Un grupo de comerciantes establecidos en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Zaragoza han tramitado más de 80 juicios de amparo para evitar ser desalojados como parte de un programa de remodelación del gobierno de la Ciudad de México. Aunque los locatarios han conseguido la suspensión provisional, la advertencia de un operativo para desalojarlos sigue en pie para realizarse este 20 y 21 de enero. De acuerdo con el abogado de los comerciantes afectados, la intención de llevar a cabo el operativo para desalojarlos del paradero del metro Zaragoza, sin previa notificación legal y la pretensión del uso de la fuerza pública resulta un acto en el que “sólo pretenden favorecer a empresas y particulares con poder adquisitivo a partir de concesiones y en claro detrimento del grupo de vendedores quienes no cuentan con otra fuente de ingresos más que la venta de productos en dicho paradero”.
Además de la tramitación de más de 80 juicios de amparo por parte de los comerciantes, una carta firmada por José Leonel Andrade Alarcón, defensor de los vendedores, y a la que ejecentral tuvo acceso sostiene que la intención de ejecutar el programa por el cual se busca “el uso, aprovechamiento y explotación del inmueble en el que se ubica el Centro de Transferencia Modal Zaragoza para el desarrollo de la infraestructura urbana que tienda a elevar el bienestar y acceso de los habitantes de la Ciudad de México a los servicios públicos de transporte”, declaratoria publicada en 2014 por el gobierno capitalino, atenta contra una previa concesión otorgada a los comerciantes. Se trata de una asignación de local que en el año de 1992 obtuvieron los hoy quejosos a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que por el pago de 100 mil pesos , según el memorándum de ingreso firmado por el entonces gerente de recursos financieros del STC, dicho pago los facultaba para ejercer el comercio en dicho paradero desde ese año de manera continua en un carácter de comerciantes regulares y no como ambulantes, como según el abogado, se pretende justificar su expulsión del paradero.
“Al día de hoy se encuentran en tramitación más de 80 juicios de amparo tendientes a que los derechos de audiencia, legalidad, de trabajo, de ejercicio del comercio y al mínimo vital sean respetados por las autoridades señaladas como responsables se ha logrado la suspensión provisional para evitar ser desalojados, sin embargo, la autoridad ha señalado no importarle dicha suspensión, olvidando con ello que no se trata de una asunto político o social o meramente económico como lo pretende hacer ver, se trata del respeto a las resoluciones judiciales, situación que parece ser que no es de importancia”, acusa el defensor. De acuerdo con uno de los amparos indirectos por el cual uno de los quejosos solicita la protección de la justicia federal en reclamo de la suscripción, expedición y ejecución de la declaratoria de la concesión que pretende impactar la infraestructura urbana en el CETRAM de Zaragoza. Según el documento las autoridades que aparecen como responsables son: el Oficialía Mayor del Gobierno de la CDMX, la Secretaría de Desarrollo Social capitalino, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Movilidad, la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública de la ciudad y la Jefatura de Gobierno como autoridades ordenadoras de dicho programa.
Así como la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Seguridad Pública, la administración del CETRAM Zaragoza, y la Coordinación de los Centros de Transferencias Modal de la Ciudad de México señaladas como autoridades ejecutoras de dicho programa. En demanda de ser escuchados y para evitar la desocupación de sus locales, el pasado 5 de enero un grupo de comerciantes se manifestaron y bloquearon los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, portando pancartas en las que acusaban a dichas autoridades capitalinas de cometer “desacato judicial” por mantener vigente la amenaza de desalojarlos.