El emrpesario Marcelo Odebrecht junto al exgobernador javier Duarte, de quien fue un inversionista consentido. Foto: ArchivoJair Avalos | Corresponsal Veracruz. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados federal hizo un exhorto al Congreso de Veracruz, a los ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río, Medellín y a Petróleos Mexicanos para que suspendan toda concesión de Odebrecht o sus filiales en el estado de Veracruz.
Aunque el punto de acuerdo es más amplio e incluye a cualquier ente federal, hacen especial énfasis en los contratos realizados con Odebrecht y sus filiales en Veracruz, Grupo MAS, Etileno XXI y Braskem Idesa.
“Se hace la proposición (...) de que cancelen cualquier contrato, concesión, proyecto de prestación de servicios y asociación público privada otorgados a la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias”, dice el documento firmado por el diputado vicepresidente de la Mesa Directiva, Jerónimo Ojeda Anguiano, y la Comisión de Transparencia.
En la sustentación del punto de acuerdo hacen alusión a que Odebrecht está siendo investigada en otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Argentina, Perú o Venezuela.
El punto legislativo señala que el proyecto Etileno XXI es realmente la apuesta fuerte de Odebrecht en México.
“La planta de Etileno XXI que Odebrecht construye en Veracruz (Nanchital y Coatzacoalcos). Constituye la inversión más grande de la firma fuera de Brasil, de unos 4 mil millones de dólares”, señalan los diputados.
Dentro de los puntos también se menciona la pequeña hidroeléctrica que Odebrecht intentó construir en el río Los Pescados, en Jalcomulco, mismo que fue detenido por los mismos ejidatarios y campesinos de la zona.
Además hacen alusión a la empresa mixta Grupo MAS que inició como una fusión entre la filial Odebrecht Ambiental y Aguas de Barcelona, mismas que prometieron integrarse al Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz que tenía personalidad jurídica y un patrimonio propio.
El ayuntamiento y la nueva empresa Grupo MAS suprimieron la existencia del sindicato de trabajadores del SAS por considerarlo costoso para la operatividad e iniciaron un conflicto con mil 300 trabajadores de Veracruz, Medellín y Boca del Río.
“Cuando se dio a conocer el proceso de licitación de una empresa público-privada, se tenía previsto dar a conocer el fallo a favor de una de las empresas el 20 de abril de 2016 (…) no fue sino hasta el 10 de junio”, aduce el texto.
La Comisión exhorta de igual manera a la Comisión Permanente y a la Auditoría Superior de la Federación a pronunciarse sobre el caso Odebrecht en México, “frente a los hechos de corrupción en los que, según las denuncias, están involucrados servidores públicos mexicanos”.
Los diputados mencionaron que tras las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2016 varios países latinoamericanos consideraron suspender los convenios o contratos con la empresa brasileña.
“Fue en agosto de 2014 que la ‘información aportado por Paulo Roberto Costa permitió establecer que grandes constructoras, entre ellas Odebrecht, entre 2010 y 2014 la empresa brasileña realizó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos en México para asegurar la adjudicación de contratos públicos’”.
Según la Comisión se señala los contratos más importantes de Odebrecht o sus filiales en México, “creadas en paraísos fiscales”, como el de la Refinería en Minatitlán, Veracruz por 289.5 millones de dólares; la Refinería en Tula, Hidalgo por mil 55 millones de dólares; Refinería de Salamanca, Guanajuato por un monto de 85.2 millones de dólares.
Los Gasoductos Los Ramones en Nuevo León por un contrato de mil 200 millones de dólares, el Trasfronterizo Quetzal (México-Guatemala) por 800 millones de dólares y finalmente el proyecto Etileno XXI que ya inició operaciones el 6 de abril de 2016 con un contrato por 2 mil 500 millones de pesos.
El punto concluye con la solicitud para la Autoría Superior de la Federación haga una investigación más exhaustiva sobre los contratos de Odebrecht en México. Aunque en varias licitaciones “señaló irregularidades en ellos”.
Y a los municipios de Veracruz y Medellín, porque Boca del Río creó su propia empresa, “cancelen la concesión otorgada a Odebrecht y a sus socios”.
Hasta el momento no ha habido respuesta por parte de los diputados locales, o los alcaldes de dichos ayuntamientos veracruzanos.