La guerra entre el Gobierno de Nuevo León y el sector privado ya dejó de ser un simple choque político para convertirse en un problema económico de gran escala. Ayer, Caintra Nuevo León, que encabeza Jorge Santos Reyna, soltó un dato, tan demoledor como alarmante, que tres de cada 10 empresas afiliadas reportan inspecciones ilegales por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Habló de duplicidad de funciones, discrecionalidad y riesgos de extorsión en áreas sensibles como Desarrollo Urbano, Protección Civil, Medio Ambiente y Salud. Lo más delicado es que el empresariado ya empezó a ponerle apellido político al problema. El asunto escaló todavía más cuando la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Anabel Alcocer Cruz, exigió que el gobernador Samuel García solicite licencia para enfrentar las investigaciones por presunta corrupción y triangulación de recursos públicos. La oposición morenista encontró terreno fértil justo cuando el empresariado comenzó a denunciar públicamente inspecciones arbitrarias.
Pero detrás del pleito hay un efecto más grave. El impacto en el bolsillo de la gente. Cada inspección irregular, cada retraso administrativo y cada “gestión extraoficial” termina trasladándose al costo final de los proyectos industriales y de vivienda. Desarrolladores inmobiliarios en Nuevo León ya advirtieron que la burocracia y los cobros irregulares están disparando los costos de construcción y encareciendo las casas a niveles críticos. La propia Canadevi ha reconocido que esos pagos y presiones administrativas pueden representar entre 2% y 3% del valor total de un proyecto, mientras que la sobrerregulación municipal y estatal ya elevó significativamente el precio de la vivienda en la entidad. Al final no lo paga el constructor, lo termina pagando la familia que busca comprar una casa o rentar un departamento en Monterrey.
Por eso en los círculos empresariales comenzó a crecer la preocupación de que Nuevo León esté entrando en una peligrosa espiral donde la presión regulatoria se usa como instrumento político y financiero. Paradójicamente, el propio gobierno estatal había lanzado hace meses un padrón digital de inspectores justamente para combatir la discrecionalidad y la extorsión. El problema es que las denuncias no desaparecieron. Al contrario. Cámaras empresariales y comerciantes siguen reportando abusos, falsos inspectores y cobros indebidos. Lo delicado para Samuel García es que la narrativa del “Nuevo Nuevo León” empieza a desgastarse justo cuando la economía local enfrenta una presión brutal por el costo de vida, la vivienda y la desaceleración industrial.
En Palacio de Cantera saben que el conflicto ya rebasó la coyuntura política. Porque cuando Caintra, Morena, desarrolladores inmobiliarios y alcaldes opositores coinciden en el mismo diagnóstico, el problema deja de ser mediático. Y mientras Samuel García insiste en defender su administración desde redes sociales y giras de promoción, en Nuevo León cada vez más empresarios empiezan a preguntarse si el verdadero impuesto verde no terminó siendo el costo invisible de sobrevivir a las inspecciones. El detalle es que, como siempre ocurre, esa factura no la paga el poder político, la termina pagando el ciudadano.
Canje de residuos
Identificar los tipos de plástico para su correcta separación y disposición es el primer paso para dar circularidad a los residuos. En ese camino, cobra relevancia Eco Cambalache, iniciativa puesta en marcha por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco, para fomentar la correcta disposición de estos materiales al final de su vida útil. Desde su lanzamiento en 2023, ha logrado recolectar 2,273 kilogramos de plásticos, mismos que han sido reciclados para convertirse en nuevos productos. Tras realizarse en alcaldías como Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, por segunda ocasión llegará al municipio de Huixquilucan, Estado de México, que gobierna Romina Contreras. La cita será el 14 y 15 de mayo en la explanada municipal, donde los ciudadanos podrán intercambiar diversos residuos plásticos por productos de la canasta básica.
Decisiones de anaquel
Dentro del sector de alimentos, diversos proveedores han expresado una preocupación recurrente sobre la gestión de compras en Costco México, donde se observan indicios de posible parcialidad. La posición de José Luis Pérez, responsable del área de abarrotes, ha generado cuestionamientos por su cercanía con Naturasol, empresa que, de acuerdo con estas versiones, recibiría un trato diferenciado frente a otras marcas. Varias compañías han reportado dificultades para mantener sus productos en espacios visibles o conservar su presencia en anaquel, sin recibir explicaciones claras sobre dichos cambios. En este contexto, también se ha señalado a Adriana Ávalos por presuntas intervenciones inusuales en tiendas de alta rotación, así como por acciones que habrían afectado la operación de ciertos competidores. Analistas del sector advierten que, de confirmarse o agravarse esta situación, podría escalar a las autoridades de competencia económica. Lo que hoy parece una disputa entre proveedores podría derivar en una investigación formal.
Voz en Off
A un año del episodio que puso a prueba su solidez financiera y operativa, AlquimiaPay busca reposicionarse dentro del ecosistema fintech mexicano con una estrategia de reestructura basada en responsabilidad, respaldo patrimonial y mecanismos legales tangibles, a través de su iniciativa “Plan Respaldo Total”, un modelo que pretende transformar adeudos pendientes en alternativas patrimoniales reales mediante participaciones fiduciarias en proyectos inmobiliarios de alta plusvalía administrados bajo esquemas independientes y control notarial; durante los primeros doce meses, la empresa aseguró haber cubierto el 20 por ciento del monto total comprometido con sus clientes y proyecta avanzar otro 20 por ciento en esta segunda etapa, reduciendo el saldo pendiente al 60 por ciento con el objetivo de alcanzar una liquidación total dentro de los plazos previstos. El esquema contempla tres rutas para los participantes: garantía jurídica de pago mediante incorporación directa al fideicomiso respaldado por activos inmobiliarios; conversión del adeudo en patrimonio a través de la preventa de unidades habitacionales; y cesión de derechos fiduciarios como mecanismo de liquidez inmediata con acompañamiento legal y notarial. La compañía sostiene que el programa se encuentra respaldado por testimonios notariales avalados por los notarios públicos Gerardo González-Meza Hoffmann, titular de la Notaría 79 de la Ciudad de México, y Jorge García Quiróz, titular de la Notaría 22 de Querétaro, lo que busca aportar certeza documental y jurídica a cada etapa del proceso. Se afirma que el modelo representa un precedente dentro de la industria fintech al reconocer obligaciones pendientes y ofrecer soluciones respaldadas en activos reales, en un contexto donde la confianza, la transparencia y la capacidad de respuesta se han convertido en factores decisivos para la estabilidad del sector financiero tecnológico en México….
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