Tres indígenas fueron encarcelados e incomunicados y siete familias expulsadas de su comunidad por no querer participar en las festividades católicas en el pueblo de San Pedro Chimaltepec, Municipio de San Juan Mazatlán. Este caso de intolerancia religiosa, el primero del año 2022, pretenden hacerlo pasar como un “pleito entre particulares”, según la versión de las autoridades locales, pero cuenta con todas las características de una sistemática violación de derechos humanos por razones de libertad de culto.
Cipriano Gazga Maldonado, pastor de la Iglesia Evangélica “Centro Misionero Emmanuel” denunció que católicos de la localidad detuvieron el pasado 21 de noviembre a los hermanos Bonifacio y Donato Martínez Sánchez y a Jerino Hernández Martínez, quienes estuvieron incomunicados tres días por negarse a participar como “mayordomos” que implica además la aportación de cuotas económicas que deben aportar voluntariamente obligatorias.
El Agente Municipal de la localidad, Sósimo Victorino Márquez, y el alcalde, Demetrio Isidro Jiménez, ordenaron su encarcelamiento porque los afectados cambiaron de religión. Y es que los evangélicos se niegan a participar en las fiestas patronales. “Antes nos emborrachábamos, como lo hacen ellos (los católicos), pero hoy sabemos que eso no agrada a Dios así que decidimos no comprar mezcal ni cervezas, como lo hicimos muchos de nosotros desde los 14 años de edad”, dice uno de los integrantes de la Iglesia Cristiana afectada.
Al arbitrio de la autoridad, también fueron detenidos 16 evangélicos la semana pasada por el mismo “delito”. Aunque los funcionarios mencionan que en el municipio “prevalece la libertad de culto”. Las detenciones continuaron con el encarcelamiento de Ruperto Domínguez Teodoro, a quién finalmente lo expulsaron de Chimaltepec, junto con su familia desde noviembre, pues se negaron a renunciar a su fe evangélica. También fueron detenidos Felipe Procopio Domínguez, Norberto Propcopio Martínez y su hermano Pedro.
A pesar de que tanto el munícipe como el delegado fueron “invitados” por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno para entablar un diálogo con los denunciantes, éstos no sólo se negaron a respetar los derechos y la libertad de culto, sino que alentaron a los pobladores a hacerse justicia por mano propia, de tal manera que vecinos saquearon el pequeño tempo de la localidad robando aparatos electrónicos e instrumentos musicales. En la fachada del templo reza la frase “clausurado por el pueblo” que pintaron los lugareños.
De Estos hechos tienen conocimiento la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno, que instaron a “privilegiar el diálogo”, mientras los denunciados siguen amenazando a los evangélicos. Y es que, de darle puntual seguimiento a las denuncias tal y como las presentaron los querellantes por abuso de autoridad y robo, sentarían un estigma para el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, cuyo padre conoció de cerca los conflictos religiosos de esa entidad cuando también fue gobernador, y los esquivó para dar la impresión de que había pleno respeto a los derechos en Oaxaca.
El abogado de los evangélicos, Porfirio Flores Zúñiga, me comentó que en total 25 personas han sido expulsadas, a las cuales les cobraron de “multa” 5 mil pesos a cada uno y los hicieron firmar un documento donde se indica que salieron de su pueblo de manera “voluntaria”. El agente municipal no habla español, sólo mixe, lo que hace más problemática la impartición de justicia, por lo que promoverán un amparo.
PALABRA DE HONOR: El mesianismo a todo lo que da: el sacerdote-activista Alejandro Solalinde Guerra dijo en entrevista que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene rasgos muy importantes de santidad”, porque sigue las enseñanzas de Jesucristo y ama a los pobres. Dios quiera que no acabe crucificado.