El gigante mundial suizo de materias primas, Glencore, que venderá en siete meses 520 millones de dólares de carbón mineral a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es investigado por Brasil, Suiza y el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos por posibles actos de corrupción en otros tres países: Nigeria, Congo y Venezuela desde 2007.
Desde sus oficinas centrales en Baar, Suiza, Glencore reconoció que en julio de 2018 el DoJ la notificó para que presentara documentos y registros de la compañía. Esto con base en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y los Estatutos de Lavado de Dinero de la Unión Americana y en particular por operaciones realizadas en los países mencionados.
Glencore es una de las mayores compañías especializadas en commodities con la venta de productos energéticos, agrícolas y minerales en el mundo. Tiene un valor de capitalización de 60 mil 707 millones de dólares, y las investigaciones en su contra cobran mayor relevancia porque uno de los compromisos del presidente Andres López Obrador, es no otorgar contratos a compañías con antecedentes de corrupción.
Un gigante
Para tener una idea aproximada del tamaño actual de Glencore, en términos de valor bursátil, es 18% superior a la mexicana América Móvil que hasta ayer reportó una capitalización de 51 mil 434 millones de dólares en Wall Street. Y previo a la acusación del Departamento de Justicia, la compañía alcanzó un valor bursátil ligeramente superior a los 75 mil millones de dólares.
Glencore, que abastecerá de mayo a diciembre de 2019 de carbón a la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, localizada en Petacalco, Guerrero, en promedio, la CFE le pagará 74.3 millones mensuales a la firma suiza.
El convenio para comprar 4.94 millones de toneladas de carbón se dividió en 12 contratos, los cuales todos fueron ganados por la suiza, quien superó –según la CFE—, a la holandesa Trafigura, al hongkonés Noble Group y al brazo comercializador de la empresa rusa Suek Group.
El caso de Glencore se suma al anuncio el mes pasado por el mismo gobierno federal, al considerar a la empresa ítalo-argentina Techint para la construcción de la nueva refinería de petróleo en la entidad que vio nacer al presidente Andrés Manuel López Obrador, Tabasco.
Al igual que la brasileña Odebrecht, Techint se le ha relacionado por supuestas operaciones de corrupción en la petrolera Petróleo Brasileiro, mejor conocida como Petrobras.
Dos casos
Al fiscal federal de Suiza las autoridades brasileñas solicitaron su apoyo, dijo el lunes un portavoz de la agencia de noticias Reuters.
La Oficina del Fiscal Federal de Suiza ayuda a investigar si las compañías de materias primas de ese país.
Las solicitudes de asistencia legal mutua se recibieron entre junio de 2018 y enero de 2019.
Estas son las tres empresas más grandes de Suiza.
Glencore, Vitol y Trafigura.
Juntos, los tres comerciantes de productos básicos generarán más de 500 mil millones en ventas en 2017.
El producto interno bruto de Suiza ascendió a CHF 669 mil millones en el mismo año.
Como escribe el “Blick”, las tres compañías fueron acusadas en diciembre junto con otras por el poder judicial brasileño.
Los empleados de Petrobras pagaron al menos $ 31 millones en sobornos durante seis años.
Vitol y Glencore ya habían dicho que cooperarían con las autoridades brasileñas.
Trafigura siempre ha dicho que no hay evidencia de mala conducta, , según lo publicado en febrero pasado por el periódico suizo Neue Luzerner Zeitung, que edita el diario en idioma alemán.
Korruption
Es tal la cantidad de supuestas prácticas desleales de Glencore, que hasta la Iglesia católica alemana Misereor, que apoya el combate a la pobreza en África, Asia, Oceanía y América Latina, publicó el estudio “Actividades empresariales cuestionables de la mega-corporación minera suiza Glencore y responsabilidad de los bancos alemanes” han “causado numerosos y graves casos de contaminación ambiental, violación de derechos humanos, envenenamiento de personas y evasión tributaria”.
Misereor denuncia prácticas desleales del ahora nuevo proveedor de la Comisión Federal de Electricidad, Glencore en Colombia por una demora indebida a un proceso “urgente de reubicación de comunidades situadas en el entorno de minas” de la empresa, y cooperación con grupos paramilitares de ese país.
En Perú, estaría relacionada con la “grave contaminación ambiental en el entorno a la mina de cobre a cielo abierto en Tintaya, ubicada a unos mil kilómetros al oriente de Lima, capital del país. Según la publicación de Misereor, la empresa también habría hecho pagos (sobornos) a los cuerpos policíacos para la protección de sus activos en ese país.
En Argentina, hay acusaciones respecto a contaminación ambiental y ocultamiento de utilidades, y en Bolivia habría falta de transparencia en contratos y cuestiones contables.
En torno a las acusaciones, el año pasado la empresa publicó su “Política anticorrupción global”, en varios idiomas, ahí señala que “los sobornos constituyen un delito penal. Acarrean estrictas sanciones para las empresas y para los ejecutivos y empleados implicados, quienes también pueden ser objeto de medidas disciplinarias”.