Rumbo a la Reforma Electoral | Misión: deshidratar al INE

La antipatía del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) pasó del discurso a la acción.

Se puso en marcha una estrategia de Morena que incluye la colocación de piezas dentro del instituto, en la Cámara de Diputados y en la administración pública federal para restarle facultades al árbitro electoral y, en el largo plazo, menguar su autonomía, advirtieron a ejecentral fuentes al interior del órgano electoral.

La columna vertebral de la operación para deshidratar al INE es la reforma electoral que en estos momentos se analiza en San Lázaro. En la actualidad hay más de un centenar de iniciativas sobre la mesa, pero las que apoya el grupo mayoritario de Morena son aquellas que buscan apretar presupuestalmente al instituto, adelgazar el Consejo General, desaparecer los órganos locales y quitarle atribuciones fiscalizadoras, de vigilancia y de sanción a la autoridad central.

Para implementar el cambio hay una estrategia operativa. De acuerdo con fuentes cercanas al Consejo General del INE, al interior del organismo se ve con recelo la cuarteta integrada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, el consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña, el contralor Jesús George Zamora y el subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte Olivares.

› Los cuatro personajes, señalan las fuentes, trabajan de manera coordinada con el objetivo de empujar una agenda que pasa por erosionar institucionalmente al INE y, en última instancia, hacerlo manipulable.

“El pretexto es la austeridad, pero en el fondo hay un ánimo de revancha contra el instituto”, comentó uno de los informantes. “El objetivo final es torpedear la autonomía del INE y cooptarlo”.

El dato. En el año electoral de 2018, el INE contó con un presupuesto de 24 mil 215 millones 327 mil 986 pesos. Para 2019 sufrió una reducción a 15 mil 363 millones 37 mil 745 pesos.

Guerra declarada

El 1 de septiembre de 2018, algo tronó al interior del INE. Ese día, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votó a favor de dejar sin efecto una multa por 197 millones de pesos que el instituto le había aplicado al partido Morena por el presunto manejo político-electoral del fideicomiso denominado Por los Demás, que fue creado para ayudar los afectados de los sismos de septiembre de 2017.

El instituto no sólo había quedado mal parado por una investigación “defectuosa”, como la denominó el Tribunal Electoral, sino que había provocado la furia del partido de Andrés Manuel López Obrador, que para ese entonces era mandatario electo y le faltaban tres meses para asumir la Presidencia de la República.

“Vamos a revisar si hay condiciones para una nueva reforma electoral”, amagó al día siguiente Horacio Duarte, quien a principios de septiembre era representante de Morena ante el INE y además acababa de asumir como diputado federal por la vía plurinominal.

“Yo creo que con esta resolución se van dando elementos para un índice temático de cosas que deben cambiarse; por ejemplo, obliga a reflexionar sobre el trabajo de los consejeros del INE y de cómo hacen sus investigaciones”, dijo Duarte, en lo que perecía un amago directo a las cabezas del órgano electoral.

Duarte no sólo ha sido un leal operador electoral de López Obrador, sino que goza del afecto del tabasqueño, pues como presidente de la Sección Instructora que dictaminó el desafuero en 2005, defendió la inocencia del entonces jefe de Gobierno; además, durante el conflicto poselectoral de 2006, cuando era representante del PRD ante el IFE, presionó como nadie para abrir los paquetes electorales y recontar los votos.

Exalcalde de Texcoco, expresidente de Morena en el estado de México y exrepresentante del partido ante los órganos electorales del estado de México, Nayarit y Oaxaca, Horacio Duarte siempre tuvo claro que sus horas estaban contadas en San Lázaro, pues el 1 de diciembre de 2018, día de la toma de posesión de López Obrador, debía integrarse al gabinete presidencial como subsecretario del Trabajo, donde se haría cargo de conducir el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los productos insignia de la Cuarta Transformación.

Es decir, Duarte contaba con sólo tres meses para dejar hilvanada la reforma electoral con la que deseaba apretar tuercas en el INE y, al mismo tiempo, entrenar a su suplente, Sergio

Carlos

Gutiérrez Luna, quien a la postre se convertiría en el coordinador del grupo de trabajo encargado de analizar las decenas de iniciativas de reforma político-electoral en la Cámara de Diputados.

La carta de presentación de Gutiérrez Luna —un neomorenista que trabajó en Sonora, en el gobierno del panista Guillermo Padrés, como responsable de la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y que tenía como segundo de abordo al hoy consejero electoral Ruiz Saldaña— fue una demoledora iniciativa presentada en abril pasado en la que plantea, entre otras cosas, la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para ser sustituidos por “consejos locales”, cuyos titulares sean nombrados por la Cámara de Diputados y su aplastante mayoría morenista.

Adicionalmente, desde el 8 de septiembre, fecha en que se presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, Gutiérrez Luna ha sido uno de los principales críticos de los 12 mil 492 millones de pesos que el INE solicitó para el próximo año, que coincide con la puesta en marcha del proceso electoral de 2021, cuando se renueva la Cámara de Diputados y se eligen 15 gubernaturas.

El legislador de Morena ha dicho que se pueden recortar mil 900 millones si se ajustan gastos médicos, en telefonía celular, renta de automóviles, viáticos y viajes al extranjero. Los consejeros del INE, comenzando por el presidente, Lorenzo Córdova, han advertido que la realización de los comicios de 2021 está en riesgo si se llega a aplicar el recorte. Actividades tan básicas como la expedición de la credencial de elector no se podrían garantizar si se ajusta el gasto.

166,343 casillas se instalarán en todo el país para las elecciones de 2021, cuyo proceso inicia en septiembre de 2020.

Austeridad vs certidumbre

Para Luis

Carlos

Ugalde, exconsejero presidente del IFE (hoy INE), el uso de la austeridad como criterio principal en el análisis de una reforma electoral responde más a un interés político que ha un genuino deseo de reducir los costos de la democracia.

“¿La reforma electoral va a generar un bien colectivo? Esa es la pregunta relevante, y creo que quienes están viendo a la austeridad como el criterio supremo no están pensando en el bien colectivo, sino quedar bien con la propaganda del nuevo gobierno y ese es un interés de grupo, ese es un interés político, es un interés de la nueva administración”, aseveró Ugalde.

En entrevista con este periódico, el analista político expuso que “una reforma electoral se tiene que hacer pensando en cómo fortalecer a la democracia, cómo robustecer el pluralismo, cómo combatir la corrupción en el financiamiento de campañas, cómo hacer más fuertes a los partidos políticos, cómo mejorar la representatividad. Esos son los temas relevantes”.

En ese sentido, agrega, “la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Tener un sistema electoral austero significar fortalecer todo lo que acabo de mencionar o no? Esa es la prueba de ácido, pero esa pregunta no la está respondiendo nadie, porque quienes proponen la austeridad están partiendo del hecho de que la austeridad por sí misma es buena, y entonces están respondiendo a un catálogo de postulados políticos del presidente López Obrador y quieren insertarlo en la agenda electoral”.

Tras alertar que aprobar una reforma electoral que ponga la austeridad por encima de la credibilidad y la certeza sería un golpe a la democracia, Ugalde dijo que “muchos políticos están comprando la idea de que la austeridad debe ser la guía moral en la operación de los gobiernos y bajo ese esquema están queriendo adaptarse a este principio político del presidente AMLO, pero lo que se debe uno preguntar no es sí la austeridad es buen porque es austeridad, sino si la austeridad logra los objetivos superiores del sistema electoral”.

El pasado 20 de agosto, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador lanzó uno de los más duros calificativos contra el INE, institución a la que ha abominado desde hace 14 años, cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Días antes, el órgano electoral había ordenado retirar el nombre del Presidente de la República de los chalecos que portan los llamados “servidores de la nación”, quienes van de casa en casa promoviendo los programas sociales del gobierno federal. Al preguntársele si iba a acatar la indicación, el mandatario contestó:

“Sí. Si es eso lo que pide el instituto, desde luego que sí. Antes se usaba, no sólo el chaleco, sino el dinero del gobierno para comprar votos a favor de los partidos; es decir, había una política clientelar hace poquito, no hace mucho, y eso nunca lo vio el INE, pasó de noche, nunca hubo una sanción, estaban ahí, con todo respeto, no voy a decir la palabra que corresponde pero sí puedo decir que de adorno, de florero. Iba yo a usar una palabra más fuerte, pero ya no lo puedo hacer, ahora me tengo que estar autolimitando, pero a veces es tanta la hipocresía que sí calienta”.

El 19 de junio, el mandatario machacó sobre la institución que, desde su punto de vista, avaló el supuesto fraude de 2006 y durante mucho tiempo sirvió a la mafia del poder. “El sistema electoral es costoso, porque lo hicieron costoso para imponer la antidemocracia, simularon como en otros casos con aparatos onerosos, por eso cuestan tanto las elecciones en México.

Eso no pasa en otros países del mundo”, dijo en su conferencia matutina.

“El costo de las elecciones en México es de los más elevados en el mundo y es de los países con más antecedentes de fraudes electorales en el mundo. ¡Cómo crearon toda esta constelación de instituciones! Que si el instituto de la transparencia, que el instituto anticorrupción, que la manifestación de bienes, que no sé cuántas cosas. Y creció la corrupción en el periodo neoliberal como nunca”.

Al interior del INE se ve con recelo la cuarteta integrada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, el contralor Jesús George Zamora y el subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte Olivares.

Batalla. Consejeros del INE han dicho que reducir el presupuesto o politizar los órganos locales mina la certidumbre en los comicios.

Golpes bajos en el instituto

Desde el 3 de mayo de 2019, fecha en que rindió protesta como contralor del INE, Jesús George Zamora había mantenido un bajo perfil y se había abocado a hacer su trabajo: fiscalizar e investigar los ingresos, gastos y el patrimonio de la dependencia. Pero todo cambió el 17 de septiembre. Ese día, la nota de ocho columnas del diario El Universal fue “No hallan en el INE 320 autos, pero sí anomalías”, en la que se compila una serie de presuntos desórdenes administrativos.

›La divulgación de un informe preliminar del Órgano Interno de Control se produjo justo cuando la Cámara de Diputados se encontraba en análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 —que debe estar listo a más tardar el 15 de noviembre próximo y en el que prevalece la zozobra de un recorte al gasto del INE— y mientras los diputados discuten una reforma electoral, cuyo hilo conductor es la búsqueda de áreas para recortar gastos y compactar las atribuciones del instituto.

Además de los 320 vehículos extraviados —información que en las horas siguientes fue desmentida por el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo— el informe daba cuenta de 15 contratos por 9.9 millones de pesos en el rubro de Asesorías, Estudios e Investigaciones para realizar trabajos que, por norma, desde hacer el personal del instituto, así como servicios contratados que fueron entregados de manera extemporánea.

La filtración del informe del Órgano Interno de Control parecía una estrategia de comunicación encaminada a dar

combustible a aquellos que buscan justificar un recorte al presupuesto del INE —que el año próximo debe tener todo listo para que comience el proceso electoral de 2021— y a quienes plantean una reestructuración de las funciones del organismo, pues se trataba de un informe preliminar de investigaciones, en el que aún falta que las instancias auditadas presenten la información correspondiente que solventen las presuntas irregularidades.

Si bien el INE subió videos a sus redes sociales y emitió comunicados en los que aclara que los datos mostrados por el informe del OIC son preliminares, por lo que no se puede hablar de hechos consumados, al interior del Consejo General quedó la impresión de que el responsable de filtrar el documento para generar una ola de opinión desfavorable para el instituto fue el propio George Zamora.

“El nombramiento de George Zamora, que responde a los intereses de Morena y que es un incondicional de Horacio Duarte, cierra la pinza para estrangular presupuestalmente al instituto”, dijo a este semanario una de las fuentes cercanas al Consejo General del INE.

Sin mencionarlo por su nombre, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, no dejó pasar la oportunidad de ventilar el asunto y señalar la gravedad de la conducta en que incurrió contralor. Fue durante una gira en Cuernavaca, Morelos, el 3 de octubre pasado, cuando el funcionario advirtió: “Si un contralor se convierte en una correa de transmisión de un partido político, de una fuerza política, de una mayoría parlamentaria, de algún legislador o de un grupo de interés, se acabó la autonomía de la autoridad electoral que audita”.

Y más adelante añadió: “Un órgano interno de control que se preste a ser la punta de lanza a través de la cual se vulnera la autonomía de un órgano constitucional autónomo, como somos los electorales, es un órgano que está contribuyendo a socavar el principio democrático que se centra en la vigencia del principio de imparcialidad y de la independencia que deben tener los órganos electorales respecto de los actores políticos”.

96 millones de personas estarán en el padrón electoral para los comicios de 2021, por lo que serán los más grandes de la historia.

Un “morenista” en el Consejo General

Al interior del Consejo General del INE, el hombre fuerte de Morena para sacar adelante la operación es José Roberto Ruiz Saldaña, el único de los consejeros que ha hecho clic con el discurso de la austeridad del presidente López Obrador y se ha manifestado en favor de restarle facultades al instituto para que sólo se dedique a organizar elecciones, lo que implica despojarlo de funciones como la fiscalización de gastos, sanciones, monitoreo de medios, entre otras.

Sergio Gutiérrez Luna fue jefe de Ruiz Saldaña, cuando ambos eran funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés en Sonora, donde, según se consigna en la prensa local, dejaron a medias la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Ruiz Saldaña es el único consejero que está de acuerdo con Gutiérrez Luna y con el vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Pablo Gómez, —quien ha propuesto desaparecer el Consejo General del INE— en cuanto a la necesidad de una reforma electoral que reduzca presupuesto y estructura del órgano. “Sólo quienes protegen intereses inconfesables y privilegios, no quieren reforma electoral que salga de su control; saben que los cambios pueden alcanzar al INE”.

De igual forma, fue el único consejero que votó en contra cuando el INE decidió aplicar una multa por 197 millones de pesos debido a los malos manejos de un fideicomiso para apoyar a los damnificados por el sismo de septiembre de 2017.

“Si por defender la austeridad y que, en efecto, el INE cambie, porque hay muchos abusos, me quieren decir morenista, pues que me sigan llamando”, suele responder Ruiz Saldaña cuando se le pregunta si es el infiltrado de Morena en el Consejo General, en cuyo seno se le ha marginado de sumarse a las comisiones de trabajo, entre ellas la de presupuesto.

“Marco Baños y Ciro Murayama se sienten dueños del INE, pero lo que debe preocuparnos son las motivaciones que han de tener para mantenerme excluido de la comisión de presupuesto”, dijo en mayo pasado Ruiz Saldaña, quien ha tenido frecuentes roces con el consejero Baños.

En entrevista con ejecentral, Baños dijo que “el consejero Ruiz Saldaña, como integrante del INE, está en una obligación ética y jurídica de responder a la defensa de los intereses del instituto y, por consecuencia, en algunos temas donde él ha expresado apoyo directo a una determinada postura en la reforma electoral, nosotros le hemos hecho el señalamiento de que debe ceñirse más a las actividades institucionales, porque los consejeros electorales no defendemos partidos ni gobiernos”.

—¿Percibe usted un ánimo de debilitar al instituto por parte del gobierno federal?

—Me preocupa mucho que el gobierno haya utilizado un lenguaje denostativo para el instituto y haya aplicado calificativos a los órganos autónomos. Vimos recientemente cómo en el caso de la Comisión Reguladora de Energía se llegó a decir que no era necesaria y que además se cometían gastos excesivos porque se rentan oficinas; también vimos algunos posicionamientos en contra del Instituto Nacional de Transparencia o en el caso concreto del INE el adjetivo más reciente fue que ha sido un “florero” en otros gobiernos.

“Es totalmente inadecuado que el primer mandatario utilice ese tipo de expresiones para el INE, porque no estamos en un debate de la autoridad electoral con algún dirigente de partido o con alguno legislador. Se trata del primer mandatario, del jefe del Estado mexicano, y creemos que sus opiniones, sus dichos y sus calificativos generan percepciones sociales equivocadas”.

¿La reforma electoral va a generar un bien colectivo? Esa es la pregunta relevante, y creo que quienes están viendo a la austeridad como el criterio supremo quieren quedar bien con la propaganda del nuevo gobierno”. Luis Carlos Ugalde, expresidente IFE