sin embargo, tiene un deterioro pandémico en el empleo de 23.7 por ciento. Es decir, del 100% que representaba el número de febrero de 2020, a noviembre de 2021 -que es el último dato disponible- está al 76.3%, según los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un signo inequívoco de que la economía mexicana es frágil.

›Sin dar una razón, simplemente omitiendo el tema en cada mañanera, el presidente López Obrador no ha presentado el plan de infraestructura que prometió para finales de enero. Está a cargo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pero hasta ahora ningún mensaje han enviado, ni siquiera se ha presentado en las mañaneras en las que el presidente lo ha convocado.

A esto se suma el que uno de los pilares de la economía, la construcción, tiene un importante daño por la pandemia, pero con un declive que venía pronunciándose tiempo atrás. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el sector de construcción se ha deprimido 25.7%, pero si los separamos en un antes y después de la llegada de la Covid-19, el sector perdió 17.75% previo a comenzar la pandemia y posteriormente 11.6%.

A marchas forzadas avanzan sus obras insignia, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para ser inaugurados en las fechas prometidas, pero el Tren Maya presenta problemas por cambios en su ruta original. De un costo inicial de 140 mil millones de pesos se ha incrementado en 43%, es decir, el proyecto más ambicioso del sureste del país se incrementó a 200 mil millones de pesos, han revelado las propias autoridades, pero lo más grave no es el costo, sino que los trazos originales ya no se cumplirán como lo habían presentado, entre demandas y falta de estudios de impacto que han hecho reorientar el diseño del trayecto. La estación en Playa del Carmen salió del plano original y la ruta ha tenido tres cambios de su trayectoria original. En su momento, Rogelio Jiménez Pons quien estaba al frente de la Fonatur admitió que el proyecto tenía un retraso de cinco meses, como resultado de cuestiones que debieron haberse contemplado y no se hicieron, como el estudio de suelo y los recursos legales que interpusieron los pueblos originarios.

Aún con todo esta demora y rediseño de la ruta, el mandatario mexicano ha dicho que el Tren Maya va de acuerdo con el programa y será estrenado en diciembre de 2023. En enero pasado, López Obrador nombró a Javier May como el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como el responsable de una de los megaproyectos de esta administración.

Estas obras son de suma importancia para el país pero no son suficientes para nivelar la pérdida pandémica y la caída previa en el sector de la construcción.

Cierto, se ha recuperado el nivel prepandémico del empleo formal, el que contabiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ya hay casi 21 millones de trabajadores con este estatus, pero el mercado laboral está integrado por 59 millones de ciudadanos que se considera la Población Económicamente Activa (PEA). De ellos, el Inegi reveló que 5 millones 697 mil se encuentran en la subocupación, es decir, que necesitan otro trabajo o están disponibles para tomar uno extra por el bajo ingreso, aunque la cifra se ha reducido respecto al peor momento de la pandemia el número es aún mayor a lo que se tenía antes de la llegada de la Covid-19.

Pero el impacto más considerable está en la informalidad laboral, donde se encuentran aquellas personas que no cuentan con ninguna prestación y mucho menos un servicio de salud social. En este rubro del mercado laboral hay 32.2 millones de personas, lo que significa el 56.5% de toda la PEA. Estás cifras son la realidad en la que está inmersa el país, de la que no habla el titular del ejecutivo durante sus conferencias matutinas.

Otro problema al que se enfrenta el país es el desgaste del ingreso por culpa de la alta inflación, la cual marcó el incremento más alto en los últimos 20 años el pasado 2021 en 7.37%, y que para este año apunta a continuar presionando los bolsillos de los mexicanos. Sabemos que la inflación ha sido importada en su mayor parte por la disrupción en las cadenas de suministro y la alta demanda de bienes, lo que se traduce en que el gobierno no ha sido el culpable directo, pero sí responsable de que el golpe sea más certero para las familias, ya que las políticas fiscales para paliar la crisis no llegaron, quedaron atascadas y los hogares son las que están pagando la ausencia de un plan maestro con altos costos.

Pudimos ver como durante 2021 el incremento en alimentos básicos para el mexicano fueron en aumento, como la tortilla, el pan, el aceite, el pollo, el huevo, y una larga lista de productos que al parecer no regresarán al nivel de 2020. Luis García, agricultor del municipio de Jilotepec, Estado de México, denunció que los altos costos de las semillas, el fertilizante y la falta de tecnologías en el campo son variables que no dejarán que el precio de los productos del campo regresen a un nivel de 2020. Además, mencionó que no sólo es el alto costo del fertilizante, sino que no hay, y sin él no se puede producir de manera óptima, no hay rendimiento en las cosechas.

“Mientras Estados Unidos tiene rendimiento de hasta 16 toneladas por hectárea en sus cultivos, nosotros sacamos si bien nos va seis”, señaló el agricultor. Todo esto es parte de la responsabilidad del gobierno en el combate a la crisis del campo, no sólo por la Covid, sino de uno que está abandonado por sexenios atrás y que no ha cambiado con la actual administración.

La pobreza en la adversidad

Toda esta situación se ve reflejada en que el país tenga más pobres. De acuerdo con el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo (Coneval), la pobreza pasó de 52.4 millones a 55.7 millones de mexicanos entre 2018 y 2020, que sería haber pasado del 41.9% al 43.9% del total de la población. Asimismo, la pobreza extrema pasó de 7% en 2018 a 8.5% en 2020, y de acuerdo con cifras del Banco Mundial, esto podría extenderse hasta el 2030 si no existen las políticas sociales adecuadas.

Recién desempacando como secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O dijo que la cifra no era tan pesimista, ya que ellos habían hecho un cálculo mayor, que en lugar de los 4.6 millones que aumentó de 2018 a 2020, esperaban 16 millones, reveló en su comparecencia ante el Senado en junio del año pasado.

El gobierno está apostando a la autosuficiencia energética, ya compró la refinería Deer Park, y tiene en construcción la de Dos Bocas, en Tabasco. No obstante, esto no garantiza que los precios al consumidor vayan a bajar, debido al anclaje que tienen los ingresos energéticos a las finanzas públicas, ya que el gobierno para operar necesita de ingresos y los combustibles son una fuente garantizada tanto por la venta como por la carga impositiva.

En su discurso electoral, el presidente López Obrador, antes de llegar al poder, denuncio la alta carga impositiva que tenían los combustibles, la que podría desaparecer por la voluntad del gobierno, sin embargo, en los tres años qué ha estado al frente de la administración del país ha tenido los mayores ingresos de esta carga punitiva para los consumidores y no han hecho mención de eliminarla. El precio de los combustibles automotrices menos del 50% es el valor del producto y el resto son impuestos gubernamentales.

Realidad alterna

El primer vistazo de cómo cerró el 2021 en cuanto a violencia e inseguridad en el país más que un alto para analizar los resultados a la mitad del sexenio, resultó un bálsamo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en la conferencia del 6 de enero pasado la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez anticipó que el año había concluido con “una disminución del homicidio doloso de 4% en comparación con el inicio de la administración”.

El cálculo hecho por la titular de la SSPC es correcto, pero no del todo en cuanto a la “tendencia a la baja” de los homicidios como aseguró. Las cifras oficiales de delitos y víctimas que cada mañana revisa el presidente López Obrador y su gabinete de seguridad indican que, a la fecha, la violencia homicida no es el único frente que mantiene abierto el gobierno actual.

Luego de que 2021 terminó con un número estimado en 34 mil 312 personas asesinadas en el país, al menos 1,004 de ellas fueron víctimas de feminicidio, el arranque de este 2022 no fue alentador en cuanto al recrudecimiento de la violencia derivada de la lucha de grupos criminales y agrupaciones civiles armadas en estados como Michoacán, Zacatecas, Colima, Guerrero y Chiapas, entre otros; así como el fenómeno de la creciente violencia en contra de periodistas, que en lo que va del año ya ha cobrado la vida de cinco comunicadores, un intento de homicidio y varios casos más de agresiones.

Los reforzamientos en operativos de seguridad, el despliegue de militares, marinos y guardias nacionales para apoyar a las autoridades de los estados con más asesinatos y más hechos de violencia no están dando los resultados. Esto reflejan los propios números oficiales de esos nueve estados denominados “prioritarios”.

“De los nueve estados, Baja California tiene un 17 por ciento de reducción de homicidios, solamente por debajo de Quintana Roo, que tiene el 18 por ciento, es de los más altos, aquí tenemos 17 por ciento. Y solamente Estado de México, Michoacán y Zacatecas son los estados que siguen hacia la alza, con números reducidos, pero sí identificados y a la alza”, señaló este viernes el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González

Repuntes y desaciertos

Pero no sólo se trata de los homicidios. La tendencia con la que cerraron las cifras de delitos de alto impacto advierte que los feminicidios y la violencia familiar alcanzaron máximos históricos, al igual que las extorsiones que, tanto en tasa de víctimas como de casos, alcanzaron el mayor pico de los últimos seis años; mientras que otros delitos que incluso venían con una tendencia a la baja, como es el caso de los secuestros, repuntaron.

De acuerdo con el informe de Alto al Secuestro, en enero la privación ilegal de la libertad aumentó 3%, el número de víctimas se elevó un 29.5% en comparación con diciembre 2021 y precisamente fue en entidades como Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo y Morelos, en las que el gobierno federal ha anunciado el envío de más fuerzas federales y el reforzamiento de programas sociales para reducir la violencia, donde se concentraron la mayoría de estos secuestros, tanto en número absolutos como en la tasa por cada 100 mil habitantes.

No obstante, para el presidente López Obrador el recibir el reporte diario sobre los actos delictivos en el país ocurridos en las últimas 24 horas, a fin de “tomar decisiones”, en realidad ha servido para justificarse. En su gobierno, sostuvo apenas este jueves, “el Estado no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes. No hay crímenes de Estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie, no existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón en que siempre en los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas del gobierno y delincuencia eran más los muertos que los heridos y detenidos, y eso lo podemos probar”.

Para Luis Estrada Straffon, director general de la empresa SPIN-Taller de Comunicación Política (SPIN-TCP) la aseveración del presidente no sólo refleja una imprecisión en cuanto a la interpretación de las leyes y la Constitución, sino un hecho que constante en sus conferencias matutinas se pone en entredicho respecto a que “el estado de derecho que dice el presidente que ya vivimos y que ha cambiado con su gobierno, claramente no lo es”.

En ese sentido, el especialista en análisis y comunicación política sostuvo en entrevista con este periódico que el mandatario ha demostrado varias veces que desconoce la ley en muchos aspectos, “por ejemplo, ha mencionado varias veces que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos, cuando es el único que puede violar derechos humanos”.
Contrario a lo señalado en varias ocasiones por el presidente López Obrador, el último informe sobre “atrocidades y eventos de alto impacto” de la organización Causa en Común dio cuenta que en 2021 –el año con el menor número de homicidios de los últimos tres-- la cantidad de víctimas los “crímenes de extrema violencia” aumentó en 37.6% con respecto a 2020, incluyendo al menos 529 masacres y mil 151 de torturas, un centenar de casos de violencia contra migrantes, así como el asesinato de nueve periodistas y 17 defensores de derechos. Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Veracruz fueron las entidades donde se concentraron estos hechos, cuya incidencia se colocó en un promedio de al menos 15 cada día.

Se pone en evidencia que el despliegue de fuerzas federales a los estados donde “hay una violencia homicida disparada; no parece estar apaciguando la violencia ni la comisión de atrocidades (…). Es decir, más allá de conferencias mañaneras y la narrativa el gobierno los dispositivos de presencia disuasiva que están llegando a los estados no están impactando”, según la opinión del consultor y especialista David Saucedo durante la presentación que se hizo del informe.

Desde la perspectiva externa, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la política de “abrazos, no balazos” que ha instaurado el presidente de México desde el inicio de su mandato a la fecha sólo ha implicado el “ascenso de la violencia” y evidencia de la “incapacidad” que tiene el Estado mexicano en controlar el dominio de las organizaciones criminales transnacionales, como las autoridades estadounidenses denominan a los cárteles.

Al respecto el más reciente análisis de la Comisión para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos de Estados Unidos, integrada por congresistas de ambas cámaras y funcionarios de instituciones como los Departamentos de Estado, de Seguridad Nacional, de la Defensa, la DEA, entre otros, criticó que ante la “ausencia de una acción definitiva”, es decir “una estrategia anticorrupción o antiviolencia más amplia por parte del gobierno mexicano, los cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, a los que hace referencia el informe, “continuarán prosperando y expandiéndose”.

Una realidad es que en las últimas semanas los brotes de violencia en entidades como Colima, Chiapas, Quintana Roo y Zacatecas, además del recrudecimiento de los hechos violentos y alza en homicidios que han persistido en casos como el de Michoacán, Sonora, Guerrero y el estado de México, entre otros, se deriva de la confrontación que mantienen dichas organizaciones criminales entre ellas principalmente, pero también en disputa con otras bandas y grupos locales derivados en algunos casos de los mismos cárteles.

Gigantes de papel

Pero eso no es todo, en estos 49 días de 2022 también el mandatario ha tenido que enfrentar el derrumbe de casos en los que ha insistido en sus mañaneras como muestra de “aparato organizado de poder” corrupto.

Estos estandartes de lo que ha reiterado como el combate a la corrupción en el país y uno de ellos resultó lo que él denominó como la “privatización de los reclusorios” federales o el caso de corrupción Odebrecht que desde noviembre pasado mantiene preso al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sin que a la fecha se vislumbre la posibilidad a la Fiscalía General de la República de fincar responsabilidades “sobre los presuntos sobornos a legisladores para comprar la Reforma Energética”, como señaló el mandatario en julio del año pasado.

Sobre el caso de los pagos a sobreprecio en ocho penales federales, que de acuerdo con la FGR habría involucrado la complicidad de funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue el pasado 22 de enero cuando un juez federal determinó sobreseer (suspender) el proceso judicial en contra de 16 exfuncionarios penitenciarios al considerar que los delitos de los que los acusó la fiscalía prescribieron y el plazo para acusarlos expiró en 2020.

Mientras que en el caso de Emilio Lozoya, la fiscalía perfiló en su acusación formal que el exfuncionario y su familia fueron los principales beneficiarios de los sobornos millonarios que involucraron ala constructora brasileña, con lo cual queda en detrimento el “aparato organizado de poder” del que acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, entre otra veintena de exfuncionarios y exlegisladores incluidos en la denuncia que Lozoya presento al fiscal Gertz Manero en agosto de 2020.

Un descalabro similar fue el que el ocurrió al presidente López Obrador en octubre pasado cuando resintió el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al invalidar la prisión preventiva automática para delitos fiscales, pues señaló que la resolución del alto tribunal fue “en línea de seguir protegiendo la corrupción y seguir apoyando a las minorías” a quienes acusó de hacerse “inmensamente ricos con la defraudación fiscal”.

A lo que el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea respondió que la decisión del tribunal pleno beneficiaba a las personas más necesitadas, pues aseguró que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, además de que dicha medida resultaba violatoria del derecho de presunción de inocencia, por lo que consideró que la medida de prisión preventiva deber ser “excepcional” dentro del sistema de justicia en el país.