›El Poder Ejecutivo está pidiendo opinión jurídica a varios abogados de prestigio ante las posibilidades reales de que el presidente Enrique Peña Nieto sea juzgado por mecanismos internacionales.
Dos años después del ataque y desaparición de los 43 normalistas, además de una investigación inconclusa, otros saldos que arroja uno de los hechos de violencia más emblemáticos ocurridos en esta administración, son las divisiones y guerra que se acentúan en algunas áreas del gobierno federal; las instituciones involucradas de forma directa o indirecta en este caso en lugar de fortalecerse parece que se debilitan aún más, y las organizaciones civiles articulan y extienden aún más su estrategia internacional contra el Presidente.
De esta condición, que está llegando a un punto crítico. Podría definir no sólo el futuro legal de algunos funcionarios y hasta del Presidente, sino el futuro en las aspiraciones políticas o su carrera dentro del gobierno de varios más. También está poniendo a prueba a las instituciones, no sólo en su eficiencia y calidad, sino en la capacidad de resistir la guerra de filtraciones, la distorsión de la información y el tener la estatura para de sancionar a quienes por acción u omisión no hicieron su trabajo.
Por un lado, el frente más visible de ataque para esta administración que ya comenzó a preocupar a Los Pinos y para ello están pidiendo la opinión jurídica a varios abogados de prestigio, sobre las posibilidades reales de que el presidente Enrique Peña Nieto sea juzgado por mecanismos internacionales y, en su defecto, cuál deberá ser la ruta jurídica para impedirlo. Tarde, pero comenzaron a pensar en ello y atenderlo.
Aunque para este momento, el Estado mexicano ha perdido mucho terreno. En los foros internacionales el discurso de las organizaciones civiles ha sido ampliamente escuchado y acogido, porque ha sido contundente en muchos sentidos y cuentan con pruebas de la inacción o falta de contundencia de la autoridad de todos los niveles de gobierno ante la impunidad, las desapariciones, desapariciones forzadas, hechos de tortura, asesinatos y atención a víctimas.
En este aspecto ¿qué ha faltado? Por lo menos tener un discurso unificado y sólido, que convenza y muestre las acciones no parezcan sólo intenciones. Ni siquiera se han preocupado por integrar un equipo multidisciplinario y multinstitucional (las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y juristas especialistas en derechos humanos reconocidos). Un grupo serio, de alto nivel e informado, que viaje a todos los foros internacionales importantes, sostenga encuentros con funcionarios de alto nivel y medios de comunicación, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, para que explique qué es y ha sido Ayotzinapa, qué se está haciendo y cuál será el punto final.
También hace falta determinación y no la confrontación como existe al interior de las instituciones o, peor aún, el uso de información para beneficio político. Desde la semana pasada han desfilado en columnas y notas, información sobre la responsabilidad de funcionarios en torno a las investigaciones y otras defendiéndose los acusados.
Sin duda hace falta terminar por limpiar el entorno de las investigaciones desde el principio, que todos rindan cuentas y sean sancionados administrativa y/o penalmente quienes lo merezcan. Y sin duda, quien tiene que comparecer es el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Funcionarios y políticos han sido cuestionados internamenre por usar aparentemente este caso de manera personal. Por ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, que no integra el discurso del Estado, pero asiste a todos los actos políticos, y que ya ha comentado que tiene la aspiración de ser el candidato del PRI a jefe de gobierno de la Ciudad de México. O el exvisitador de PGR Alejandro Chávez, que aparentemente aprovechó en quedar bien y subir sus bonos, filtró que por indagar el entorno de las investigaciones sobre Ayotzinapa lo sacaron de la institución, o la falta de contundencia en las actuaciones y el discurso del fiscal especial de PGR para el caso Iguala, Alfredo Higuera; o hasta la lentitud en las actuaciones de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos, desde su trinchera, están llevando las cosas a un punto crítico. . Son más de dos décadas de explorar en el periodismo desde un enfoque de seguridad nacional.