El Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México se encuentra en terapia intensiva. Este 2024 no le asignaron recursos públicos, desde hace diez meses renunciaron todos los integrantes del comité ciudadano por la falta de apoyos y está en curso un nuevo amparo para que se hagan los nombramientos pendientes.
Con esto, la capital viola un ordenamiento constitucional, ya que todas las entidades deben tener un sistema anticorrupción que establezca las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, además de definir políticas públicas locales en el combate a la corrupción, la fiscalización y el control de los recursos públicos.
La Ciudad de México es la única entidad que no ha iniciado su política anticorrupción, ante un Sistema incompleto, sin acuerdos y que este año no tiene recursos públicos etiquetados porque el jefe de gobierno, Martí Batres no lo consideró en el Proyecto de Presupuesto, ni los diputados locales corrigieron la falta.
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El Sistema está conformado por instituciones de combate a la corrupción de la capital, además de un órgano clave: el Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por cinco ciudadanos especialistas en transparencia y rendición de cuentas. Quien preside el CPC también encabeza al Sistema.
Sin embargo, desde el 16 de febrero de 2023 no hay CPC tras la renuncia de los integrantes, al acusar nulo respaldo de las autoridades y ahogo financiero, no sólo porque no había presupuesto para sus labores, sino porque nunca les pagaron sus honorarios.
Este 2024, se lleva a cabo un juicio de amparo indirecto promovido por Eduardo Rusconi, socio de Rusconi & Sauza, S.C., ante la falta de convocatoria para la elección del Comité de Participación Ciudadana.
La demanda fue admitida el 21 de noviembre pasado por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se exige al Congreso de la Ciudad de México que emita la convocatoria para elegir a los integrantes del Comité.
De acuerdo con una tarjeta informativa que el despacho hizo llegar a ejecentral, se busca que el Congreso rinda un informe justificado, en el explique la razón por la que ha omitido la convocatoria desde febrero del año pasado.
Además se critica la falta de asignación presupuestaria para el sistema que combate la corrupción en la capital.
“Esta omisión plantea cuestionamientos respecto a la intención del gobierno capitalino de mantener en funcionamiento el sistema durante 2024”, precisa la tarjeta.
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