Los llamados “servidores de la nación”, ese ejército de al menos 20 mil empleados del gobierno federal que en 2018 se desplegó por todo el país para promover el voto en favor de Andrés Manuel López Obrador y que desde el inicio de la presente administración se encarga de hacer padrones de beneficiarios de los programas sociales y entregar apoyos, están en la mira de las autoridades electorales.
La encargada de lanzar la señal de alerta sobre el uso político-electoral de los “servidores” fue la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, quien la noche del miércoles lanzó una serie de hilos en Twitter sobre los riesgos que implica la movilización de estos funcionarios en los próximos comicios.
“Considero necesario dimensionar el hecho de que las personas llamadas ‘servidores de la nación’ actúen en representación de un partido en el desarrollo de cualquier jornada electoral, quienes, con un impacto cercano a la ciudadanía, podrían alterar la libertad de sufragio”, escribió la funcionaria.
Las advertencias de Otálora se produjeron después de que el TEPJF avalara el triunfo del morenista Américo Villarreal en las elecciones para la gubernatura de Tamaulipas. Uno de los argumentos de la oposición para impugnar los resultados fue, entre otros, el papel de los “servidores de la nación” como funcionarios de casilla durante la jornada electoral.
Si bien el partido no pudo acreditar ante el tribunal que los funcionarios orquestaron una operación electoral, la magistrada Otálora advirtió que el tema debe debatirse y llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a tomar cartas en el asunto, pues las “fuerzas territoriales” de la 4T podrían influir en los electores y alterar la equidad en las contiendas.
“Considero que, para dar certeza, el @INEMexico debería emitir lineamientos para garantizar que las personas servidoras públicas y en especial, quienes participen en la ejecución de programas sociales, con independencia de su posición jerárquica, no puedan ser representantes de partidos ni personas funcionarias de casillas. Con lo que también quedaría vinculado el Instituto para vigilar que no surjan esas coincidencias que puedan afectar la voluntad de la ciudadanía”, expuso la magistrada.
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