Sobreprecios y hasta falsificación de documentos, anomalías durante Covid-19
La Secretaría de la Función Pública deberá investigar 15 expedientes que ya fueron presentados por la ASF, ante estas posibles irregularidades

Durante la atención de la pandemia por Covid-19 en 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), en convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), inutilizaron y adquirieron material médico a sobreprecios; emitieron pagos sin justificar a personal médico y alteraron documentos fiscales.
En la tercera entrega de revisión de la cuenta pública de 2020, la Auditoría Superior de la Fiscalización (ASF) determinó un posible daño al erario por parte de la Sedena por 27 millones 473 mil 800 pesos por pagos de nómina injustificados, monto que aún podrían ser aclarado.
En 2020, la Sedena erogó seis mil 927 millones 774 mil 900 pesos en la atención de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. En la ejecución del gasto, la ASF detectó una serie de posibles anomalías: “se cubrieron pagos del personal de salud y mano de obra calificada contratado para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 por 27 millones 473 mil 800 pesos que no se encuentran soportados en nóminas”.
Además, reportó la falta de 27 recibos de pago que permitan acreditar la remuneración de 20 personas contratadas como personal eventual, por un monto de 190 mil 600 pesos, durante el periodo de abril a diciembre de 2020.
“En la adquisición de ocho unidades manejadoras de aire de 15 T.R. doble pared para exteriores (calor/frío), por 15 millones 108 mil 700 pesos, la empresa adjudicada, después de haber instalado cinco de las ocho unidades contratadas, notificó a la Sedena que las unidades entregadas y ya instaladas eran de especificaciones diferentes y de precios menores respecto de lo establecido en el contrato principal”, se señala en el informe.
Y añade: “No se realizaron las gestiones para el cobro de las penas convencionales por 103 mil pesos por la entrega de 7 mil 125 materiales fuera de los plazos establecidos en el contrato número DN-10 SASM-037/INSABI/2020”.
En tanto, la Sedena también autorizó la celebración de ocho contratos a fin de equipar un hospital sin considerar el tiempo que se emplearía para su remodelación, lo que ocasionó que los bienes permanecieran sin uso entre seis y 10 meses, establece la auditoría.
Recomendaciones de la ASF
Por estas observaciones, la ASF determinó emitir cinco recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, dos solicitudes de aclaración y cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, que deberá atender la Secretaría de la Función Pública.
El ente fiscalizador también encontró anomalías en las compras realizadas por la Sedena, que ejerció 932 millones 703 mil 800 pesos en la atención de la contingencia sanitaria en 2020.
Las observaciones se presentan principalmente en los procedimientos de la adquisición de material médico. En tres procedimientos de adjudicación se identificó que los bienes que las empresas ganadoras vendieron a la Semar fueron adquiridos con otras compañías que también participaron en los mismos procedimientos de compras.
“La adjudicación de contratos fundamentada en la distribución exclusiva de una marca de bienes, no obstante que no se contaba con tal exclusividad.
Investigaciones de mercado que no se encontraron soportadas documentalmente con las fuentes de información consultadas y los requisitos para su elaboración; no se realizaron investigaciones de mercado adecuadas, lo que originó que la Secretaría de Marina no pudiera obtener precios menores a los pagados consecuencia del intermediarismo de las empresas adjudicadas y personas físicas con las que los adquirió”, se expone en el informe.
Irregularidad con empresas
Otra de las irregularidades señalada es que la Semar contrató empresas con el objeto social que no correspondía con los productos a adquirir y carecían de capacidad técnica y económica.
El ente fiscalizador también encontró “folios de las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales que no coinciden en las fechas en las que tiene registrada la autoridad fiscal, por lo que se presume que dichos documentos fueron alterados con la finalidad de presentar la información requerida, o bien, para ocultar su situación fiscal”, se detalla.
“La falta de aplicación de sanciones por la cancelación parcial o total de bienes y falta de modificación de los instrumentos jurídicos con la finalidad de formalizar la prórroga para la entrega de los bienes”, añade el documento dado a conocer este domingo.
Por estas anomalías detectadas, la ASF emitió una recomendación, tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, a cargo de la Función Pública.
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