Han transcurrido ocho años del ataque y desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero. Sin una sola persona sentenciada y la incertidumbre de saber realmente qué fue lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los testigos ‘protegidos’ de la FGR resultan el principal obstáculo para esclarecer el caso.
De acuerdo con las versiones que al menos 13 de esos testigos de identidad reservada, en su mayoría se trata de integrantes del grupo criminal de Guerreros Unidos que tuvieron participación directa en el crimen, rindieron a la Unidad Especial en Investigación y Litigación de la FGR para el caso Ayotzinapa, resultan dicho contradictorios, imprecisos e incluso hasta falsos.
En estos interrogatorios a los que Eje Central tuvo acceso, recabados por las autoridades entre 2020 y 2022, resulta evidente la diferencia de hechos en tiempo, modo y lugar, respecto con la cronología de los hechos que fueron documentados por los videos y testimonios de las propias víctimas y ciudadanos, tal y como en su momento lo documentaron con pruebas periciales la CNDH o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
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Los expedientes se han integrado, en su mayoría con esos testimonios que resultan de oídas, sin que se soporten con otras pruebas, como videos, reconocimientos fotográficos, reconstrucción de hechos o dictámenes periciales.
Dentro de la serie de hechos que resultan contradictorios a partir de las declaraciones de estas personas, como es el caso del testigo de nombre clave para la FGR “Juan”, que se trata del exjefe de Guerreros Unidos, Gildardo López, así como de otra persona identificada con el alias de “Carla” difieren incluso en los horarios en que ocurrieron los hechos según testigos y videos.
Al respecto, el testigo “Juan” señala que: “sé que las personas (estudiantes) que fueron detenidas desde las 9:30 de la noche hasta la una o dos de la mañana ya del 27 de septiembre de 2014, por parte de las autoridades municipales, estatales, federales y militares, debieron entregarlos a la policía municipal”.
Esa versión de Gildardo alias “El Gil”, señalado como autor intelectual de la desaparición de los jóvenes, se contrapone con lo dicho por el testigo “Carla”, quien refiere básicamente que era el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda quienes garantizaban la protección de Guerreros Unidos y ubica a policías municipales como los principales perpetradores.
Sin embargo, informes de la Defensa Nacional proporcionados a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que preside el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas contó otra versión de la supuesta entrega de los estudiantes, en la que el testigo “Juan” se excluye de toda participación en esos hechos.
Y es que según los datos del centro Militar de Información evidenció parte de las presuntas conversaciones que tuvieron entonces, Gildardo López y el entonces subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien, aunque sí es mencionado por “Juan”, según el informe de la Sedena fue El Gil quien le ordenó al mando policial que les entregara a los estudiantes.
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“Pásame unos por el camino a Pueblo Viejo, yo los recibo (…) Verga suéltelos tengo unas camas para aterrizlospaseme los detenidos”, exigió Gildardo a Valladares.
Precisamente las declaraciones de “Juan” sobre la supuesta participación de militares, al igual que lo referido por otros testigos de identidad reservada es difusa y derivada de oídas, como es el caso del testigo “Neto” quien se reconoce en un “nivel muy bajo” dentro de la estructura de Guerreros Unidos, pero sostiene que, “sabía que había personas militares y de la policía que trabajaban con la organización para darles libre paso”.
En cuanto a los normalistas que supuestamente fueron asesinados en la barranca, el testigo “Carla” refiere hechos que en los que no se hace una reconstrucción de hechos, pues en su testimonio no se incluyen periciales detalladas, ni se pregunta a otros de sus testigos, que no mencionan que así hubiera ocurrido. Aunque él mismo realiza, a petición del agente del ministerio público, un croquis del punto donde refirió se “empezaron a jalar a los muchachos para bajarlos”.
Otro de los aspectos fundamentales que tampoco coinciden entre las diversas versiones es la referencia del “patrón”, como la persona que estaría detrás de la autoría intelectual del ataque contra los jóvenes. Mientras el testigo con clave “Damian” señala que “El Patrón” es una persona identificada como Rubén Figueroa, un integrante de Guerreros Unidos de nombre Pablo Tomás Ortíz, identificado con los alias de El Chino, El Curita, y/o El Chinola identifica a El Gil como el patrón, pues “arriba de él sólo estaba Mario Casarrubias”.
Sin embargo, desde 2018 la CNDH definió el perfil de ese personaje denominado como “el patrón” a partir de todos los testimonios y datos recabados, a quien identifica como “autor intelectual o instigador”, por lo que en la décima sexta de sus recomendaciones pidió a las autoridades investigar a fondo y “de forma inequívoca” la identidad y participación de ese personaje en cuestión.
Dentro de la misma Recomendación de la anterior CNDH se identificó y se pidió investigar sobre la posible infiltración del grupo criminal de Los Rojos, antagónicos a Guerreros Unidos, en la escuela normal de Ayotzinapa.
Lo cual es referido por “Carla”, al señalar que uno integrante del grupo criminal identificado como “El Peyton” alertó sobre la infiltración de al menos tres “rojos” entre los normalistas identificados como ”El Chilango”, “El Cochiloco” y otro del cual no precisa el nombre.
Precisamente sobre el destino del estudiante Julio César Mondragón, apodado “El Chilango”, el testigo “Carla” señala a los policías Ramiro Alvarado Sánchez “El Minsa”, así como Lorenzo Bello Hernández “Pérez” de haber sido quienes asesinaron y desollaron al estudiante.
No obstante, la primera instancia en determinar que el joven no fue desollado, como refieren los testigos protegidos, fue la Fiscalía General del Estado de Guerrero con base en análisis y pruebas periciales, lo cual fue corroborado por la CNDH mediante peritajes forenses en los que se corroboró que la causa de la pérdida de piel en la cara y cuello de Julio César fue debido a la fauna del lugar por su exposición desde el momento en que fue asesinado.
