Desde hace 10 días, Tepoztlán fue sellado. Las calles están semivacías, 80% de los locales cerrados y ningún automóvil circula. El bullicio de los 500 mil turistas se detuvo, al igual que la economía. La ciudad está en silencio. Ninguno de los tres accesos a este municipio de Morelos permite entrar a visitantes o salir, sólo que sea verdaderamente esencial. La policía municipal con el Ejército colocaron retenes y hacen rondines por toda la ciudad para impedir que los vecinos estén en la calle sin razón. Aquí, hasta el miércoles sólo había una persona infectada.
En este momento en más de la tercer parte del país transitar no es sencillo, ni siquiera siendo mexicano. Conforme se acerca el momento crítico de la pandemia, la movilidad se achicó. Como Tepoztlán, municipios completos ya prohíben el ingreso de visitantes externos y sus pobladores no pueden salir.
En Oaxaca para ingresar a un poblado se requiere de manera forzosa constancia médica que acredite que está sano, porque allí se mantienen sin infección de Covid-19. Hay otros, en cambio, que pocas medidas de protección han instalado.
Y en ciudades que son motores económicos para el país impusieron sanciones a sus habitantes si se mantienen en la calle sin razón y sin tapabocas. El motivo: temen una infección masiva imposible de controlar.
En pos de la salud, una de las advertencias sobre la reducción de derechos llegó desde el gobierno de Jalisco: “por el bien de todos, tolerancia cero”, sentenció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al anunciar el decreto con el que a partir del lunes 20 de abril se debían acatar con carácter de obligatorio las medidas restrictivas para prevenir contagios de Covid-19.
El riesgo de saturar los hospitales y desbordarlos, argumentó, es altísimo, y por ello hay que “eliminar la posibilidad de este escenario, cueste lo que cueste”.
Otro gobierno más que ha visto en las estadísticas cómo su tasa de letalidad es 6.28% por arriba del promedio nacional es Michoacán, mostrando 14.95% de letalidad en la entidad.
Aunque su índice de mortalidad es apenas menor al nacional (0.18%) y ocupa el número 10 a nivel nacional, de continuar con este ritmo tendría una crisis hospitalaria en un par de semanas por su limitada infraestructura.
Por eso, el gobernador Silvano Aureoles Conejo advirtió hace unos días a sus habitantes: “Nadie que no tenga actividades esenciales podrá andar en la calle. Quienes lo hagan van a ser multados, aislados y recluidos; tendrán que hacer trabajos de carácter comunitario, principalmente, va a ser limpieza y aseo de hospitales y centros de salud”.
Pero no es el único. Querétaro, Oaxaca, Chihuahua, Sonora Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, estado de México y Michoacán han restringido el libre tránsito, obligaron al cierre de comercios y servicios.
Algunos incluyeron sanciones y la fuerza pública, otros endureciendo normativas, y la mayoría “invitaron” a la población a cumplir, como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador: “todo es por convencimiento. Volvemos a lo que repetimos una y otra vez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Pero lo que sí va en aumento es el número de municipios que cierran sus fronteras y se ubican en todas las entidades del país.
En estos lugares no existe la infraestructura hospitalaria para atender ni siquiera al 30% de su población si ésta enfermara, por lo que se han puesto retenes y obligado al cierre del comercio, plantea un documento de inteligencia.
La colocación de letreros y la vigilancia de los propios habitantes se está haciendo algo común: “Hasta nuevo aviso habrá toque de queda, desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana”, sentenció Juan Manuel Rodríguez Rodríguez, presidente municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, a través de un video difundido el 31 de marzo, en el que además amagó con multas de hasta dos mil pesos para quienes anden por la calle sin justificación.
En Navolato, Sinaloa, el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo replicó las medidas, y añadió la imposición de retenes para restringir el tránsito, y la clausura directa de negocios considerados “no esenciales”, cuyos dueños, dijo, no han atendido el llamado de cerrarlos voluntariamente.
›Municipios en Baja California, Yucatán, Guerrero, Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Baja California, Quintana Roo, Puebla y Morelos, sus alcaldes decretaron el toque de queda. Esto implica desde horarios para permanecer en la calle, instalación de retenes, restricción de puntos de convivencia, uso obligatorio de cubrebocas, impedimento para usar más de dos personas un auto o un mínimo en transporte público, no pueden ingresar autobuses foráneos o las reducción de tiempos para compras.
Así, el nuevo coronavirus no sólo ha provocado la muerte de centenas de personas e infectado a miles en el territorio, sino que también comenzó un conflicto de derechos ciudadanos protegidos por la Constitución.
En pos de proteger la salud de los habitantes y ante la incapacidad del Estado de garantizar el acceso a la salud de todos los que enfermen, los gobiernos optaron por disminuir de facto otros derechos, coincidieron especialistas: los derechos de la infancia, el de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, de esparcimiento (artículo 4); el de asociación y reunión (artículo 9); de la educación de calidad (artículo 3); el del libre tránsito (artículo 11); la libre autodeterminación de los pueblos indígenas (artículo 2); el de trabajo libre y digno (artículo 5) y el que nadie sea molestado (artículo 16), y la participación en ceremonias y actos de culto (artículo 24).
La salud por encima de la ley
Ante la ausencia de una postura concreta y legal por parte del Presidente de la República sobre cuáles son las restricciones, derechos, y alcances del llamado “aislamiento voluntario”, han detonado la propagación de decretos, restricciones y demás medidas por parte de autoridades locales, que además de ejemplificar un vacío de autoridad desde la Federación, tienen en común una naturaleza anticonstitucional e ilegal que pronostica una mayor crisis de ingobernabilidad con el incumplimiento de la Constitución y las leyes, señalaron especialistas consultados por ejecentral.
El artículo 1 de la Constitución, que determina que las garantías no pueden ser restringidas, ni suspendidas salvo en los casos que lo permita la propia Constitución, explicó Leonel Andrade Alarcón, abogado litigante y docente de la UNAM.
El único artículo que faculta esa condición es el artículo 29 de nuestra Carta Magna, el cual plantea:
“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.
Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde (…) La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación” (sic).
Es decir, detalló el maestro de Derecho Internacional, “tenemos que ir relacionando las leyes. El primero constitucional dice que no puedes suspender así nada más, de un plumazo, las garantías individuales. Sin embargo, el artículo 29 sí establece cómo se puede llevar a cabo la suspensión de estas garantías. Tiene que haber una justificación clara y sustentada para llevar a cabo esta restricción”.
Sólo el Presidente de la República es la única autoridad capaz de determinar la suspensión de garantías y con ello decretar por la vía constitucional el estado de excepción en el país, con lo cual quedarían suspendidos o limitados hasta cierto punto y dentro de una temporalidad determinada de ciertos derechos humanos, bajo una situación de emergencia nacional que incluye el poner en peligro la salud y la vida de la personas como es el caso que impone la crisis por el Covid-19.
Pero no es una determinación simple y unilateral, si bien sólo puede expedirla el titular del Ejecutivo, implica la aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, y la revisión inmediata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su constitucionalidad.
¿Qué ocurre con los decretos que han tomado los gobiernos en los estados? Se están extralimitando en aras supuestamente del bien común o de proteger a la población. Pero hay un gran problema, pues el Estado tiene que garantizar que no existe una ruptura del orden, lo que llamamos Estado de Derecho.
“Los gobernadores, alcaldes podrán decir ‘es que mi constitución, me permite hacer ciertas cosas’. Sí, pero aquí es un procedimiento constitucional a nivel federal que está por encima de cualquier gobernador o alcalde. Son acciones anticonstitucionales, van en contra del artículo 29. No es una jerarquización de leyes, es un procedimiento constitucional que no entienden los gobernadores. La Constitución federal está por encima de todo”, subrayó Andrade Alarcón.
Estado de excepción de facto
“En todos los casos es voluntario, entre otras cosas el proceso de México para enfrentar el coronavirus se ha sustentado en el llamado de participación ciudadana voluntaria. No ha habido utilización del uso de la fuerza, no ha habido toque de queda ni ninguna de esas medidas, todo lo ha hecho la gente de manera voluntaria y hemos tenido así buena respuesta”, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina del 17 de abril.
De inmediato el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell lo secundó. “Sistemáticamente hemos respondido: no, no tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. Porque la consideramos, por un lado, innecesaria y, por el otro lado, inconveniente. Inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social, que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta; hemos tenido una reducción muy sustancial de la movilidad en el espacio público”.
La realidad es distinta. Así lo evidencian las medidas adoptadas en diversos estados y municipios donde la advertencia del uso de la fuerza pública ha sido la base principal para intentar obligar el cumplimiento de las medidas preventivas. A nivel federal no es la excepción y con el despliegue y reforzamiento de la vigilancia por parte de militares, marinos y la Guardia Nacional, quienes también han sido encomendados al resguardo de hospitales en el territorio, son muestra de la participación activa que tienen las corporaciones policiales y las Fuerzas Armadas en la imposición de medidas prohibitivas en ciudades de todo el país.
“El Ejecutivo no ha hecho esto (declarar estado de excepción), y en la práctica lo están haciendo. Violando la Constitución, pero más grave aún están violando la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de circulación, derecho al trabajo, derecho a la educación. Debe el Estado garantizar el respeto a todos esos derechos”, acusó Leonel Andrade.
El abogado José Mario de la Garza Marroquín, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, aseguró que el hecho de que
el presidente López Obrador no ha querido hacer uso del mecanismo que dispone el artículo 29, detonó un muchos acuerdos, decretos del Consejo de Salubridad, de la Secretaría de Salud, y de otras dependencias como son gobernadores o presidentes municipales que, “ante el desorden, la poca claridad y la poca precisión en estos temas se han generado huecos en los que ellos pueden llenarlos con estos decretos, pero son totalmente violatorios de la Constitución, pues en todo caso pueden establecer algunas restricciones al comercio, en materia de protección civil, pero no limitar
derechos humanos”.
Lo más grave, apuntó el presidente de la asociación civil Renace San Luis, es la ambigüedad. El tema de empresas, detalló, no está del todo claro: cuáles pueden cerrar, cuáles no; la restricción en las escuelas que se hizo de forma general y hay niños sin acceso a las plataformas tecnológicas; y las restricciones al comercio que generan incertidumbre.
“Se ha generado este desorden, que es como un estado de excepción de facto, (...) parece que hay una serie de derechos suspendidos, pero de una manera muy ambigua y ha generado un tema de inseguridad tremenda (…) Políticamente no han querido utilizar la herramienta del (artículo) 29, un mecanismo complejo, pero no lo han hecho para decir que no estamos en un estado de excepción (...) le han dejado a gobernadores y presidentes municipales un espacio de preocupación, de no saber cómo manejar las cosas, pero también de sacar raja política”, subrayó José Mario de la Garza.
“Como anillo al dedo”
“Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria, esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”, aseveró el presidente López Obrador en su conferencia matutina del 2 de abril.
La declaración del mandatario detonó críticas en torno a cómo a diferencia de otros jefes de Estado han asumido el manejo de la crisis de salud, por ser el primero en politizar el tema de la pandemia y generar vacíos de legalidad. Para Leonel Andrade Alarcón “lo que es necesario es dar mayor información, tiene que poner el presidente el ejemplo, no lo está haciendo. Las decisiones que se están tomando son del orden político y no jurídico”.
De acuerdo con la Guía Práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de Derechos ante el Covid-19 en las Américas, elaborado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) es indispensable que todas las políticas, estrategias y respuestas estatales tengan enfoque de derechos humanos, prestando atención a grupos en situación de vulnerabilidad, y en la eliminación de las formas de discriminación e intolerancia, según lo dispuesto por los tratados interamericanos e internacionales en Derechos Humanos.
Para los abogados consultados al respecto, el gobierno federal ha tornado el tema con un enfoque clasista. “Dice el presidente, es que tienes programas sociales, pero mucho gente no tiene y no les alcanza con programas sociales para sobrevivir. No tienen acceso a los derechos básicos, a la salud, al trabajo, y además les vas restringir la circulación. En el acceso a la educación, por ejemplo, algunos chicos de educación particular pueden llevar clases a distancia, pero ¿cuántas personas tienen acceso a computadora e internet en casa? Habría que echar un vistazo para ver las cifras de la OCDE para saber cómo andamos en materia de tecnología y de educación en ese sentido. Hay un rezago que no se está reconociendo”, sostuvo Leonel Andrade.
La vista panorámica de la situación no es alentadora. “Tienes una crisis política donde no tienes tribunales, no tienes poder legislativo, se diluyeron las instituciones, los partidos políticos de oposición están completamente hechos pedazos, una sociedad civil esta atemorizada y es golpeada con este discurso de división. No hay contrapesos en este país”, advirtió José Mario de la Garza y en ese sentido es que toma sentido la frase del presidente de que la pandemia ‘viene como anillo al dedo’.
Lo peor podría estar por venir, según los especialistas. De la Garza Marroquín apuntó: veo un tema de desestabilización social y de violencia. El sector informal que depende de la venta diaria en el momento en que no tenga ingresos, con un sistema de salud colapsado, una policía deteriorada, entonces ¿Operará la Guardia Nacional otra vez? Será entonces un régimen de contexto militar el que tenga que poner orden”.
El dato. El artículo 29 establece que es viable la suspensión de las garantías individuales de libre tránsito, pero con una justificación y sustentada.
Los gobernadores y alcaldes podrán decir ‘es que mi constitución me permite hacer ciertas cosas’. Sí, pero aquí es un procedimiento constitucional federal que está por encima de cualquier gobernador o alcalde”. Leonel Andrade, abogado y docente de la UNAM.