El 1 de abril de 2022 inició el nuevo modelo de salud para la población que no cuenta con alguna afiliación a instituciones de seguridad social, mismo objetivo que tenía el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ahora por medio del programa IMSS-Bienestar. Se anunciaron tres principales necesidades: equipos, infraestructura y personal médico.
En 2020, el total de población sin afiliación a Instituciones de Seguridad Social (ISS) fue de 73 millones 863 mil 941 personas que demandó servicios de salud de los Servicios Estatales de Salud (SESA), en los cuales ninguna entidad federativa alcanzó el promedio nacional en número de médicos, personal de enfermería y número de camas.
Estas carencias físicas se reflejaron en la tasa de atención de 20.3% que indica que ocho de cada diez personas que tuvieron alguna necesidad de salud y no están afiliadas a alguna ISS, no recibieron atención en los SESA.
A las carencias de recursos físicos y humanos, se suma la falta de recursos económicos. A nivel nacional, el 10.9% de todo el gasto se destina al sector salud. De manera particular, los estados destinan entre el 3.9% y el 17.8% de su gasto estatal a salud.
Estas diferencias se ven reflejadas en los indicadores de desempeño, entre ellos, el gasto de bolsillo de los hogares que oscila entre 3 mil 832 y 7 mil 310 pesos, en un rango que va de 4.9% a 40.6% del gasto total en salud.
Este tipo de gasto de los hogares puede conducir a gasto catastrófico o empobrecedor y puede arriesgar la estabilidad de la economía familiar. Un gasto de bolsillo elevado se asocia a un sistema público de salud que no responde a las necesidades de la población.
Mientras que el IMSS o ISSSTE obtienen sus recursos de las Cuotas a la Seguridad Social (CSS), los recursos que las entidades federativas destinan a sus sistemas estatales de salud se componen de recursos propios y recursos que la Federación transfiere a los estados.
De 2015 a 2019, el presupuesto total para los SESA se contrajo en 5.5 por ciento.
Esta caída se dio como resultado de un aumento de 19.1% en las fuentes estatales y una caída de 10.1% de los recursos federales; la participación del presupuesto estatal se incrementó de 12.6% a 22.9%, en cambio el presupuesto que provino de fuentes federales redujo su participación de 87.4% a 77.0 por ciento.
Lo anterior refleja la falta de inversión del sector salud a nivel federal y las necesidades crecientes que los estados podrían estar identificando.
Sin embargo, el aumento en la inversión estatal no es generalizada, 23 entidades federativas destinan, en términos per cápita, menos de lo que reciben por el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán cuentan con un gasto per cápita mayor proveniente de recursos propios que los que reciben por FASSA.
Para avanzar en términos de cobertura universal, los SESA requieren, al menos, lo equivalente a 1.1% de PIB nacional. A nivel subnacional la brecha presupuestaria va desde 0.42% del PIB en Baja California Sur hasta 7.2% del PIB en Chiapas.
Es necesario discutir el esquema de cofinanciamiento: federal, estatal e individual. Las cifras de capacidad física y humana, y las desigualdades de recursos disponibles para la atención de la población sin afiliación a instituciones de seguridad social hacen urgente el aumento de recursos destinados a este grupo de la población.
Se puede consultar mayor información sobre los Servicios Estatales de Salud en las siguientes investigaciones:
https://finanzaslocales.ciep.mx/