Héctor J. Villarreal Ordóñez

Discapacidad no es enfermedad, es la condición de la falta o limitación de una facultad física o intelectual que dificulta el desarrollo y las actividades de una persona. Subsanar esa falta exige más que una pensión. Es indispensable ajustar normas, presupuestos, políticas públicas, mensajes y actitudes para incidir en la cultura y la realidad social. No alcanza un paternalista discurso mañanero para solventar la cuestión.

En una reciente presentación sobre la vida y circunstancia de quienes en otras épocas fueron llamados “inválidos”, presentada en el Museo Memoria y Tolerancia, la etnohistoriadora Pilar Ramírez explicaba que “la discapacidad y los discapacitados han sido invisibles para la historia”. Desde la antigüedad, cuando la guerra requería sólo de los individuos más hábiles; en Mesoamérica antes a la Conquista, donde se les suponía un origen mágico; en los regímenes totalitarios del siglo XX, cuando se les exterminó o utilizó para experimentos científicos, o durante la Revolución Industrial, cuando se les definió como no válidos para el trabajo, el registro sobre los discapacitados es marginal.

Hoy, en México, tras una lucha larga de las personas con discapacidad, sus familias, organizaciones y algunas autoridades, por abrir y conquistar espacios y provocar condiciones favorables para su inclusión en la vida, la retórica oficial busca hacer de la discapacidad sólo otra fuente de clientela para la autodesignada Cuarta Transformación.

Las personas con discapacidad y otras minorías importan en un cambio de administración, más cuando el relevo se ostenta a sí mismo como transformador. Pero ahora la prioridad no es consolidar o mejorar lo logrado, sino descalificarlo, echarlo abajo y reemplazarlo por una dádiva.

El nuevo gobierno comunica mucho y con dureza. Desprecia, se burla y organiza rechiflas para darse brillo en el contraste. Envió al lado oscuro de su relato y les retuvo los recursos a estancias infantiles y centros de apoyo a mujeres víctimas de maltrato. Un destino semejante se asoma para organizaciones o fundaciones que atienden a personas menores o adultas con discapacidad.

El Inegi reportó en 2014 que 6.4% de la población mexicana, como 7.7 millones de personas, tienen una discapacidad. Sus necesidades específicas son tan diversas como ellas mismas y no se resuelven dándoles dinero. López Obrador prometió dar mil 275 pesos a un millón de “discapacitados pobres”. El Consejo para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) le pareció un gasto superfluo o una simulación, y convertirá su presupuesto en más pagos directos.

El Informe Mundial Sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial subrayó en 2011 la importancia del respeto en una sociedad inclusiva. Apuntó como “fundamental mejorar la comprensión pública de la discapacidad, oponerse a las percepciones negativas y representar la discapacidad en su justa medida”. Recomendó que los gobiernos, organizaciones benéficas y profesionales realicen campañas para combatir estigmatizaciones o creencias asociadas a la discapacidad. Enfatizó que “la participación de los medios de comunicación es crucial para ello y para asegurar la divulgación de historias positivas sobre las personas con discapacidad y sus familias”.

El Presidente detesta a los intermediarios. Su 4T es entre él y el pueblo convertido en clientela y anclaje de su proyecto político. Olvida que, en el pasado reciente, al que tanto repudia, grupos sociales, personas con discapacidad y sus familias pelearon duro por incluirse en la sociedad. Hoy, ni con una pensión, se puede pretender guardarlas de nuevo en su casa o en el cajón de lo invisible.

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