Como sucede todos los años, el informe que presenta el Auditor Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados provoca una serie de reacciones, ya sea en favor o en contra. También como pasa siempre, al cabo de dos o tres días se apagan u olvidan el informe y la nota en los medios de comunicación. En esta ocasión por razones de la pandemia, el último tramo del reporte del año 2019 fue extrañamente presentado el sábado pasado.
Al igual que en muchas otras ocasiones y temas en la actual administración, el presidente López Obrador comentó el asunto en la mañanera del lunes, y como también pasa a menudo, le dieron mal la información, por lo que expresó, refiriéndose al informe del Auditor: “Sí exagera y no solo eso. Están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar. Ojalá y lo hagan ellos, los de la ASF, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios... Espero aclaren”.
Independientemente de las correcciones que se tienen que hacer y que ha reconocido el auditor, el tema es que nadie le dijo al presidente que quienes necesitan aclarar son los servidores públicos involucrados en el informe y para ello tienen 30 días hábiles. Será entonces cuando veamos si los “otros datos” pueden derrotar a los que tiene la Auditoría Superior de la Federación.
Hay ejemplos muy claros que serán difíciles de aclarar por los servidores públicos, principalmente en los programas emblema de la actual administración, ya que es imposible modificar las acciones o los documentos, por más que quieran.
Si vemos los resultados del programa Sembrando Vida, tenemos que en un acuerdo, la propia secretaría estableció los lineamientos para la integración del padrón único de beneficiarios contemplando 70 campos y resulta que lo integró sólo con 37. Para ejemplificar basta con un solo dato: a casi 245 mil sujetos agrarios les otorgó 4,500 pesos mensuales, al menos en una ocasión, siendo que lo establecido en el programa eran 2,008 pesos. Yo particularmente no me opongo a que hayan recibido la cantidad errónea, lo que pasa es que la secretaría de Bienestar no está cumpliendo su función correctamente.
En el caso del Tren Maya, quizá el principal error fue desviar el objetivo fundamental del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) hacia la construcción de ese proyecto, ya que ni tenía la capacidad ni los elementos para hacerlo, y el mejor ejemplo es el informe del Auditor.
En el informe se constata que los servidores públicos del Fondo hicieron varias cosas no justificadas o indebidas. Una de ellas fue que realizaron la consulta indígena en un solo día, dejando fuera a más de la mitad de las comunidades de la península de Yucatán. Por eso vemos ahora las protestas permanentes de los pueblos indígenas a los cuales este gobierno dice defender.
En este caso, no sólo es el Congreso a través de la ASF, quien lo cuestiona, sino también el Poder Judicial, donde ya varios jueces han dado suspensiones temporales o definitivas a la construcción del tren. Quizás sería conveniente que tomando en cuenta lo que está ocurriendo, se repensara el proyecto. Lo peor es la reacción de culpar a los diarios de publicar malentendidos.
Era obvio que esto sucedería en esta administración, que nombró a funcionarios que seguramente son decentes y enemigos de la corrupción, pero que tienen nula capacidad para manejar asuntos e instituciones públicas. Además tuvieron a bien eliminar el servicio público de carrera, que les hubiera ayudado en cómo hacer las cosas.
El resultado lo estamos viendo, y a mi juicio, lo peor será que se mantengan en esta posición de soberbia y no acepten que se han equivocado. Bastaría que revisaran sus propias declaraciones en prensa y algunas de sus acciones. Y que recapacitaran, ya que en algunos casos estas equivocaciones no sólo han costado dinero, sino también vidas.
