La captura de José Luis Abarca despertó expectativas universales para conocer el paradero de 43 jóvenes que fueron secuestrados en Iguala el 27 de septiembre y que no se sabe qué pasó con ellos. Apostar a que las declaraciones de Abarca permitan descubrir su paradero y suerte, es ignorar, en el caso que admitiera ser culpable de los delitos que se le imputan mediáticamente –está preso sólo por homicidio y delincuencia organizada-, cómo operan las líneas de mando en las organizaciones legales y criminales. Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, acusados de la desaparición, pueden declararse inocentes y difícilmente se les podrá probar responsabilidad en el caso de la desaparición de los jóvenes porque falta el eslabón perdido.
La línea de mando en una estructura organizacional tiene diferentes niveles. Pensar que Abarca y Pineda Villa hablaron con decenas de policías para ordenar el secuestro de los jóvenes y entregárselos a Guerreros Unidos, no tiene mucha lógica. Para que sean juzgados por ese crimen tendrían que confesar su delito o ser inculpados por el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, quien en la cadena de mano, hablando en términos hipotéticos, es quien debió haber recibido esa instrucción de ambos o uno de los dos. Flores Velázquez, que está prófugo, es el eslabón perdido en el caso de la desaparición de los normalistas, y la pieza clave real para saber qué pasó con ellos.
Sin él o sin una confesión –que podría ser lograda únicamente mediante incentivos para la pareja-, Abarca y Pineda Villa podrían salir bien librados de ese delito mediante el uso del precedente judicial en un caso similar, el del crimen del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en 1994. El fiscal Pablo Chapa acusó del asesinato a Raúl Salinas de Gortari, y al diputado federal, Manuel Muñoz Rocha, de reclutar a los asesinos. Muñoz Rocha desapareció desde entonces y se desvaneció el eslabón que podría, en juicio de Chapa, inculpar a Salinas de Gortari. La defensa del hermano del ex presidente utilizó el recurso de “condominio funcional del hecho”, con lo que recuperó la libertad.
Levantar expectativas que la captura de Abarca resolverá el misterio de Iguala es contraproducente para el presidente Enrique Peña Nieto, quien señaló esta semana que esperaba que la detención permitiera esclarecer el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Generar ese discurso de esperanza es un error, porque aumenta presión a la demanda de que se resuelva de manera clara y contundente la desaparición.
Plantear mecánicamente que Abarca y Pineda Villa llevarán a los normalistas, es colocar un reloj de cuenta regresiva sobre el gobierno. La única manera que pudieran saberlo, si nos atenemos a la lógica de la cadena de mando, es que hubieran sido informados de su paradero, lo que significaría reconocimiento de culpabilidad. Si sabe el matrimonio que tienen posibilidades de salir libres de ese delito, ¿qué ganarían confesando su culpa? Si la confiesan, se puede seguir en la misma línea de argumentación: ¿negociaron con el gobierno federal sentencias a cambio de la identificación de aquellas personas que pueden llevar a los investigadores a los normalistas? Las preguntas son retóricas y en ningún caso dejan bien al gobierno. ¿Quién podría saber, que identificara a la mente maestra de la desaparición, que 56 policías y jefes y sicarios de Guerreros Unidos en sus declaraciones ministeriales no pudieron hacerlo? Fuentes federales que han tenido acceso a información de las primeras declaraciones de Abarca y su esposa, dicen que no han hablado del tema de los normalistas porque, aseguran, afirman desconocer qué sucedió con ellos. De cualquier forma, si las preguntas retóricas tuvieran respuestas positivas para el gobierno, cada día que pase será una losa más sobre la espalda del Presidente, a quien le irán contando las horas que sigan sin aparecer los normalistas. Peña Nieto decidió asumir toda la carga de la indignación gubernamental y de la entrega de resultados a México y al mundo, porque ya dejó de ser un tema restringido a los familiares de las víctimas y de la atención única de las organizaciones de los derechos humanos. Por tanto, la demora en encontrarlos irá consumiendo el capital político invertido donde aún si sumara refuerzos en el gobierno para amortiguar las críticas, ya no es posible inocularlo de la responsabilidad política.
La captura de Abarca y Pineda Villa jamás debió haber provocado un discurso de esperanza, a menos que el Presidente tenga información de que el ex alcalde y su esposa sí están en condiciones de aportar los datos para le eviten una nueva derrota política en Los Pinos. Pero si esto fuera así, se puede argumentar, significaría que su entrega fue pactada y no resultado de la investigación que se informó. ¿Lo fue? Es una duda que asalta, aunque probablemente no fue así.
Es posible que el Presidente alimentara las expectativas porque, como ha sucedido en todo este caso que llega casi al mes y medio, no lo han asesorado bien o la gente en quien confía, le sigue aportando información que no tiene muchas asideras con la realidad, derivado de una falta de oficio y experiencia, que los llevan a olvidar que los actos de fe no son compatibles con los actos de gobierno.
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