Reforma electoral; reflexiones preliminares
Para el expresidente del Tribunal Electoral capitalino, la iniciativa propuesta es profunda, por lo que es indispensable conocer la legislación secundaria para dimensionar sus verdaderos alcances; pero si la oposición aprueba esta iniciativa tal cual, advierte, será un adiós a la alternancia
El contexto en el que se presenta la iniciativa presidencial no es el mejor. El clima de enfrentamiento es evidente; si la desconfianza entre políticos es algo natural, cuando se trata de una parte medular, como lo es la forma en la que se accede al poder se recrudece. No se puede bajar la guardia porque el gobierno no se inmutará si puede eliminar a la oposición.
La Constitución es un instrumento indispensable y necesario para limitar a los poderosos. Aunque ahora estemos deslumbrados por el neoconstitucionalismo, no debemos olvidar la realidad; los factores reales del poder imponen su voluntad cuando se redacta un texto constitucional. Una de las funciones fundamentales de la Constitución es regular el uso del poder, encauzarlo, tratar de evitar su abuso y conciliarlo con la libertad y demás derechos. Esta lucha es dinámica y constante.
Después de la reforma político electoral que elaboró Jesús Reyes Heroles, en donde el PRI tenía una oposición muy débil, las siguientes reformas se han producido y concretado entre los partidos políticos y los diferentes gobiernos. Las discusiones han sido privadas y por el contenido de las mismas terminan muy apresuradas porque siempre se les acaba el tiempo. Todas se han hecho en un ambiente de desconfianza. Esto no puede ser de otra manera, ya que todos quieren obtener el máximo beneficio para acceder y mantener el poder. Por lo tanto, la reforma que ahora se propone no tiene por qué ser diferente; los políticos en todo el mundo son homo sapiens maximizadores de beneficios y poder. Pensar que el gobierno actúa de buena fe y con una moral cristiana de amor al prójimo y fraternidad sería ingenuo. La centralización de las elecciones se estableció en la pasada reforma, en la que también se argumentaba que se ahorraría dinero; sin embargo, el resultado fue lo contrario, ahora se gasta más y los institutos locales realmente son irrelevantes porque se quedaron con pocas funciones sustantivas.
Ahora se habla de órganos nacionales para apelar a la emoción nacionalista, cuando lo cierto es que en México desde el siglo XIX se ha dado la lucha entre federalismo y centralismo; no nos engañemos cuando se habla del término “nacional”, lo que en realidad significa es que la federación se hace cargo; en el caso de las elecciones se da la centralización de las funciones en el INE, se les quita a los estados la materia electoral. En materia jurisdiccional nunca ha existido el federalismo en ninguna materia, todos los asuntos se terminan en las instancias federales. El centralismo ha sido la norma; por lo mismo cuando se trata de los tribunales electorales locales nunca son instancias terminales.
En la actualidad, en este aspecto, nuestro sistema electoral es una criatura mal formada con varias deficiencias que pueden ser solucionadas de dos formas. La primera, es completar la centralización; la segunda, es crear un sistema federal en donde los estados se encarguen de esta materia a nivel local a través de los institutos y que los tribunales electorales sean instancias terminales. Técnicamente cualquiera de las dos opciones es viable.
La elección directa y universal de los consejeros y magistrados en teoría es ideal, pero en la práctica presenta serios problemas. Como está planteada la iniciativa no resuelve el problema de que el gobierno y los partidos designen a sus candidatos, se propone un sistema más complejo, menos transparente y promueve la intervención ilegal de diversos actores para que obtengan más votos sus candidatos preferidos.
La élite política de manera cerrada y secreta decidirá quiénes serán los candidatos a consejeros y magistrados. Las elecciones en todo el territorio del país generarán candidatos desconocidos para la mayoría de la población, aunado a que las campañas serán por televisión en tiempos oficiales y foros que se organicen.
›Lleva ventaja el Presidente porque designa de manera discrecional a los candidatos que le corresponden; por su parte, los candidatos que proponen las Cámaras tienen que ser productos de una negociación entre los partidos, igual a como sucede ahora y, finalmente, los propuestos por la Corte también serán producto de una negociación entre los ministros.
El corto tiempo de éstas, y el gran número de candidatos, juntos con la poca penetración que se logrará en la población, producirán una elección prácticamente clandestina, secreta y silenciosa que es muy probable que no motive la participación ciudadana. Es una broma de mal gusto la comparación de Pablo Gómez sobre las elecciones de consejeros y magistrados con las elecciones en la Roma antigua. Simple y sencillamente no son comparables por su objeto, el ámbito territorial y el número de la población.
En realidad, no se ha encontrado un método ideal para la elección de consejeros y magistrados, por lo que sería más sano y conveniente hacerlo por cuotas partidistas y que se cumpla con un perfil. Además, la discusión debe ser pública y abierta de frente a la ciudadanía y se debe dar a conocer quién es designado por cada fuerza política y así poderlos vigilar para que su actuación sea imparcial y no beneficie a quien lo propuso.
La iniciativa de reforma constitucional es profunda por lo que, para tener una comprensión completa, es indispensable conocer cuál es la legislación secundaria que llevará al detalle las propuestas hechas, sin este material se estaría aprobando sin pleno conocimiento los verdaderos alcances de la misma.
Si la oposición aprueba esta iniciativa sin hacerle cambios de fondo, digámosle adiós a la alternancia y aceptemos la nueva era de la autollamada Cuarta Transformación que no sabremos cuánto durará.
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