Diana Loyola

Ya todos sabemos que Marco Antonio Sánchez Flores desapareció el martes 23 de enero, que luego de tomar algunas fotos de un mural, policías lo detuvieron en la estación «Rosario» del Metrobús y lo golpearon acusándolo de robo. Lo subieron a una patrulla y no se supo más de él por cinco días. Es decir, la última vez que Marco fue visto, estaba bajo custodia de servidores públicos dentro de un vehículo destinado a la seguridad pública. Es claro que se trató de una desaparición forzada, tal como lo reportaron sus familiares, sin embargo, las autoridades comenzaron a investigar dos días después y como persona extraviada, negándose a tratar el caso como posible desaparición forzada.

Marco Antonio es un joven de 17 años, estudiante de preparatoria en la UNAM, con un perfil tranquilo (según sus compañeros de escuela) y cinta negra en Tae Kwon Do –lo que para mí significa disciplina y compromiso-, es un menor de edad que estudia y al que, según su familia, le gusta salir a correr. Un niño sano, hijo de familia, estudiante y deportista. Ese era él antes de su desaparición. Como madre, me aterra pensar en las horas y los días horribles que debió pasar su familia al no encontrarlo, lo peor, saber que lo último que se supo de él es que fue violentado y “levantado”.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares dentro del artículo 27 dice lo siguiente:

“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de a libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.”

Este caso cumple a simple vista, con ambas condiciones.

Marco Antonio fue localizado (afortunadamente) con vida, a 40 kilómetros de donde se le vió por última vez, en un estado de desorientación y maltrato físico que duelen. Un niño sano que aparece 5 días después en estado lamentable, con profunda afectación mental, con ropa que no era la suya, golpes en la cara, sin poder hablar con coherencia y sin saber dónde estuvo por más de 120 horas. Se ve una transformación abrumadora en él, una experiencia terrible al grado de andar errático y hambriento, perdido por varios días.

Las declaraciones de las autoridades muestran una detención injustificada (la supuesta persona que solicitó el arresto por aparente intento de robo no fue identificada), no llegaron nunca al MP correspondiente, los cuatro elementos implicados de la Secretaría de Seguridad Pública de CDMX justifican no haber cumplido el protocolo (lo que hubiese ayudado a localizarlo antes) y el Jefe de Gobierno señaló que no hay una “certificación” de que estos últimos lo hayan golpeado (no obstante los videos, fotografías y testimonios). De vergüenza, al igual que todas las publicaciones tildando de adicto o vago a Marco Antonio, vaya hábito de revictimizar para deslindarse de responsabilidades.

La sociedad civil se manifestó en el Ángel de la Independencia el pasado domingo exigiendo la localización con vida del adolescente y ahora, ya ubicado con vida, sigue alzando la voz en redes sociales para exigir esclarecer los hechos de su desaparición, sancionar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia de la víctima.

Lo más alarmante en este punto, me parece que es la respuesta de las autoridades ya que, o demuestran que no hay control sobre los elementos de la SSP-CDMX o que las omisiones tienden a proteger a los perpetradores. ¿Cuándo entenderán los gobernantes o la gente en el poder que deben responsabilizarse y aceptar el costo político que tienen sus actos públicos?

@didiloyola

Compartir