Vinculan a proceso a cuatro militares por asesinatos en Nuevo Laredo
CHILPANCINGO, GUERRERO, 18JULIO2022.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) crea la unidad de seguridad ‘Fuerza de Tarea Regional Chilpancingo’ para que forme parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de Cero Impunidad del gobierno federal, está conformada por 412 miembros de las fuerzas armadas militares. De acuerdo con la información oficial, serán 348 soldados del ejército y 64 miembros de la Guardia Nacional (GN), los que integren este grupo con 53 vehículos oficiales y tendrán como tarea el inhibir las actividades de la delincuencia organizada, además de atender la problemática de seguridad en el municipio. Este grupo está dividido en cuatro escuadrones que harán base operativa y recorridos en las zonas de la colonia CNOP, Omiltemi, el crucero de Chichihualco y el deportivo ‘La Ciénega’, conocido también como la “cancha de las chivas”. FOTO: DASSAEV TÈLLEZ ADAME/CUARTOSCUTO.COM
/Dassaev Téllez Adame
Un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de los elementos del Ejército por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Un juez de control vinculó a proceso a los cuatro militares señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como presuntos responsables del ataque armado del pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas en el que fueron asesinados cinco jóvenes, uno resultó herido y uno más quedó ileso.
Al reanudarse la audiencia de vinculación a proceso desde el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, hoy el juez de control Eduardo Javier Sáenz Torres determinó vincular a proceso a los elementos del Ejército identificados como Bernardo “N”, Agustín “N”, Jorge Nicolás “N” y Juan Carlos “N” por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
De igual forma el juez federal Sáenz Torres determinó que los cuatro militares permanecerán con la medida cautelar de prisión preventiva en el Campo Militar 1-A en la ciudad de México, durante los dos meses que el juzgador fijó como plazo para la investigación complementaria.
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Luego de que el lunes pasado la defensa de los cuatro elementos del Ejército solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y familiares de las víctimas pidieron a la FGR abrir una investigación en contra de al menos 17 militares más, incluyendo al capitán Elio Conde Toledano, señalado por no haber evitado que sus subalternos abrieran fuego en contra de los jóvenes.
Sobre el caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 95 VG/2023 en la que concluyó que la actuación de los militares no se apegó a los estándares nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza y el uso letal de las armas ya que dispararon en contra de vehículo con civiles desarmados.
Aunque de manera tardía a los hechos el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por el caso y aseguró que no habría impunidad, pues aseguró que la “disciplina militar” estaba procesando a los uniformados involucrados, el mandatario insinuó que, aunque las víctimas fueran “supuestos sicarios”, como aseguró un supuesto reportero en la conferencia mañanera del 1 de marzo, sostuvo que no debe permitirse la ejecución de nadie.
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