Parece una broma lo que dice el Gobierno mexicano sobre la vigilancia de Joaquín El Chapo Guzmán en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Ya no tiene una celda con puntos ciegos, como estaban las cámaras cuando se escapó el 11 de julio. Los sistemas de sensores térmicos y de movimiento están funcionando. Se le han restringido las visitas –incluidas las de sus abogados-, y tiene vigilancia especial. Qué bien. En 2012, cuando arrancó el nuevo Gobierno, las celdas no tenían puntos ciegos, todos los sistemas funcionaban y las visitas se restringían. ¿Cuál es entonces la novedad? Lo que no se dice abiertamente: que su modelo penitenciario fue un desastre. Tres años y la fuga de Guzmán después, finalmente se dieron cuenta.
Pasaron dos comisionados, Manuel Mondragón y Monte Alejandro Rubido que contribuyeron al colapso de los sistemas de seguridad en los penales de máxima seguridad. El primero porque fue quien modificó protocolos y procedimientos, acabó con los programas de capacitación de custodios, dejó de pagar sensores, flexibilizó las visitas y cesó el trabajo de contrainteligencia en las cárceles; el segundo, porque cuando lo relevó poco después de la primera recaptura de Guzmán, no hizo nada para restaurar lo destruido. Al contrario. Todas las peticiones de reparación de equipo y fortalecimiento de protocolos –como el cambio de celda y de prisión de Guzmán- que llegaron a sus subordinados en la Comisión Nacional de Seguridad, fueron rechazadas. Si jefe, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tampoco reparó en lo que estaban destruyendo sus colaboradores.
Cuando ingresó Guzmán a prisión, llegó junto con él una unidad del CISEN para vigilarlo. Fue un equipo de unos 30 miembros del CISEN; hoy, dice el Gobierno Federal, 35 personas lo harán, lo que significa un número similar de personas a los que se habían asignado antes. Además, dijeron las autoridades a la prensa, los custodios en la celda de Guzmán, serán vigilados por el personal de seguridad, que tampoco es nuevo, porque es lo que se hacía antes de que se fugara.
Hay mucha propaganda estos días para mostrar a la opinión pública cómo se vigila hoy al notable criminal. Este trabajo de relaciones públicas es una caprichosa paradoja que evocan los hubieras: si todo eso no hubiera sido desmantelado por Mondragón, enfrentado con negligencia por Rubido, o atendido por Osorio Chong, nadie hablaría hoy de El Chapo. Pero tantos reflectores sobre la seguridad de El Chapo desvía la atención de aspectos igualmente importantes. Por un lado, esconde la urgencia de llamar a cuentas a los responsables de haber descuidado los sistemas y procedimientos en los penales federales en 2013 y 2014, y que se olviden sus ineficiencias.
El Gobierno insiste que pagarán aquellos que por omisión facilitaron la fuga, por lo que se anticipa un castigo discrecional. Los que ya están presos por ese presunto delito se quedarán en la cárcel; para el resto, la gracia, el perdón y el olvido. La displicencia con la que se trató al sistema penitenciario federal antes de la captura de El Chapo, se mantiene ahora, pero con un ingrediente preocupante. El nuevo esquema de seguridad de Guzmán repone los procedimientos que fallaron, pero al mismo tiempo, violentan los criterios de operación en una prisión de máxima seguridad que tienen que mantener los procedimientos para ser certificado internacionalmente. Los considerandos internacionales de las cárceles prohíben que personal ajeno al penal, patrulle los pasillos y las celdas, como en la actualidad lo hacen militares. A esta fuerza anormal, se añaden perros entrenados para oler a Guzmán y probar cada alimento que llega a su celda para evitar que lo envenenen.
La pregunta ante tal despliegue es si más que demostración de músculo, lo que sudan es desconfianza en sí mismos de sus procedimientos, protocolos y tecnología aplicada al penal, y revelan temor de que no tienen la capacidad real para mantenerlo cuidado. El utilizar perros que eviten un eventual envenenamiento de Guzmán, deja entrever la desconfianza en su control interno de personal y las enormes dudas sobre corrupción dentro del sistema, que al tener esa última puerta de seguridad admite que ni los procedimientos ni los protocolos en el ingreso y manejo de los alimentos en el penal, los tienen asegurados.
La síntesis del nuevo ejercicio de relaciones públicas del Gobierno al dar a conocer la vigilancia de Guzmán, es la contradicción clara de que siguen sin tener una idea en la aplicación de los procedimientos y protocolos. Se repusieron aquellos que se desmantelaron durante los dos primeros años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, y se instalaron nuevas medidas que rompen, paradójicamente, con los procedimientos y protocolos internacionalmente certificados. Para vigilar ahora a El Chapo se empalmaron los sistemas de una cárcel de máxima seguridad, con algo similar a una cárcel del Viejo Oeste. La más alta tecnología combinada con el trabajo artesanal, es un destello de la falta de confianza en sus sistemas.
Lo que ha mostrado el Gobierno a los medios sobre la seguridad en El Altiplano, parece una broma al hablar de mecanismos que de no haberlo eliminado en 2013 y 2014, El Chapo no se habría fugado. Pero para ellos, evitar que se vuelva a escapar el criminal no es una broma, aunque enseñan claramente que la dolorosa curva de aprendizaje por esa evasión, aún no terminan de completarla.
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