En México, la lucha por la igualdad de género ha logrado abrir espacios institucionales, pero estas conquistas corren el riesgo de diluirse si no se transforman en políticas públicas con impacto real. El reciente Diagnóstico del presupuesto para la igualdad sustantiva en México, elaborado por la Red por una Política Fiscal Feminista, aporta una herramienta crítica para valorar el desempeño de los programas presupuestarios dirigidos a cerrar brechas de género incluidos en el Anexo Transversal 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Este Anexo Transversal es una herramienta que detalla los recursos asignados a programas y acciones destinados a reducir las brechas de desigualdad de género en diversos ámbitos, como salud, educación, trabajo y acceso a la justicia. Los recursos de este anexo se han incrementado año con año y para 2025 se aprobaron 508 mil millones de pesos (mdp), de los cuales, 52% corresponde a los programas de pensiones universales para el bienestar.
Para valorar los programas del Anexo 13, se construyó el Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS), el cual marca un hito al ofrecer una medición integral que evidencia el grado de alineación de estos programas con la perspectiva de género y con principios clave como: inclusión, sostenibilidad, orientación a resultados y transparencia.
Los resultados son desalentadores. El ISAIS arroja un promedio general de cumplimiento de apenas 29%, lo que significa que la mayoría de los programas del Anexo 13 no incorporan adecuadamente la perspectiva de género en su diseño, ejecución y evaluación. Esta cifra revela que el etiquetado de recursos para la igualdad —por sí solo— no garantiza avances sustantivos. Es más, incluso puede dar la falsa impresión de que el Estado cumple con su obligación de promover la igualdad, cuando en realidad sigue reproduciendo estructuras desiguales. El Anexo agrupa programas que van desde transferencias directas hasta becas educativas y servicios públicos. Pero esta suma no se traduce en un impacto real si no se acompaña de reglas claras, objetivos con enfoque de género y mecanismos eficaces de seguimiento y evaluación.
Uno de los hallazgos más inquietantes del diagnóstico es que no existe una relación directa entre la calidad técnica del programa (según su alineación con los atributos del ISAIS) y la cantidad de recursos que recibe. De hecho, los programas peor evaluados son, en muchos casos, los que concentran la mayor parte del presupuesto. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo, recibió 4.8 veces más que el segundo programa mejor financiado, pero obtuvo una calificación de 23%.
En contraste, Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que alcanzó la mejor puntuación (76%), recibió menos del 0.1% del presupuesto total del Anexo. Esta situación demuestra que la lógica de asignación presupuestaria no ha respondido a criterios de efectividad en términos de igualdad de género, sino que mantiene una visión asistencialista y cuantitativa que prioriza el número de beneficiarios sobre el impacto estructural.
Otro problema grave es la falta de transparencia y rendición de cuentas. Si bien todos los programas publican información presupuestaria básica, solo el 31.5% desglosa datos por sexo, y apenas el 22.1% han sido auditados con perspectiva de género en los últimos cinco años. Además, no existe una metodología pública que explique por qué un programa es incluido en el Anexo 13, lo cual impide evaluar su pertinencia o efectividad. La ausencia de indicadores específicos en la mayoría de las matrices de resultados también impide medir si las intervenciones realmente contribuyen a cerrar brechas.
El diagnóstico concluye que el Anexo 13, en su forma actual, no cumple con el objetivo de promover una política fiscal transformadora. La igualdad sustantiva sigue tratándose como un objetivo accesorio o simbólico, en lugar de ser un principio rector del gasto público. Esto debe cambiar.
La política fiscal tiene un papel clave en la redistribución del poder y de los recursos, y debe ser repensada desde una lógica feminista que ponga al centro la vida, la equidad y la justicia social. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor y con propósito. La perspectiva de género no debe limitarse a un anexo: debe permear la totalidad del presupuesto público. Solo así podremos construir un Estado que garantice derechos.
La Red por una Política Fiscal Feminista está conformada por 17 organizaciones de la sociedad civil, incluido el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y 2 personas a título independiente. Creada en 2024, busca avanzar hacia un sistema fiscal que contribuya a reducir de manera efectiva las brechas de género.
