CIDH pide a México “tomarse en serio” protección a periodistas y defensores de derechos humanos

Ante el incremento de agresiones y asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a “tomarse en serio” el tema y redoblar esfuerzos para garantizar su protección.

En el marco de la audiencia pública del 189 Período de la CIDH, solicitada por el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancias internacionales reconocieron que, pese al aumento de recursos para atender el número de personas beneficiarias del mecanismo, estas se han triplicado, al igual que las amenazas en su contra.

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“Quisiera exhortar al Estado (mexicano) a tomarse en serio los datos y las deficiencias, las trabas burocráticas, por ejemplo, en la coordinación entre el nivel federal y los diversos estados y las lagunas, los déficits de protección de este mecanismo de protección y mejorarlo, porque los datos siguen hablando y es imposible tapar el sol con las manos”, señaló el comisionado, Carlos Bernal Pulido, presidente de la audiencia.

En la audiencia celebrada este miércoles, integrantes del Consejo del Mecanismo de Protección señalaron las deficiencias que persisten en materia de prevención, protección y acompañamiento de las víctimas, ante la falta de una “política de estado integral” que garantice el derecho de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Aunado a ello, los representantes de la sociedad civil y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaron que las condiciones de impunidad y estigmatización se mantienen como factores de riesgo para garantizar la seguridad de las personas defensoras y periodistas en México.

“Pese a los distintos llamados a las instancias nacionales e internacionales para dar fin a la impunidad contra agresiones hacia personas defensoras y periodistas la autoridad sigue teniendo una deuda pendiente (…) A esto se suma que desde la llegada al actual gobierno federal ha sido una constante la estigmatización a periodistas y personas defensoras que han manifestado una posición crítica ante el ejecutivo federal o alguna de sus acciones”, subrayó Lucía Lagunes Huerta, integrante del Consejo Consultivo.

Riesgo latente

En ese sentido, Jesús Peña Palacios, oficial a cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, subrayó que, “en México quienes defienden nuestros derechos y nos informan corren el riesgo de sufrir ataques que van desde campañas de desprestigio hasta desapariciones o asesinatos en concreto”.

Señaló que, de 2019 a la fecha, las Naciones Unidas han documentado al menos 103 asesinatos de personas defensoras, 41 de periodistas y siete trabajadores de medios, por su posible relación con su labor.

Aunado a ello, 38 personas defensoras o periodistas fueron desaparecidas, y aunque 25 de ellas recuperaron su libertad, 13 siguen desaparecidas, dos tercios de estas 189 víctimas, refirió, habían sufrido incidentes previos y el 30% habían presentado formalmente denuncias que no fueron adecuadamente consideradas y tratadas.

Desafíos por delante

Estos fueron los principales desafíos que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México impactan en la capacidad del Estado mexicano para garantizar la protección de los periodistas y defensores:

• Dificultades para incorporar a personas relacionadas con casos colectivos que estaban en riesgo
• Implementación inadecuada o parcial de diversas medidas, lo que explica en gran parte la persistencia de ataques contra personas beneficiarias del mecanismo
• Desafíos para atender con perspectiva de género y enfoque diferenciado a grupos en situación de mayor vulnerabilidad
• Limitada atención a las causas que generan el riesgo a través de acciones de políticas de prevención y de lucha
• Es necesario fortalecer las campañas públicas de reconocimiento de la legítima labor de las personas defensoras y periodista, cesar los discursos que desprestigian su labor.
• Desarrollar medidas disciplinarias para prevenir agresiones por parte de servidores públicos que constituyen el 55% de los presuntos agresores identificados
• Impulsar la adecuada y activa participación de todas las instituciones que componen la junta de gobierno y seguir fortaleciendo la corresponsabilidad institucional y la creación de mecanismos de protección en las 32 entidades del país.

En representación del Estado, Nancy Desiderio Noyola, coordinadora de los casos ante Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sostuvo que el gobierno ha implementado “medidas concretas” en la materia, y aunque aseguró que, “aún queda mucho por hacer”, refirió que el gobierno está comprometido “a seguir trabajando incansablemente para mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país”. JND

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