Francisco Pazos
Casi seis mil proyectos inmobiliarios se construyeron en la Ciudad de México durante los últimos cinco años a pesar de haber sido denunciados ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) por incurrir en diversas irregularidades.
Edificios que no respetan los niveles máximos de altura o que alteran la factibilidad de servicios básicos como el agua potable y drenaje o desarrollos de plazas comerciales que colapsan la movilidad de colonias enteras han sido denunciados, principalmente por vecinos ante las autoridades del gobierno de la Ciudad de México sin que medie una sanción.
De acuerdo con una investigación hecha por la organización no gubernamental Impunidad Cero, la facilidad con la que se violan las leyes y reglamentos de desarrollo urbano y construcción en la capital, y la corrupción que se enquista principalmente en las administraciones delegacionales afecta la calidad de vida de miles de vecinos y la inversión en infraestructura.
Tan sólo el año pasado, la PAOT recibió mil 271 denuncias dirigidas en contra de desarrollos de vivienda y comerciales que violaban los usos de suelo autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Ninguno de estos casos ha derivado en la sanción de funcionarios o particulares.
Aunque la PAOT reconoce la existencia de cinco mil 876 denuncias vinculadas al uso y aprovechamiento ilegal del suelo, entre 2012 y 2016, organizaciones vecinales como Suma Urbana y Vecinos Unidos han denunciado la existencia de al menos siete mil casos de construcciones y obras irregulares repartidas en las mil 800 colonias de hay en la Ciudad de México.
Luna Mancini, coordinadora general de Impunidad Cero, reconoció que la falta de claridad de la normatividad y la discrecionalidad con la que las delegaciones aplican la ley deriva en que “en particular en esta investigación, la impunidad y la corrupción van de la mano”.
Al respecto, Federico Reyes Heroles, presidente de Impunidad Cero, señaló que la falta de una estructura de gobierno eficiente que establezca claramente las facultades de las delegaciones, la Seduvi, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y todas las dependencias de gobierno que intervengan en el proceso de autorización, verificación y sanción del desarrollo urbano, abona a que las malas prácticas sean constantes en estos procesos.
“Estos no son juegos, alguien tiene que resultar responsable de esto, si hay un hundimiento en una construcción, quién hizo la mecánica de suelos de ese proyecto, hay ingenieros responsables de obra, alguien es responsable”, dijo Reyes Heroles.
“Si uno revisa la normatividad parece que cada caso está supervisado por personas responsables, en teoría no debería de ocurrir esto, debería de haber un señalado, pero no hay señalados”, agregó.
Los casos de irregularidades en proyectos de desarrollo inmobiliario que recibió la PAOT durante 2016 se concentraron en las delegaciones Cuauhtémoc, con 517 denuncias, y Benito Juárez, en la que se iniciaron 480 casos, dos de las demarcaciones con mayor densidad de la capital. A estas, le siguieron las delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero con 350 y 323 denuncias respectivamente.
Las denuncias quedan impunes, como apuntan los grupos vecinales, ya que la PAOT no tiene facultades para sancionar y en las delegaciones hay tan “poca transparencia” y discrecionalidad en la aplicación de la ley que los actos de corrupción quedan sin castigo.
Sin embargo, aunque la ruta de la corrupción apunta a los gobiernos delegacionales, Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, acotó que a este nivel sólo le corresponde otorgar manifestaciones de construcción, ya sean A, B, C o especial; sin embargo, los usos de suelo los define el gobierno central en los planes de desarrollo urbano e incluso la Asamblea Legislativa que también ha cambiado estas determinaciones.
“El problema es que no existe un diseño institucional de coordinación, sino de distracción de facultades y de echarse la bolita de unos a otros. Creo que es más fácil entenderlo así a que sea culpa del jefe de Gobierno o de los delegados”, expuso.
Tapia agregó que existen barreras que han impedido crear diseños institucionales que sean efectivos y transparentes para evitar la corrupción inmobiliaria, sin embargo, apuntó que “Seduvi está súper capturada en estos momentos” por intereses inmobiliarios que no permiten dar una solución a la problemática.
Sin embargo, en la corrupción que envenena el desarrollo urbano de la ciudad, los desarrolladores también son víctimas de malas prácticas de funcionarios delegacionales que extorsionan a los empresarios para entregar en tiempo las manifestaciones necesarias o para evitar suspensiones o clausuras injustificadas.