Sabemos de las dificultades económicas que tiene el gobierno, no solo las derivadas de la pandemia, sino las que venía arrastrando desde antes y, sobre todo, con la política de la austeridad y de no endeudamiento, especie de karma del gobierno.
Con estos antecedentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó sus proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el 2021, en donde se reafirma su vocación de austeridad, pero, a la vez, se afirma que es para apoyar a los más pobres, lo cual está muy bien, el problema es que en algunas áreas no se cumple cabalmente con tal cometido. Concretamente me refiero a algunos programas del sector educativo en el nivel básico.
Una cosa es anular la reforma educativa del anterior gobierno y otra echar abajo programas que ayudaban a la gente más necesitada, principalmente a las niñas y niños de las zonas de pobreza del país. Esto es lo que pretende hacer la actual administración pública federal con el presupuesto enviado a la Cámara de Diputados.
Al analizar el Ramo 11, correspondiente a la Secretaría de Educación Pública, entre lo asignado al presente año con lo proyectado para el próximo se observa un incremento del 3.6 por ciento, lo cual parece bien, sobre todo tomando en cuenta la situación actual. Un dato importante es saber que más del 85 porciento del presupuesto se va a ir, vía subsidios directos, al sistema educativo y becas, lo cual reduce la participación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la dirección de la educación.
Algo que tampoco está claro es el por qué eliminan 14 programas que tenían un presupuesto de 10 mil millones de pesos. Entre ellos el de escuelas de tiempo completo, que este año tiene cinco mil 100 millones de pesos asignados. No sé si quiénes en la SEP y la SHCP tomaron la decisión de cancelar este programa habrán ido algún día a alguna de estas escuelas o, por lo menos, habrán leído el estudio realizado por el Coneval sobre ellas, para darse cuenta de lo que están haciendo.
El estudio dice, entre otras cosas, que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) atiende a las escuelas más marginadas y que uno de sus componentes sobresalientes es la provisión de alimentos a los estudiantes de jornadas de ocho horas, lo cual es parte fundamental de su desarrollo. También menciona que en materia de logro educativo se pudo comprobar una reducción de las tasas de repetición y rezago escolar, sobre todo en los estudiantes de primaria.
Se trataba de un programa tan prioritario que se elevó a mandato constitucional, por su importancia para reducir los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria de los alumnos; incluso, se consideraba un apoyo para las madres, quienes contaban con varias horas más para sus necesidades, mientras sus hijos se encontraban aprendiendo y comiendo algo nutritivo, en muchos casos, su principal comida del día.
El Coneval señaló que “el mayor impacto del programa ocurre con la disponibilidad mínima de recursos para poder implementar el servicio de alimentación” y, asimismo, destacó “la aparición de acciones para fomentar la convivencia escolar, la prevención de la violencia y la participación social”.
Sin duda, no todo es perfecto en el PETC, sin embargo, las evidencias nacionales e internaciones de programas parecidos confirman que los alumnos incluidos en ellos tienen mejor preparación para el futuro y, sobre todo, mejores condiciones de vida.
¿Será posible que los diputados hagan recapacitar al Ejecutivo y otorguen, cuando menos, los mismos recursos para la continuación de dicho programa? Si no, ¿qué les van a decir a los padres y a los propios alumnos que comían bien, por lo menos una vez al día? ¿qué se acabó el programa, sin más? Esto no es atender a los más pobres.