Tres años de pleito, bloqueos y pérdidas económicas

GABRIELA RIVERA | @gAbS_07

El 10 de septiembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto firmó la promulgación de la Ley General de Educación emanada de la Reforma Educativa, la primer de su administración. Tres años después, el gobierno no ha logrado concretar su implementación ni aplicar las sanciones a los docentes que se oponen a su funcionamiento.

Aquel día, Peña Nieto estuvo en Palacio Nacional acompañado de senadores y diputados miembros del Pacto por México; asistían el Gabinete ampliado entre ellos el secretario de Educación, Emilio Chuayffet. La lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, ya se encontraba presa por lavado de dinero.

“Con la promulgación de estas leyes concluye el camino legislativo, pero apenas es el inicio de su implementación que permitirá al Estado reafirmar su rectoría en la educación”, dijo el mandatario.

Los contrastes ya se visualizaban dentro del magisterio y en las calles: mientras el nuevo presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, acompañaba al mandatario en el evento, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tenían cuatro meses movilizados y mantenían un numeroso plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

La reforma educativa ya era constitucional, pero no había enamorado a todo el magisterio, tanto que paralizaron el inicio del ciclo escolar 2013-2014.

Desde entonces, se mantiene el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y la disidencia magisterial, que no ha permitido la implementación de la reforma educativa en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, además afectó la implementación de otras acciones y sanciones en el resto del país. La Secretaría de Gobernación mantiene negociaciones con la disidencia: le permite seguir accionando al mismo tiempo que entrega prebendas económicas y en especie. Mientras tanto, Educación Pública no ha podido aplicar las sanciones correspondientes a los maestros faltistas y los gobiernos estatales reportan que los mandatos de la dependencia no se cumplieron o se cumplieron a medias.

En días pasados, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, pidió más tiempo para ver los resultados de la reforma antes de pensar en otra modificación legislativa.

“El ejercicio que tenemos que hacer como país después de haber logrado esos niveles de consenso, es permitir que la reforma avance, se implemente”, ha reiterado Nuño.

Los llamados del secretario de Educación Pública sólo han encontrado sordera y silencio por parte de la disidencia.

Como parte de las movilizaciones y en un intento por distender el conflicto magisterial, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la CNTE trabaja en una iniciativa legislativa ciudadana para modificar lo que la administración de Peña Nieto aún no ha podido completar.

Al inicio de la presente semana, la confrontación entre el gobierno federal y la disidencia magisterial continúa.

LaCNTE ratificó su paro magisterial y realizó bloqueos en puentes, carreteras, zonas comerciales y refinerías de Pemex. Sus acciones se incrementaron el primero de septiembre, fecha en que presidente Enrique Peña Nieto entrega su cuarto Informe de gobierno.

Siguiendo con la lógica de no ceder, la Secretaría de Educación Pública anunció el que este lunes serían cesados 1,905 maestros en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.