Oscar Moha

En pleno siglo XXI la intolerancia religiosa, la negación de derechos humanos y la imposibilidad de elegir un credo sigue vigente en estados, como Hidalgo, Chiapas y Jalisco -por mencionar algunos- donde las minorías padecen todavía discriminación, sobre todo en comunidades indígenas donde la imposición de un credo hegemónico está avalado casi siempre por autoridades de Gobierno.  

En la zona de La Huasteca, donde se juntan San Luis Potosí e Hidalgo los actos de intolerancia y abuso de autoridad relacionados con creencias religiosas en comunidades donde se habla náhuat son tan comunes que las autoridades de municipios como Tlanchinol, Huazalingo, Huautla y Jaltocan han decidido convertirlos en “pleito entre particulares”, pues no se cuenta con una tipificación jurídica para este tipo de delitos.  

Todo comienza con la negativa de pobladores que no profesan el catolicismo a participar en las fiestas patronales y no aportar donativos se compren principalmente bebidas alcohólicas a menores de edad, cuya ingesta ha provocado varias muertes en los últimos dos años. En represalia, autoridades comunitarias disponen encarcelamientos, expulsiones, suspensión de servicios básicos y multas para los que no profesan la religión mayoritaria. 

Existen casos documentados de intolerancia religiosa en Hidalgo. Desde que el gobernador Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005) comprobó que el voto evangélico repercutía para bien del priismo en la entidad esos asuntos se fueron erradicando en zonas indígenas, no tanto por la atención y prontitud con que los atendió, sino por el apapacho a los líderes cristianos y de otras denominaciones en esa entidad que los ocultaron o minimizaron. Después vino Miguel Ángel Osorio Chong (2005-2011) que tuvo más acercamiento con las comunidades hidalguenses, aunque no cesaron los hostigamientos contra evangélicos y Testigos de Jehová que pretendían construir nuevos templos, minando con ello el crecimiento católico de la entidad.  

Otro que confirmó la importancia del voto evangélico fue su sucesor José Francisco Olvera Ruiz (2011-2016), aunque le costó una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues durante su campaña se reunió en varias ocasiones con Ministros de Culto evangélicos quienes descaradamente -en actos públicos- le ofrecieron “100 mil votos”. Durante su mandato se dio el primer caso registrado de violación de garantías por motivos de credo en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto: el 18 de diciembre de 2012 en la comunidad de Pahuatlán, municipio de Huejutla, autoridades locales eliminaron del Programa Oportunidad a 52 evangélicos, encabezados por el pastor Celestino Hernández Cruz, quienes fueron encarcelados, multados y obligados a renunciar a su fe cristiana en la plaza pública local. 

Con el actual mandatario, Omar Fayad Meneses, quien termina su periodo el próximo año, los casos no han aumentado, pero los ha habido más indignantes: en abril de 2018, también en Huejutla, el Delegado en la comunidad de Coamila, Diego Hernández Solórzano, impidió la sepultura de un niño por el hecho de que sus padres pertenecieran a una Iglesia Evangélica e impidió que 16 alumnos entraran a la escuela por el mismo motivo. En junio de 2019, en Cuamontax, Municipio de Huazalingo, Uriel Badillo Lara pagó una multa de 65 mil pesos a la autoridad local para que se le permitiera seguir siendo evangélico y le restituyeran el servicio de agua potable que le fue cortado por no militar en la religión mayoritaria.  

En el más reciente hecho en el mismo municipio, en la comunidad de Huacaxtitla, el pastor Pedro Hernández Martínez denunció hace una semana que un grupo de evangélicos está amenazado de expulsión o del corte de servicios básicos por no querer participar en los festejos católicos. Las agresiones datan de 2019 en contra de los protestantes porque se revelan a ser partícipes en las fiestas que consideran “paganas”.  

Actualmente hay un poco más de 3 millones de habitantes en Hidalgo, de los cuales según el INEGI en su Censo 2020 indica que casi el 87% se declaran católicos, sin embargo, líderes de iglesias protestantes mencionan que hay poco más de 3.4 millones de evangélicos y de otros credos, pese a los actos de discriminación y al desdén institucional para atender estos casos que ha sido evidente en los últimos sexenios.  

PALABRA DE HONOR: El abogado Gabriel Regino, defensor de los acusados por la Fiscalía de Justicia de la CDMX de la muerte de 26 personas por el derrumbe de la Línea Doradas del Metro el pasado 3 de mayo, comentó en una entrevista que se alertó desde 2017 al entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de que había riesgo de colapso. Se pone buena la contienda presidencial… 

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