El general y licenciado Alfonso Corona del Rosal entregó a los diputados cuatro tomos de la investigación original de la Procuraduría General de la República (PGR), número 272/68. ¿Pero dónde los obtuvo el general? De los propios archivos de la institución.
En 2003, Esperanza Robles Chávez, agente del Ministerio Público de la Federación y titular de la Mesa X de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se presentó en el Archivo General de la Nación (AGN). Su finalidad fue recabar información sobre la pérdida en los archivos de la PGR de los cuatro tomos originales, mismos que con omisiones notables fueron publicados en 1995 por Corona del Rosal.
En la indagatoria original del 2 de octubre fue la 272/68, Corona del Rosal, quien en aquella época fuera regente del antiguo Distrito Federal. Se quedó con los tomos de esa primera investigación y los entregó a Pablo Gómez, entonces presidente de la Comisión del 68 de la Cámara de Diputados, entre 1966 y 1970. Sí, hubo una indagatoria en 1968 que, entre otras, se nutrió del Parte de Guerra de la Operación Galeana.
En una nota publicada en La Jornada del 26 de septiembre de 1998 se lee: “Con el ánimo de contribuir a que ‘se aclaren tantas mentiras y exageraciones que se han dicho’ a lo largo de estos 30 años, Corona del Rosal entregó a los diputados, junto con su carta, cuatro tomos de la Procuraduría General de la República (PGR) en los cuales hay información general; datos sobre manifestaciones, asambleas, mítines; declaraciones ante el Ministerio Público de los líderes del movimiento; autos de formal prisión dictados por daños en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, invitación a la rebelión, acopio de armas, homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad, entre otros”.
Sería interesante saber cuándo, cómo y quién entregó dichos tomos al exregente del Distrito Federal, Corona del Rosal. Todavía más interesante sería saber en dónde se resguardaron —además de los tomos de la averiguación original—, más de 55 mil documentos fotocopiados que obtuvo la Comisión del 68 del Fondo Gobernación, sección Investigaciones Políticas y Sociales, así como los cientos de fotografías que con cargo al erario les entregaron en el AGN. Si se consulta la página del Congreso no hay rastro de las actividades de la Comisión del 68.
El 30 de septiembre de 1998, Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero, Félix Lucio Hernández Gamundi, César Tirado, José Piñeiro Guzmán, Roberto Vázquez Camarena y Javier Ramos presentaron una denuncia al entonces procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar. Sin dar el crédito correspondiente, citan la indagatoria 272/68 de la PGR; tanto los nombres de los detenidos como de los muertos están capturados en el mismo orden que en el documento original. De no ser así ¿cómo obtuvieron toda esa información? Los ciudadanos que pagamos por la integración de esas indagatorias, no las conocemos.
Incluso Álvarez Garín entregó en una sesión convenientemente dirigida por Pablo Gómez, al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, miles de documentos provenientes del AGN que sólo pudieron provenir de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), porque los integrantes del Comité del 68 jamás asistieron a consultarlos y ninguna otra instancia pudo hacer acopio de tal cantidad de información.
Ese tráfico de documentos explica que en 2008, Pablo Gómez publicara con Porrúa y el gobierno del Distrito Federal un libro de “su autoría”, financiado por los contribuyentes. En él acusa a Pablo González Casanova de “entenderse mejor con el gobierno que con los estudiantes radicales, con lo cual los dejaba sin la mínima protección institucional… se negó a hacer lo mínimo: publicar una inserción en los diarios para divulgar la versión estudiantil de los hechos sangrientos del Jueves de Corpus”.
La Femospp declaró indiciados a 70 personajes por los sucesos de 1968 y del 10 de junio de 1971, incluyendo a 22 generales del Estado Mayor Presidencial y de la Secretaría de la Defensa Nacional, como Enrique Cervantes Aguirre y Jorge Carrillo Olea. La mayor parte de los 70 sospechosos fueron señalados por el Comité del 68 en documentos entregados a la Fiscalía Especial por Raúl Álvarez Garín. La relación de nombres y su definición como indiciados fue confirmada a Milenio por Ignacio Carrillo Prieto, “salvo los casos de Jesús Reyes Heroles, que era responsable de la Comisión de Diálogo, y Pedro Ojeda Paullada, que sólo será invitado a declarar”.
En la relación figuraban Hermenegildo Cuenca Díaz, Jesús Castañeda Gutiérrez, Francisco Quiróz Hermosillo, Alonso Aguirre Ramos, Gonzalo Castillo Ferrara, y por supuesto, Carlos Humberto Bermúdez Dávila.
Me gustaría saber en qué momento el capitán Luis de la Barreda pasó a ser probable responsable de los hechos del 2 de octubre, ya que no fue mencionado en ninguna denuncia, ni siquiera en la de Rosario Ibarra de Piedra. O ¿por qué a pesar de que Miguel Nazar Haro era comandante en la extinta Secretaría Federal de Seguridad y no su titular, fue incluido en la denuncia del Comité del 68, que nunca especificó su participación de manera clara?
Posiblemente Ignacio Carrillo Prieto los inculpó en todas las consignaciones porque así lo decidieron las víctimas, todas vivas, del 68. Las pruebas no importaban, los dichos fueron determinantes.
›Raúl Álvarez Garín miente en su libro La Estela de Tlatelolco, el cual es un tratado de falsedades y prejuicios. En el caso del capitán Luis de la Barreda, contó de manera definitiva la animadversión que Carrillo le tenía, pues llegó más lejos que el exfiscal.
El proceso No. 272/68, abierto en el Juzgado 1 del Distrito Federal dice que 53 policías (preventivos, granaderos, del servicio secreto, de servicios especiales, patrulleros y montados) fueron heridos y algunos murieron. Gran parte de los lesionados presentaba graves quemaduras por bombas molotov. Otros informes señalan: “En la calle de Correo Mayor, la ambulancia número 5 de la Cruz Roja recogió a los granaderos Jorge Torres y otro no identificado”, que “fueron bañados de ácido, principalmente en la cara, por los estudiantes”.
A partir de las 12:00 horas, elementos de las prepas 1, 2 y 3 que sumaban 600, trataron de abrir la armería Llama ubicada en la calle de República de Argentina, haciendo replegar a los granaderos hasta Seminario; los estudiantes lanzaron piedras y ácido a los granaderos e inclusive se escucharon disparos con arma de fuego e insistían en abrir la Armería.
A pesar de la mitología que envuelve a Tlatelolco y el eterno lugar común de considerarlo “el parteaguas de la historia contemporánea”, un estudioso del tema afirmó: “El 68 no tuvo efectos inmediatos visibles. Por ejemplo no hubo costos electorales para el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el gobierno en 1970, pero al mismo tiempo muchas cosas empezaron a cambiar en la vida política del país. A pesar de todo, después del 68 no vino una reforma política incluyente, lo que vino fue un discurso de supuesta ‘apertura’ y las expresiones de la violencia guerrillera”.