Antonio Cuéllar

1. La legitimidad del reclamo que pregonó el colectivo que el fin de semana eligió pintar con diamantina rosa a cuanto testigo varón encontró en el camino, una demostración de hartazgo que en esencia se encuentra perfectamente justificada, vio perturbado su propósito por la estridente falta de razón en la elección de las formas empleadas para hacer llegar su mensaje a la ciudadanía.

Si el ejercicio del derecho de asociación, de expresión y manifestación de las ideas encontrara un cauce legal que definiera la forma correcta de hacer efectivas esas prerrogativas que contempla la Constitución, el resultado que provendría de la demanda hecha por la evidente inacción del gobierno tendría un efecto mucho más positivo y civilizado, que impondría una carga política y una responsabilidad mucho mayor, encima de todos aquellos que ostentan la potestad para hacer cumplir la ley para beneficio de la sociedad.

La falta de identificación de las formas correctas para ejercer una protesta, no solamente tratándose de los problemas que enfrentan las mujeres, sino también los campesinos, los maestros, los estudiantes y todos los que en esta época nos inconformamos en México, nos conduce hacia un estado más salvaje de civilidad, del que solamente pueden derivar consecuencias que se asemejan a las causas que nos conducen a la inconformidad.

2. La destrucción de nuestros símbolos patrios no es sino un episodio violento de un segmento de la sociedad, que demuestra el fenómeno de violencia generalizada en que están inmersos todos los sectores de la misma sociedad a la que pertenece.  Sin importar la evidente manipulación política del acontecimiento, no podemos dejar de observar que se trata de una muestra más de la criminalidad cotidiana en la que México ha estado sobreviviendo a lo largo de los últimos quince años.

A pesar de que existe un punto de verdad al señalarse que la violencia no se combate con violencia, debe de explorarse la necesidad de reconocer que la violencia sí se puede llegar a combatir con orden, derecho y legalidad; y cuando el cumplimiento de las normas de civilidad conduce al empleo de la fuerza pública, ésta deja de llamarse violencia para transformarse en coercitividad.  La violencia se combate mediante la imposición del orden que establece la ley.

La forma en que el Estado Mexicano ha decidido claudicar a la responsabilidad político-constitucional de hacer cumplir la ley, a partir de una equivocada concepción de lo que es el ejercicio legítimo de la fuerza pública, y la inexistencia de cuerpos armados debidamente capacitados para contener de manera efectiva una demostración ciudadana con el grado de violencia que fue visto el fin de semana, acaba por convertir a la fuerza irracional en un modelo de manifestación social que se replica a lo largo de todo el territorio, que provoca, en forma lastimosamente perjudicial para la sociedad misma, una percepción inequívoca de Estado Fallido que redunda en un mayor grado de inconformidad ciudadana.

3. La marcha de las mujeres tiene una doble vertiente desde la cual se puede apreciar: a pesar de que es una muestra clara de los efectos que resiente un segmento de la sociedad que se ve perturbado en el ejercicio de sus libertades, por una falta de moralidad y de observancia del derecho, la base de su reclamo se apoya, en una buena medida, en la paradójica conveniencia de desmoralizar el derecho y hacer laxa la observancia de las leyes tratándose del cumplimiento de costumbres y principios tradicionalmente cargados de un alto contenido moral, como lo ha sido la familia, el matrimonio y el cuidado de los hijos.

Sin que pueda pensarse jamás que la violencia contra las mujeres llegue a encontrar o tener una justificación en cualquier fenómeno paralelo, lo que sería un planteamiento absurdo, quizá la exploración en torno de la reconducción de nuestras costumbres y la recuperación de algún contenido moral en la ley podrían constituir un ejercicio medianamente sencillo en el ámbito de la concepción e impulso de políticas públicas que remediaría de algún modo el grado de descomposición social en que México se encuentra atorado.

No se trata de un ejercicio religioso, sino del importante reconocimiento del papel primordial que las mujeres cumplen en la construcción de la familia y la formación de los hijos, una responsabilidad que por culpa compartida con el varón se ha abandonado en la búsqueda de la supervivencia económica del clan.

4. El costo de la “tolerancia” que han entendido las últimas administraciones puede ser muy alto, al adoptar la resolución de no intervenir para contener las marchas que cotidianamente entorpecen la vida de la ciudadanía, puede ser altísimo, porque impone un modelo de convivencia relegado a favor de quien ejerce su derecho por vía de la fuerza primitiva e ilegítima. 

La decisión que tome esta administración sobre la forma de enfrentar los problemas que el país atraviesa será determinante para futuras generaciones. La recuperación de la paz pública constituye una premisa indispensable para evitar el crecimiento de la pobreza y la falta de civilidad. El restablecimiento de valores cívicos desde las escuelas y del orden como vehículo de sana convivencia resultan inaplazables. 

Con toda objetividad, debe retomarse la discusión en torno de las premisas que motivaron la aprobación de las reformas a la ley en Tabasco para regular el ejercicio del derecho a la manifestación pública. Independientemente de la calidad protagónica que los propios actores en el gobierno pudieran haber tenido en movimientos anárquicos en el pasado, es un buen momento para que, apoyados en la vasta legitimidad que le confirió el voto ciudadano, se impulsen normas jurídicas que regularán la libertad de asociación con fines de protesta en el futuro, sea cual sea el partido en el gobierno.

Compartir