El pasado 4 de marzo fue presentada por el senador Carlos Lomelí Bolaños, una iniciativa para reformar los artículos 73, 116 y 122 de nuestra Constitución en materia de justicia administrativa.
La justicia administrativa implica a las normas, instituciones y procedimientos que contribuyen a controlar la legalidad de los actos de la administración pública y a resolver los conflictos que surgen entre el propio Estado (al ejercer su función administrativa) y los particulares. Es decir, se trata del sistema de control jurisdiccional cuyo objetivo es garantizar el principio de legalidad administrativa.
En nuestro país, esta materia es sustanciada ante 33 tribunales especializados: uno federal y 32 locales. Asimismo, se cuenta con una diversidad de normas que son aplicadas en la materia administrativa, entre las que destacan las de tipo sustantivas y las de tipo adjetivas, las primeras que establecen básicamente derechos y obligaciones, y las segundas que regulan los procedimientos para aplicar la ley sustantiva.
Las finalidades de la justicia administrativa son de especial importancia en aras de garantizar diversos derechos humanos, así como de fortalecer a la democracia y al estado de derecho. Básicamente, a través de este sistema de control jurisdiccional se regulan relaciones entre la administración pública y las personas particulares, vínculos que de origen son asimétricos por evidentes razones.
Derivado de lo anterior y ante una materia que se encuentra en constante evolución, es indispensables que aquellas normas, instituciones y procedimientos, se encuentren al día con el objetivo de que haya un correcto acceso a la justicia (en este caso administrativa) y que, con ello, el principio de legalidad administrativa sea estrictamente cumplido y la administración pública mejorada.
En la iniciativa comentada, se realiza un diagnóstico que estimo correcto al afirmar que hoy una característica de la justicia administrativa en México es su “fragmentación normativa y operativa que genera niveles diferenciados de protección jurisdiccional, dependiendo del ámbito territorial en que se emita el acto administrativo impugnado”. No obstante, en otras materias procesales como la penal y la civil, ello ha sido atendido a través del establecimiento de modelos de legislación nacional (de manera destacada con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares) que contribuyen a garantizar la igualdad procesal y la certeza jurídica.
Así, es pertinente que una materia tan importante como la administrativa experimente una evolución parecida, primero facultando al Congreso de la Unión para legislar de manera única y nacional en lo relacionado con la justicia administrativa y, después, buscando la expedición de un Código Nacional de Justicia Administrativa que regule los procedimientos para aplicar las leyes sustantivas de la materia.
Como en otras materias, hoy es impostergable que se estandaricen aspectos relacionados con el debido proceso, con la tutela judicial efectiva y con el control jurisdiccional de la administración pública, con la seguridad jurídica y con la consolidación de un sistema de justicia administrativa coherente, accesible y equitativo.
Esta iniciativa que toma como inspiración la obra “Hacia un Código Nacional de Justicia Administrativa” publicada por la prestigiosa casa editorial Tirant lo Blanch y resultado del trabajo conjunto entre personas juzgadoras integrantes de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa y personas académicas adscritas a la Facultad de Derecho de la UNAM y a otras destacadas instituciones, es resultado de un diagnóstico serio sobre el estado actual del fenómeno mencionado y brinda con claridad una solución a las complejidades encontradas.
