Un tribunal unitario de la ciudad de México ratificó el fallo absolutorio a favor del empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, con el cual no sólo queda libre de las acusaciones de falsificación de documento y tentativa de fraude, sino que además tendrá la facultar de reclamar los más de 400 millones de dólares que en 2003 le prestó a la entonces presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Robles Berlanga.
La resolución del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal reiteró el fallo que en agosto pasado determinó el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales, al considerar que no había elementos suficientes para acusar al empresario, luego de que la exsecretaria de Estado lo había acusado de haber falsificado su firma para obtener el préstamo por 400 millones de dólares, que habría sido para apoyar a dicho partido político.
Al quedar firme su absolución, Ahumada Kurtz quedó facultado para reclamar el dinero, que, según sus abogados, con los intereses generados desde 2003 a la fecha ascienden a más de 500 millones de dólares. Y que en caso de ni la exfuncionaria, actualmente presa e imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, o el PRD pudieran acreditar dicho monto, sus bienes podrían ser embargados.
Con la ratificación, señalaron los defensores de quien fue detenido en su natal Argentina en agosto del año pasado, queda sin efectos la impugnación que la Fiscalía General de la República (FGR) había hecho por la negativa del juez para conceder una orden de aprehensión en contra de Carlos Ahumada, al considerar insuficientes los elementos de prueba que el Ministerio Público presentó en su contra.
“Carlos Ahumada queda absuelto de manera total y definitiva de su probable responsabilidad penal en la comisión de falsificación de documento en la hipótesis de aprovechar una firma en blanco ajena y también del delito de tentativa de fraude”, confirmaron sus abogados en entrevista para el noticiero Por la mañana de Radio Fórmula.
En agosto de 2013, Rosario Robles, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno anterior, denunció a Carlos Ahumada de haber sustraído, sin su consentimiento, su firma en tres documentos en blanco en los cuales se reconocía una deuda millonaria; después de haber ampliado su declaración, la desaparecida PGR integró la indagatoria contra el argentino por su probable responsabilidad en los delitos de fraude especifico y uso de documentos apócrifos.