La Ley de Seguridad Interior que aprobó la Cámara de Diputados normaliza y regulariza la presencia del Ejército y la Marina Armada en las calles del país y pone en el limbo el reconocimiento de los derechos humanos, once años después de que el expresidente Felipe Calderón los desplegó para combatir al crimen organizado y has sustituido en miles a los cuerpos policiales, coinciden organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. A las voces del colectivo Seguridad Sin Guerra, que reúne a más de 250 organizaciones de la sociedad civil, que se dieron cita en el Congreso para seguir lo ocurrido y reportarlo por redes sociales se sumaron pronunciamientos por un mayor debate de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y Amnistía Internacional. En tanto, grupos internacionales como Open Society, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), urgieron al Congreso mexicano a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende.
Modelo de seguridad en México preocupante: ONU-DH
Jan Jarab, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que en lugar de legalizar las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se debía iniciar un regreso gradual de los militares a sus cuarteles y desarrollar políticas públicas que abonen más a la prevención que a la represión.
Nos parece que se necesita una reflexión sobre una posible salida de este paradigma y dar más fuerza a las policías a varios niveles, pero también se necesita dar mucho más enfoque en la dimensión preventiva, en la seguridad ciudadana, entonces privilegiar la protección de las vidas humanas y eso sí es algo que vamos a continuar impulsando cualquiera que sea el resultado de la votación en el Congreso (…) El problema no se resuelve al legislar (elementos) que petrifiquen el status quo. Lo digo con reserva del contenido (del dictamen), pero a nuestra oficina no le parece que en la forma que se propuso se dé un impulso para este cambio de paradigma”.
Agregó que desde la perspectiva de las garantías fundamentales, el actual modelo de seguridad en México, que considera el uso de las fuerzas armadas “es muy preocupante”, alertó al referir que con datos se ha documentado el que a partir de 2006 -cuando inició la guerra contra el crimen organizado- se multiplicaron las graves violaciones de derechos humanos.
La posición de la oficina del Alto Comisionado es bien conocida. Se necesita una reflexión inclusiva, honesta, pública sobre lo que funcionó y lo que no en el modelo de seguridad actual” añadió tras su participación en la presentación de un informe sobre la situación de la infancia en México.
Incluso, la oficina del Alto Comisionado recordó las palabras de Jarab en un discurso que dio respecto a legislar en seguridad interior en febrero pasado, que mantienen vigencia: Donde además señaló que “el concepto de ‘seguridad interior’ se asocia a un entendimiento de la seguridad propio de los regímenes autoritarios”, que se utilizan en referencia específica a la “seguridad del Estado” como ha dado cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Favorece uso discrecional de Fuerzas Armadas: CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió, desde antes de que iniciara el debate en la Cámara, en un fuerte posicionamiento, que la Ley de Seguridad Interior en términos planteados favorece el uso discrecional de Fuerzas Armadas para abatir violencia e inseguridad sin fortalecer a policías civiles, a quienes corresponden las tareas de Seguridad Pública. Aunque el ombudsman nacional Luis González Pérez señaló que primero debe revisarse el dictamen final aprobado y reconoció que la Comisión revisará la constitucionalidad de la legislación aprobada. Un comunicado previo dio cuenta de la postura del máximo órgano de los derechos humanos en el país. Esta propuesta, señala la CNDH, deja de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles; así como representa un riesgo para el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos. “La falta de acciones efectivas e integrales para el fortalecimiento de las policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno, las ha relegado a un papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas”, precisó la oficina del ombudsman nacional. Refirió que la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías, han hecho evidente el abandono por parte del Estado. La CNDH advirtió que esta ley mezcla las concepciones entre Seguridad Nacional y Seguridad Interna, lo que es solo unos potenciales riesgos para el respeto de los derechos humanos.
Mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”, precisa el documento.
Y por mencionar otros de los riesgos que precisa son múltiples y de diversa gravedad, advierte, la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.
Ley de Seguridad Interior, un retroceso: Amnistía
Amnistía Internacional México aseguró que la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados, y de la cual no se advierte un freno en el Senado, es un “retroceso”.
Hoy es un día de retroceso para los derechos humanos. Justificada en el marco de la seguridad nacional” señaló Tania Reneaum, directora ejecutiva en México.
Reneaum precisó que esta ley se ha apresurado, y los diputados y diputadas han aprobado un dictamen a pesar de las opiniones de expertos y del rechazo que hemos manifestado las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en peligro la vigencia de los derechos humanos en México, y mostrando poco interés de las autoridades por proteger a la ciudadanía”.
México debe hacer valer compromiso con DDHH que profesa
Organizaciones internacionales con un trabajo consolidado en justicia y derechos humanos como Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Open Society Justice Initiative (OSJI), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advirtieron que la Ley de Seguridad Interior tendrá un efecto de militarización que pondría en peligro importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México.
De esta forma, a menos que se fortalezca el sistema de justicia civil en México, estas reformas corren el riesgo de convertirse en “derechos de papel”, advierten.
En su posicionamiento demandaron al Congreso mexicano no avalar una ley que levanta “serias y fundadas preocupaciones” y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende ante la comunidad internacional e incluso aprovecharon para atender la demanda ciudadana de contar con una Fiscalía autónoma.
El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos”, precisaron.
Las organizaciones que incluyen también a Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Conectas Direitos Humanos; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); Robert F. Kennedy Human Rights y World Organisation Against Torture (OMCT) señalaron que el Fiscal y la Fiscalía son herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada que priva en el país. El debate a cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles, sostiene la postura de los órganos internacionales. Entre las reformas que quedan vulnerables con esta nueva ley, señala, la reforma del sistema penal acusatorio, del 2008; la reforma de derechos humanos, del 2011 y la reforma del 2014, que restringió el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles. Los firmantes advierte que formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina.
Nos meten al fondo del pozo: Morera
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, advirtió que esta ley nos mete más al fondo del pozo del que queremos salir, ante la grave situación de violencia e impunidad que vive México.
Lo que tendríamos que hacer es una ruta crítica en la que el Ejército se salga paulatinamente en 3 o 5 años, en lo que hace que las policías funcionen”
Ley de Seguridad Interior, agregó, va a perpetuar el problema que hoy ya tenemos. “Hoy nos quieren dejar de por vida a los militares en la calle”, señaló. El colectivo Seguridad sin Guerra, que reúne a 250 organizaciones y 200 ciudadanos, exigió que el dictamen no se aprobara pues no resolvería los índices de violencia en el país. Fundar evidenció que tan solo ante la CNDH hay 10 mil 404 quejas que señalan a soldados como autoridad responsable de ellas.
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