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Jonathan Nácar

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició tres nuevos procedimientos administrativos sancionadores sobre el caso de la constructora brasileña Odebrecht, los cuales se prevé que, a un mes de que concluya la actual administración, se pueda contar con alguna resolución al respecto.

A la fecha, la dependencia encabezada por Arely Gómez González ha emitido ocho resoluciones sancionatorias en este caso, cuatro de ellas han sido en contra de la empresa; dos sanciones fueron en contra de un servidor público de Pemex por haber autorizado pagos excesivos por más de 119 millones de pesos; y dos resoluciones más en contra de representantes legales de la constructora señalada por corrupción y millonarios sobornos que vincularon a funcionarios den al menos 15 países.

En entrevista luego de un encuentro entre la titular de la Función Pública y medios de comunicación, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, titular de la Coordinación General de los Órganos de Vigilancia de Control, aseguró que en el caso de Odebrecht se han impuesto dos sanciones económicas como parte de los procesos en contra de la constructora por arriba de los mil 086 millones de pesos, las cuales, destacó han sido, históricamente, las más altas que ha hecho la secretaría.

«Tenemos dos sanciones más en contra de un servidor público de Pemex y dos más en contra de representantes legales de la empresa. También quiero informarles que tenemos iniciado ya, al día de hoy,  tres procedimientos administrativos sancionadores nuevos, y yo calculo, por los tiempos, esperamos que antes de que concluyamos nuestra gestión podamos tener una resolución», sostuvo.Ramírez Gutiérrez se reservó mayores detalles respecto a los tres nuevos procedimientos a los que hizo referencia debido a que al tratarse de un proceso deliberativo, estaba impedido jurídicamente para proporcionar más información; respecto a otras indagatorias de impacto mediático como lo son el caso de la llamada estafa maestra y el socavón en el Paso Exprés de Morelos, el funcionario aseguró que los detalles de dichos casos se ha informado al equipo de transición dentro del ámbito del marco legal que les permite este periodo de transición.

Transmitimos resultados; no hay impunidad en casos relevantes

En ese sentido, el encargado de vigilar los Órganos Internos de Control (OIC) aseguró que más allá de heredar dichos casos al próximo gobierno, «se los transmitimos ya con resultados. La Secretaría de la Función Pública no ha sido pasiva en estos tres temas, hemos tenido resultados, insisto, en el tema de Odebrecht, no sólo han sido las ocho sanciones a las que ya me refería, ni los tres procedimientos que vamos a dejar avanzados, sino hemos llevado a cabo acciones para ejecutar las sanciones económicas. Conseguimos que el SAT trabara embargos a favor de las cuentas por cobrar de la empresa brasileña y esto permitirá que, eventualmente, el gobierno entrante pueda recuperar gran parte del dinero que nosotros impusimos a título de sanción económica».

Referente al caso de la estafa maestra, reiteró que como parte de acciones preventivas que en su momento detectó la SFP, se logró la reducción en el monto de los contratos que a suscrito la Administración Pública Federal con las universidades, al pasar de los 13 mil millones de pesos de 2013, a los poco más de 2 mil millones de pesos en 2017. Mientras que en la parte correctiva, recordó la sanción a 17 servidores públicos, y 14 más se aún encuentran sujetos a procedimiento administrativo.

Cuestionado sobre las indagatorias abiertas al respecto, refirió, «tenemos expedientes abiertos, hemos trabajado mucho de la mano con la Auditoría Superior de la Federación (…) tenemos investigados a los mismos servidores públicos, las mismas conductas, las mismas universidades, e incluso nosotros, como parte de nuestras investigaciones, recientemente, hace unos meses, inhabilitamos a Radio y Televisión de Hidalgo, que fue uno de los entes públicos involucrados y le impusimos una sanción económica».Christian Noé Ramírez destacó que, «como resultado de las acciones preventivas, la reducción en el monto de los contratos y 17 sanciones. Las dos últimas fueron dos inhabilitaciones a servidores públicos de Sedesol y se les impusieron sanciones económicas a uno por más de 210 millones de pesos y a otro por más de 373 millones de pesos».

En el caso de la investigación por el Socavón, informó que además de las sanciones impuestas, se revisó también la participación de empresas, así como la intervención de los servidores públicos y, al día de hoy, se tenía concluidos todos los procedimientos.

¿Paso Exprés ya es un caso cerrado?, se le cuestionó:

«Nosotros agotamos la investigación en el ámbito de los hechos que conocimos al momento de que ocurrieron los fallecimientos. Hemos emitido ocho resoluciones sancionatorias, siete en contra de servidores públicos de SCT y una más de Conagua, desde luego, agotamos todas las líneas de investigación e, insisto, los hechos que tuvo conocimiento la Secretaría de la Función Pública, se agotaron y fueron sancionados. En materia administrativa ninguno de los tres casos (Odebrecht, Paso Exprés y estafa) ha quedado impune.

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