La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que continúa la investigación sobre el programa de vigilancia conocido como Pegasus, adquirido en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Recordó que Pegasus es una plataforma de origen israelí adquirida en 2014 a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y la licencia venció en 2017 sin que se renovara posteriormente.
En un comunicado, expuso que la indagación continúa abierta por la adquisición del sistema Pegasus y su posterior destino, la cual obra en la indagatoria (FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017) a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).
Además la SSPC coopera con la FGR al aportar toda la información necesaria a efecto de contribuir al esclarecimiento de este asunto, a fin de sancionar a los responsables que hubiesen incurrido en irregularidades o
delitos.
Anotó que, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el sistema fue adquirido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), institución que fue obligada a desinstalarlo por instrucción del INAI en virtud del cúmulo de quejas que se recibieron sobre el uso discrecional que se le dio.
“Vale la pena aclarar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como sus organismos desconcentrados como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional, no cuentan con el servicio del sistema Pegasus.
“En ningún momento se ha hecho uso de las herramientas de vigilancia que posee dicho software, ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no renovar la licencia de operación”, agregó.
Sostuvo que la actual administración se ha conducido de manera congruente con sus convicciones y principios, además de que seguirá cumpliendo con el compromiso irrenunciable de abandonar toda práctica de espionaje político o de intimidación de posibles adversarios con esquemas de vigilancia.
En la actualidad, los servicios de inteligencia se emplean de forma legal y transparente, sólo en beneficio de la seguridad de la población y con respeto a los Derechos Humanos, aseguró.
